lunes, 6 de febrero de 2017

GOBERNAR Y CONSERVAR EL PODER I

En diversas ocasiones he puesto de manifiesto mi sensación de que cada cosa que escribo, en cada nueva entrada, ya está dicha con anterioridad. De otro lado, en casi toda materia tratada encuentro la existencia de un circulo cerrado y una unión consecuente. Pero el blog no es sólo un medio de comunicar a los demás, sino una forma de mantenerme en la reflexión y en la actividad, y también un medio de cierto desahogo frente a las situaciones actuales. Igualmente, me invade la sensación de que la mayoría de los principios que asimilé en mi época de estudiante, luego de opositor y posterior curso de preparación para el ejercicio de la función pública y, más tarde, en mi dedicación a la docencia del Derecho administrativo y de la Ciencia de la Administración, son hoy sólo instrumentos para la demagogia o la fantasmagoría. Quiero, pues, más que nada transmitir opiniones y experiencias, sin querer caer en que se me considere docto pues aún estoy para considerarme a mí mismo discente y no por modestia sino porque es evidente que los campos en que me desenvuelvo, son cada día más complejos y extensos. No obstante, es obvio que la opinión se forma por el conocimiento y la experiencia. Y es que hoy el tema escogido afecta al gobernar conectado con el poder y la idea expresada en el título de la entrada la he de reseñar sin que sepa, como siempre que inicio mis reflexiones y escritos, cómo voy a desarrollarla y en cuantas otras ideas se va a descomponer.
Lo primero a tratar pues es el significado del gobernar. No voy a acudir a las ideas del derecho político o del administrativo, sino que voy al Diccionario de la Lengua Española y, en el ejemplar de mi posesión, el término contiene 9 acepciones. Reflejo, las que más se acomodan con las materias que trato en el blog: 1 Mandar con autoridad o regir algo. 2 Dirigir un país o una colectividad política. 3 Guiar y dirigir. 4 Manejar a alguien, ejercer una fuerte influencia sobre él.

Creo que estas son las que más se corresponden con mi pretensión y temática. De estas acepciones, la primera contempla el mando y la autoridad; la segunda la dirección y la colectividad política: la tercera de nuevo la dirección y la guía y, la cuarta, el manejo y la fuerte influencia. Así pues, sin necesidad de acudir al derecho, el diccionario, estimo, nos manifiesta que en la acción de gobernar se hallla implícito el ejercicio de un poder, que está, a su vez, implícito en el mando, en la dirección y en la fuerte influencia. No nos ofrece el diccionario una conexión directa con el interés general o el bien común, idea o finalidad que hemos de considerar integrante de la acción política y por tanto del gobierno de una nación o de la colectividad política a la que sí hace referencia. Si acudimos al término gobernanza, vemos la acepción siguiente: Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. Esto, para mí no es más que lo que debe de ser el gobierno de un Estado o de una Administración pública y aquí sí aparece con claridad el bien común o el interés general. Pero ni aquí ni en las acepciones expuestas del término gobierno nos aparece la conexión con la legalidad o el derecho, salvo si acudimos a la acepción 8 del diccionario que dice: Regirse según una norma, regla o idea.

Así, pues, estimo que la idea de gobernar implica el ejercicio del poder y que éste es el que permite la efectividad del gobierno y que, al tratarse de una acción política, su finalidad es el bien común y que éste viene determinado, o se circunscribe, por los elementos que componen el Estado o la Administración pública correspondiente y se delimita o especifica como intereses generales a través de las leyes, configuradas democráticamente y según el procedimiento constitucionalmente establecido. Así, pues, resulta que el gobernar cuando se trata de una institución pública como el Estado y sus administraciones territoriales, para ser neutral, ha de basarse en la ley. Pero dicho esto, conviene un análisis de lo que es el Gobierno como institución; es decir, tal como se configura jurídicamente.

Esta configuración es consecuencia de todo un proceso y procedimientos que vienen establecidos en los artículos 97 a 101 de la Constitución. Proceso que hemos vivido en este año pasado todos los españoles de forma especial, por su duración, lo que nos evidencia que el gobernar depende de la configuración final del Gobierno y sí ésta es fruto de una mayoría o no o si lo es en coalición. Este hecho evidencia que la configuración del Gobierno depende de la de las Cámaras, en especial del Congreso de los Diputados. De otro lado, como el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, la acción de gobierno dura lo que dura el mandato de los diputados del Congreso, o sea un máximo de cuatro años si no hay circunstancia que determine otra cosa, de acuerdo con las previsiones constitucionales. La idoneidad o no de tal periodo no cabe discutirla ya que es la propia Constitución la que lo fija; sí diré que desde el punto de vista de una Administración pública, no es nada. En este periodo, puede que una política pública o una ley no haya sido plenamente efectiva y, además, normalmente ha de mantenerse para siempre en cuanto suponga un servicio a los ciudadanos o la efectividad de sus derechos. También, podría decirse que para la Administración pública no suele haber nada nuevo bajo el sol, al menos completamente nuevo. Con cámaras o sin ellas, con gobierno o sin él, la administración es obligada.

Pero ante el período de gobierno y las elecciones que conducen a su configuración cada cuatro años, la pregunta es ¿cuál es la principal preocupación del gobernante, en qué medida gobierna o simplemente hace "política"? Debiendo hacer aquí una conexión entre gobierno y administración, recordando a Olivan y su manifestación de que administrando se gobierna; lo que supone una identificación entre administración y gobierno o entre gobernar y administrar. Por lo tanto, hay que analizar o se debe de considerar cuánta actividad dedica el Gobierno a preparar las próximas elecciones y cuánto tiempo le ocupa y si mientras lo hace no se preocupa de la Administración pública o cómo lo hace.

Llegado este punto, se manifiestan las dudas respecto de qué analizar primero de estas cuestiones y de sus consecuencias en la Administración pública. Lo que dejo para otra entrada, simplemente diciendo que el período de cuatro años, también puede ser escaso para el gobernante, en cuanto poder ejecutivo y director de la Administración, ya que sus políticas públicas o están sin cumplir o surgen problemas en ellas o hay nuevas que llevar a cabo; de modo que le interesa conservar el poder y el hacerlo se convierte en la primera meta de la que depende el resto de cuestiones y las elecciones se convierten en un fin primordial de gobierno y partidos políticos.

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