Cada día me resulta más difícil el separar lo administrativo de lo político y no es de extrañar por el enfoque de este blog y de mi formación de generalista en la Administración pública; y aún más en cuanto que primero he sido funcionario de gestión, después estudioso del derecho administrativo en general, luego alto cargo, luego profesor de dicho derecho y sobre todo, al efecto, de Ciencia de la Administración (incluída dentro de las ciencias políticas) y finalmente funcionario de servicio jurídico.
Quien quiera analizar la Administración pública no puede, si quiere acercarse a la realidad y no sólo a lo formal, dejar de estudiar los comportamientos políticos y sus efectos en la organización y en el derecho. Lo formal resulta hoy una cosa y otra la realidad. Para acercarme a lo que pretendo en esta entrada, primero he de indicar que toda organización y actividad deben ir dirigidas a lo que se pretende o al fin que se persigue y a ello le llamamos eficacia.
No voy a detenerme en la eficacia, que puede que analice en otro momento, pero sí a detenerme en que ella depende en mucho de los medios y recursos de que se dispone, de los que uno de los más importantes es el humano, en cuanto que ellos son los que accionan o actúan y, en consecuencia depende el resto de medios y recursos. Esa actuación no es meramente ejecutiva y, por lo tanto, existen factores de interpretación de lo reglado, de los fines perseguidos y de las actuaciones necesarias y plazos de las mismas, y de los recursos materiales y económicos precisos. La planificación, la dirección, la coordinación y el resto de las acciones o funciones necesarias en el administrar se realizan por las personas. Me detengo aquí para centrar mis siguientes reflexiones.
Y lo primero que acude a mi mente es la formación de esos recursos humanos para cada acción o función, lo que requiere que cada persona sea adecuada y esté preparada para la función y tareas que ha de realizar, lo que significa la adecuación al puesto correspondiente. De inmediato se complica mi reflexión puesto que al mencionar el puesto me introduzco en la cuestión de la organización que es el espacio en el que se funciona y actúa y que se dirige a la eficacia de los fines correspondientes. Y así escribo que, por tanto, la organización es una de las funciones principales a realizar y de la que depende todo el resto y se me complica la reflexión, pues se extiende demasiado. Pero me surge una pregunta: ¿Cómo se organiza en la función pública? y de nuevo de inmediato otra ¿científicamente o sólo formalmente? Y una tercera ¿por especialistas o simples aficionados o improvisadores? Como siempre las respuestas las ponen los lectores.
Las preguntas se acumulan Y la organización se convierte en lo primero a analizar y por ello asciendo al título de la entrada y añado dos puntos y escribo La organización. Y vuelvo a la idea interrumpida que es una pregunta más: ¿está organizada la Administración pública para organizarse adecuadamente? Y vuelve el recuerdo de lo ya he expresado tantas veces sobre lo dicho en la Ley de Restricciones de los gastos del Estado, de 1 de agosto de 1935 que en su preámbulo nos decía que: Lo que se impone es, pues, la organización científica en el régimen administrativo del Estado. Las leyes resultan simple retórica cuando no se cumplen sus postulados y no son eficaces; cuando el elemento humano de la organización estatal no sabe o no quiere hacerlas efectivas y las convierte en mero instrumento político y de dialéctica.
Y si la organización es el primer instrumento para la eficacia y realidad del derecho y de la prestación de servicios, ¿dónde radica hoy? Me es igual lo formal, creo que materialmente no radica con carácter general en ningún sitio y no es científica. No existe una tecnoestructura ni general ni particularizada en la organización estatal, las Secretarías Técnicas no cumplen ese papel y sólo aparecen en los diletantes de la materia unas llamadas a las creaciones de "observatorios" en un modernismo expresivo huero y minimalista.
Hoy en día, la organización de los departamentos ministeriales y equivalentes está regulada y no partimos de cero; normalmente esa organización proviene de antecedentes y experiencias históricas que tuvieron su razón de ser y que no sabemos si siguen teniéndola y si no es que parten de un predominio de los aspectos jurídicos sobre los puramente administrativos y de eficacia y, además, están politizados. La politización implica que la permanencia en el puesto no se garantiza y la experiencia y el mérito tampoco. El fin pierde perspectiva y disminuye la ambición de su cumplimiento general y se circunscribe a los intereses más inmediatos y personales. La politización al restar permanencia y mérito o capacidad resta eficacia y ciencia. Si en vez de aludir a la tecnoestructura empleamos el término de observatorio, hemos de concluir que no existe uno general que tenga el análisis científico general y particular de la organización administrativa como función y competencia, con puntos destacados en cada departamento que coordinen y analicen los datos correspondientes.
No hay una organización de la eficacia, ni es científica. O bien se externaliza por encargo y con tendenciosidad en beneficio de quien paga. Negocio, pues, y no estructura. No existen analistas públicos de la organización pública y las presidencias de cada gobierno y del Estado no quieren saber nada, trasladan el tema a los departamentos que tienen como competencia la administración pública y limitan el ejercicio de estudiar y coordinar la organización a meros informes de los borradores o proyectos normativos de cada organización; informes teñidos por la relación entre jefes departamentales y el do ut des.
Por lo tanto, acabo hoy concluyendo que no existe una organización científica para la organización en las Administraciones públicas y no se la considera políticamente, ni parece convenir o interesar.
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