jueves, 7 de febrero de 2019

LOS SERVICIOS PÚBLICOS IMPROPIOS

He tardado un poco más en escribir una entrada por diversas razones. Una, lo ya comentado, del predominio de lo político, que hace que la reflexión pueda perder las perspectivas administrativas. Otra, el hecho de que en estos años casi todo está tratado.

Por ejemplo, la huelga de los taxistas me llevó de inmediato a la idea del servicio público impropio, la cual ya traté aquí. No obstante, voy a tratar el tema y quizá a cambiar algo de lo dicho o pensado por mí.
No insistiré en el concepto de servicio público impropio, simplemente quiero reiterar que no se trata de una organización ni administración pública, sino de una actividad o empresa privada sujeta a limitaciones legales o reglamentarias, principalmente a autorización o licencia, en algunos casos como el de los taxis que provoca esta entrada, sujeta al pago de una tasa. Sin embargo, por estas razones no se le viene aplicando, por ejemplo, el silencio positivo en la obtención de la licencia, cuestión de la que en el caso de las farmacias y en general resulta discutible, pero que evita problemas a la Administración pública.

Por tanto, la cuestión básica que plantea el conflicto entre taxistas, vtc y administraciones públicas, deriva, por un lado del número adecuado de licencias, de otro de las limitaciones a aplicar a los vtc como idea de transporte distinta del taxi. Pero la cuestión, evidentemente es la existencia de un conflicto de intereses que afecta a la Administración pública y también a la libertad de empresa y finalmente, como servicio público, a los intereses de los ciudadanos. Me he referido mucho a la Administración pública y al derecho administrativo como garantía. Y en este caso, la primera garantía a establecer es el servicio al ciudadano y en ella cabe que entendamos que la licencia y la autorización vaya a comprobar que el servicio se va a prestar adecuadamente, sin fraude y con pulcritud. La segunda garantía, ante el conflicto de intereses y la regulación del sector, no liberalizado completamente, radica en que todos los intereses queden satisfechos y que, en cierto modo, las limitaciones establecidas por las administraciones no eviten el progreso de la empresa ni anule su competitividad.

De otro lado, las licencias, si son escasas, da lugar a que se especule con ellas y las transmisiones y si son muchas pueden restar beneficios hasta hacer inviable la empresa que no está configurada con absoluta libertad de mercado. En resumen, el liberalismo aparece en el horizonte y el carácter público y social de la actividad que lleva a la regulación de la actividad está presente. El taxi, tantos años sin competencia, el empresario y el autónomo con licencia, quizá no se han adaptado plenamente al tiempo actual y la Administración tampoco. Existen taxis con aspecto impresentable, en los que entras por ser el primero en una parada o porque es el que te envían a petición del servicio y en eso el ciudadano es el perjudicado. Y en este aspecto es lo que cambia mi opinión respecto de la entrada enlazada al inicio, ya que sí resulta necesario una nueva normativa.

Pero, en definitiva, tal como está la situación, el problema existe y las administraciones han de considerar todas las facetas del mismo; sin embargo, la dispersión geográfica de las soluciones lo complica más, pues pueden darse soluciones distintas mediante leyes que difieran en la solución y regulación; de modo que no es el número de licencias lo que puede dar lugar a esa dispersión, sino que al darse regulaciones diferentes, se puede afectar a la igualdad para los afectados. Y lo estamos viendo; con perjuicio final para los ciudadanos usuarios.

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