La noticia sobre las críticas de sindicatos y asociaciones de policía y guardias civiles al Gobierno central, solicitando más respeto cuando están vivos y no cuando han muerto, ha provocado el compromiso del Presidente del Gobierno de otorgar a estas fuerzas más medios materiales. En este sentido ya hace tiempo que, por ejemplo, se viene poniendo de manifiesto por los afectados la situación existente respecto de los chalecos antibalas que es una de las críticas que la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha efectuado al Gobierno, manifestando que tienen que comprarse los chalecos dado que no se les proporcionan por aquél.
La situación pone en evidencia, desde mi punto de vista, la escasa importancia que tiene en la actualidad la Administración y sobre todo la buena Administración y el buen Gobierno, puesto que la realidad nos muestra la existencia de un “cuerpo político” formado por las oligarquías de los partidos políticos que, cuando ganan las elecciones y forman Gobierno, no se preocupan de administrar y, por tanto, de gobernar sino que actúan principalmente para mantener el poder y realizar aquellas actuaciones que les sean rentables a efectos de ganar las siguientes elecciones. Por ello no importa que los secretarios generales de los partidos en el poder se manifiesten como si fueran el Gobierno y que se confunda éste con el partido de turno, ni que se realicen o diseñen políticas sectarias o ficticias e imposibles materialmente, bien por carecer de medios para su efectividad, bien porque dependen de administraciones distintas de la central o porque crean desigualdades entre los españoles e incurren en inconstitucionalidades. Por eso creo que se presenta una gran diferencia entre este tipo de hacer política y la verdadera función política del Gobierno, que consiste, básicamente en proponer las leyes que son las que contienen las políticas públicas y las regulaciones jurídicas y sociales que han de aprobar las Cortes Generales. Y una vez aprobadas en dirigir la acción política y administrativa para hacerlas eficaces.
Pero dentro de esta acción hay una ley sustancial para la eficacia de las restantes leyes, la de los Presupuestos Generales. En ella, partiendo de que cada ley aprobada en las Cortes debe de contar con un estudio del coste a que da lugar, han de estar incluidos los créditos destinados a hacer eficaz cada ley aprobada con anterioridad y a mantener toda la actividad y políticas públicas que sigan vigentes, sean cuales sean los años transcurridos desde que se aprobaron o decidieron. Esa consignación de los medios de eficacia de leyes, políticas públicas, derechos y acciones administrativas, es una función política esencial del Gobierno y del carácter ejecutivo que le corresponde y ello depende de una buena Administración que con carácter previo informa de la viabilidad de cada política pública que se proponga realizar. Cuando se convierte a la Administración en una organización exclusiva de servicio a los políticos o de la propaganda; cuando su actuación se dirige a la conservación del poder; cuando se aprueban subvenciones y otras actuaciones dirigidas a la ganancia de votos electorales y no se incrementan los créditos y los medios necesarios para mantener las políticas públicas aprobadas, en el grado de eficacia acorde con el momento, y se anquilosa la organización en niveles inadecuados, se mantiene un camino equivocado y se deteriora dicha eficacia, se rompe la Administración y se desprestigian las instituciones.
Gobernar no es fácil; “hacer política” lo es mucho más y promueve la demagogia y facilita que los anteriores responsables de situaciones vigentes, según estén o no el poder, desde la oposición, achaquen al poder responsabilidades que también a ellos les afectan. Todo vale para mantener el poder o para alcanzarlo. Lo difícil es administrar lo público en su perspectiva general y verdaderamente política.
Aún a riesgo de alargarme y aparentar ingenuidad reflejo un párrafo, entre los muchos de posible elección y aplicación al caso, de la obra de Alejandro de Oliván De la Administración Pública con relación a España:
Si se busca la ilación de las ideas en el tránsito de lo pasado a lo presente, aparecerá que constantemente se ha reconocido en el Estado, Cuerpo político y cualquiera que haya sido su representación, la necesidad de allegar recursos pecuniarios para conservar su independencia, al mismo tiempo que el orden en la sociedad. El patrimonio del Estado ha consistido a veces en fincas y siempre en rentas procedentes de los impuestos públicos: el Gobierno se ha considerado, por abuso, como su dueño; en razón, como su administrador. En tiempos ha sido esta administración vejatoria; la ilustración progresiva la modifica y la convierte en protectora, haciendo conocer que la fortuna pública depende de la fortuna de los particulares. De ahí una serie de disposiciones para honrar el trabajo y favorecer la producción; de ahí las medidas para hacer efectiva la seguridad de personas y bienes, afianzar la tranquilidad pública y fomentar la prosperidad general. A vueltas de estas mejoras se ha hecho sentir la necesidad social de garantías políticas: el país ha procurado tomar parte en el poder supremo para influir en la administración del patrimonio del Estado, que se convertía en su propia administración, y para sustraerse en lo posible a todo género de arbitrariedades. (1843)
Piensen, comparen y valoren
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