Es posible que las ideas que están en mi cabeza y ahora intento ordenar y desarrollar ya han sido objeto de comentario, pero es que si bien no ejerzo la abogacía sí me llegan muchos comentarios de cuestiones que jurídicamente se plantean y que tienen su origen en el comportamiento burocrático y que, desde mi perspectiva, posiblemente no de actualidad, no alcanzo a comprender y que, en cambio, me ofrecen una imagen de los funcionarios cercanos a las decisiones administrativas y de los políticos que no es favorable en mi forma de pensar y desde la formación jurídico-administrativa recibida y asimilada.
Sin duda, no es lo mismo una administración centralizada con sólo un poder legislativo y un ejecutivo y una Administración local más prestadora de servicios que otra cosa y con unas facultades ordenadores y normativas plenamente subordinadas a las normas de rango superior y a los principios que ellas encierran, que una administración descentralizada y autónoma. La multiplicación de Administraciones públicas y de poderes legislativos y competencias propias, lleva consigo la multiplicación de políticos y la participación de partidos políticos distintos en los gobiernos y cámaras, y, de otro lado, de niveles de formación general y jurídica muy varia y distinta tanto en el nivel político como administrativo y funcionarial, normalmente cuando mayor es el número menor es la calidad. Esto es posible que lo comprobemos en breve plazo, una vez, tras las elecciones, se vayan configurando los distintos gobiernos comunitarios y municipales. Todo se agrava si, como yo entiendo o siento, el principio de legalidad y los valores constitucionales se ven constantemente contravenidos sin que se reaccione más que considerando que es consecuencia de la democracia que debe de regir o de la libertad de expresión, derivando todo en pequeños totalitarismos, en la falta de respeto por lo demás, en la mala educación y el desprecio de las ideas que no son las de uno, La verdadera libertad y con ella la verdadera democracia se resienten.
Seguro que ello empieza en la educación, que vemos que es apetecida, por los partidos de izquierda en la Comunidad Valenciana donde vivo, como instrumento final de adoctrinamiento. Es inevitable, siempre ha sido así, pero seguramente, en otros momentos anteriores,con la participación de científicos, intelectuales y profesionales más cuerdos que muchos de nuestros actuales políticos y, en consecuencia, más demócratas en cuanto todas las opciones educativas que deseen los padres para sus hijos, legales y dentro de lo constitucional, sean posibles. Pero también a esta situación contribuye la configuración de nuestra administración y función pública y su formación.
La proliferación de parlamentos y de actividad política ha, por fuerza, de exigir leyes y normas que justifiquen su existencia y el numero de parlamentarios y cargos públicos; una razón esta, pues, del exceso de normas que repiten preceptos estatales o añaden pequeñas modificaciones que teóricamente se han de fundar en las peculiaridades o intereses propios de la comunidad correspondiente y en consecuencia de su organización y potestad aneja, pero que en realidad no aportan nada nuevo ni especial. Es curioso si se estudian las normas o leyes comunitarias como unas se parecen a otras. Pero muchas otras de estas normas quieren distinguirse y aportan "brillantes ideas" que de pronto generan un conflicto con otras normas o con derechos establecidos por pecar de incongruencia u oponerse a principios jurídicos básicos o haber generado situaciones imposibles de administrar o gestionar. La originalidad sin previsión o simulación previa de sus efectos o sin participación de entendidos y profesionales resulta un riesgo de consecuencias imprevisibles y de efectos perversos. Cuando todo esto ocurre o las normas se incumplen, se genera otro comportamiento: el de aprovechar cualquier otra norma o acción para modificar la situación o evitar, en su caso, más sentencias desfavorables y se emplean las normas para cambiar o solucionar el problema, bien para que la postura política persista con éxito, bien para que la metedura de pata, desconocimiento o ineficacia del funcionario de turno no sea percibida, pero el problema básico persiste o se comete una injusticia.
Así vemos leyes dirigidas sólo a evitar determinadas sentencias y cambiar en adelante su sentido, bien vemos otras dirigidas a crear doctrina dirigida a solucionar las elucubraciones de los funcionarios ante problemas de gestión y que sustituyendo el papel de las meras instrucciones (muchas veces dirigidas al mismo funcionario que prepara la norma) pretenden y acaban creando un derecho que finaliza complicando realmente la gestión y que no es tal derecho sino mera organización, cerrando la vía a otras soluciones más eficaces y burocratizando todo en exceso y rebajando, finalmente, el nivel superior de los funcionarios convirtiéndolos meros ejecutores o aplicadores autómatas de la letra del precepto. En este tipo de conductas hasta he visto utilizar exposiciones de motivos en normas que nada tenían que ver con el problema que se abordaba en ellas para tratar de sentar la forma de actuar de los funcionarios o hacer alegaciones nuevas frente a la jurisprudencia ya sentada en algún caso, teniendo personalmente que informar del hecho de que la exposición de motivos era incongruente con el contenido de la norma proyectada y dirigida a un fin espurio.
Pero esto a nadie le importa y por ello yo mantengo en tantas ocasiones que no hay administración pública ni verdaderos funcionarios públicos. Cuando se critican las autonomías, cuando hay reivindicaciones centralizadoras una parte de su causa radica en este tipo de conductas, que, finalmente, conducen a un conjunto de situaciones y hechos que provocan el rechazo de lo que la lógica y el buen hacer pareció considerar oportuno y bueno. Como siempre, en realidad son las personas las que producen los efectos.
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