¿ES QUE NO SON CORPORATIVOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS?

El Vicesecretario general del PSOE ha criticado el corporativismo de los jueces y dado que en estas fiestas he tenido tiempo de acudir a mi afición de repasar los clásicos que tratan las materias que son de mi interés y enriquecen mis conocimientos, la crítica señalada me lleva a recoger algunas de las aseveraciones y análisis de Robert Michels sobre los partidos políticos, aplicables a las organizaciones en general y que en su tiempo fueron considerados para la realización de mi tesis doctoral encaminada a determinar el comportamiento burocrático en el seno de la propia organización administrativa y las desviaciones que los intereses corporativos funcionariales podían tener respecto de los intereses generales declarados en las leyes e, incluso, para delimitar su papel en la configuración de dichos intereses.

Ante las afirmaciones de José Blanco, uno se pregunta si es que su partido político y el resto de partidos pueden arrojar contra el resto de organizaciones la “piedra” o acusación del nocivo corporativismo. El autor antes mencionado en el prefacio de su obra, que ya he citado en ocasión anterior, Los partidos políticos: Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna, nos dice cosas como las siguientes:

La democracia conduce a la oligarquía, y contiene necesariamente un núcleo oligárquico. Está muy lejos de la intención del autor, al formular este aserto, el propósito de enjuiciar a ningún partido político, ni a sistema alguno de gobierno, para que respondan a una acusación de hipocresía. Esa ley, característica esencial de todo conglomerado humano que tiende a constituir camarillas y subclases, está como toda ley sociológica, más allá del bien y del mal.

En la Introducción de la edición que manejo, escrita por Seymour Martin Lipset en 1961, que nos resume las ideas básicas del libro, resalta por ejemplo que "Michels rechazó específicamente la suposición de que existiera un liderazgo representativo. Sostenía que quienes llegaban a ser funcionarios de los gremios o de los partidos políticos con representantes parlamentarios, "aunque pertenecían por su posición social a la clase de los gobernados, habían llegado a formar parte, en realidad, de la oligarquía gobernante". Es decir, los líderes de las masas son en sí mismos parte de la "élite del poder", y elaboran propósitos y desarrollan intereses derivados de su posición entre los elementos más privilegiados. Para un poco más adelante continuar diciendo que sostenía, además, que en un partido político, "dista de ser evidente que los intereses de las masas aglutinadas para formar el partido, coincidirán con los intereses de la burocracia, en la cual se ha personalizado el partido. Los intereses del cuerpo de funcionarios [es decir, los funcionarios del partido] son siempre conservadores, y en una situación política dada estos intereses pueden aconsejar una política defensiva, y aun reaccionaria....Y en esta situación es en la que Seymour Martín llega a concluir con referencia en Michels que: Por una ley social universalmente aplicable, todo órgano de la colectividad nacido como consecuencia de la necesidad de la división de trabajo, crea intereses peculiares propios, tan pronto como logra consolidarse. La existencia de estos intereses especiales trae apareado un conflicto inevitable con los intereses de la colectividad", ¿puede un partido político sentirse libre del pecado del corporativismo? Y si ese partido no sólo parece olvidar su ambición internacional, sino que comienza a abandonar en España una posición nacional para ir hacia posiciones nacionalistas internas o regionalistas, ¿es que no incurre en incongruencias fruto de la necesidad de supervivencia? Y en esta supervivencia ¿no prima la de la oligarquía o cuerpo funcionarial dirigente? ¿Acaso el partido no patrimonializa y se apropia de la organización de las Administraciones públicas que gobierna?

Lo malo del corporativismo no es la defensa de la función que corresponde al grupo o cuerpo correspondiente, cuando ella se hace para mantener su importancia y papel social. Lo malo es cuando dicha defensa es la excusa para mantener los privilegios y el dominio de la organización de la élite correspondiente en contra de intereses generales definidos legalmente como derechos de los ciudadanos y, por lo que afecta a mis preocupaciones, cuando los partidos políticos convierten a las Administraciones públicas en organizaciones a su servicio y no al de los ciudadanos, los intereses generales, la ley y el Derecho. Eso es simple y llanamente un comportamiento burocrático en el peor de sus sentidos.