Las próximas elecciones, desde mi punto de vista, tienen la particularidad en España de presentar un claro desgaste de los grandes partidos políticos que desde muchos años vienen alternándose en el poder y en la aparición o mayores posibilidades de unos partidos políticos pequeños que intentan tener mayor presencia o, incluso, llegar a alcanzar el poder y, en su caso, gobernar y administrar. Ello determina que desde hace bastante tiempo me parezca un tema digno de comentario el de la relación de dichos partidos políticos con la Administración y su posibilidad de contar con personas preparadas para dirigirla y contribuir al diseño y eficacia de las políticas públicas que constituyen su programa. No lo he hecho hasta ahora porque resulta que el tema creo que lo abordé con bastante claridad, precisamente, en la primera entrada de este blog.
Pero este vídeo del Partido Popular en Cataluña, hace que vuelva a comentar el tema:
Dada la estructura superior y la organización de nuestras Administraciones públicas la realidad es que la situación de que un partido político pequeño carezca de experiencia en gobernar y administrar puede ser un hecho y también que, además, no cuente con personas preparadas para formar los equipos directivos de la Administración Pública, ya que tampoco el partido cuenta con los medios económicos de los grandes y la organización que les permite tener gente joven afiliada con titulación superior para colocar primero como becarios o interinos y después ascender a pequeños y medianos cargos políticos en entidades locales u otras Administraciones mayores, y que mezclados con profesionales de carrera, aprenden a desenvolverse con cierta soltura en el ámbito político, aunque los efectos perversos en la gestión y en la legalidad de la misma puedan ser muy significados. Sea como sea, el partido pequeño, antes ha de ganar unas elecciones, en las que, en la Propia Administración pública, hay un voto cautivo importante, que comprende a todos los cargos de libre nombramiento y todos los que desempeñando puestos de libre designación piensan que un cambio en el partido gobernante conlleva su cese o puede conllevarlo, con pérdida sensible de retribuciones, sin olvidar el cúmulo de personas y organizaciones subvencionadas.
La cuestión es un poco más compleja, pero lo dicho ya es bastante importante. Pero desde el punto de vista del blog, en el que tanto se insiste en la politización del vértice superior de las Administraciones públicas, lo destacable es que se ha consolidado un sistema que podemos llamar de confianza-desconfianza que, de otro lado, conlleva una clase de funcionario preocupado en primer lugar en la conservación de su puesto o nivel retributivo y que condicionado por ello llega a olvidar los fundamentos de su condición de funcionario público al servicio del interés general, del Derecho y de la eficacia múltiple que supone la gestión pública. El mérito y la capacidad no se puede decir que rija en tal situación y la profesionalidad apenas. ¿Tiene arreglo? ¿podría gobernar un partido pequeño en estas condiciones?
Voy a decir cosas que pueden ser criticadas pues afectan, en cierto modo, al papel de los parlamentos en España. Por ejemplo, si algún alto funcionario me lee, con el corazón en la mano, ¿no cree que sin nuevas leyes se podría gobernar durante cuatro años? ¿podría un partido sin equipo real proponer y conseguir la aprobación de nuevas leyes? Sí si cuenta con la mayoría y si es absoluta, sin duda. Pero ¿si no cuenta con ello? Puede pasarse la legislatura tratando de pactar y sin ponerse de acuerdo. Pero, ¿puede gobernar o administrar? Vamos a ver.
Espero acertar en la reflexión. Quizá la primera pregunta es ¿contará con personal? Seguro que tiene aspirantes a ocupar los puestos y muchos de ellos de los que formaban parte de los equipos de gobiernos anteriores y que expondrán sus experiencias y méritos. También tendrá que mirarles con lupa, si no es que primero piensa en los que están afiliados su partido. Por tanto, candidatos los hay, pero hay que ocupar un tiempo en ver sus méritos y las capacidades ajustadas a una posible legislatura conflictiva y sin apenas leyes, por tanto para gobernar con las que ya hay. Y, por ello, creo que el principal mérito va a ser el de la capacidad de basarse en principios legales y no en preceptos, lo que requiere de funcionarios muy preparados jurídicamente, pero también con conocimiento administrativo y de la gestión y de las consecuencias en la gestión y procedimientos. En resumen, profesionalidad y una Administración pública de verdad, neutral, independiente en lo que corresponda, imparcial, no dependiente, no "empleada" y un una gestión de recursos humanos encaminada a que ello sea realidad. El funcionario ha de recobrar su dignidad y su función y su parte de poder público.
Así se puede gobernar y administrar y, además, hay que tener en cuenta que el preceptualismo o la previa regulación u ordenación como criterio para que la Administración pública pueda actuar ya no es hoy una base, porque, en cuanto a las resoluciones administrativas y extensible a toda otra actuación, existe, en el artículo 89.4 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, este principio, antes exclusivo de la Justicia o jurisdicción:
En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto en el artículo 29 de la Constitución.
Esto, pues, desde un punto de vista dirigido al derecho y derechos de terceros; es decir, desde el punto de vista de los derechos subjetivos. ¿Qué no decir desde el punto de vista del interés general? pensando, además, en la potestad reglamentaria que todo gobierno posee. ¡Ay si hubiere real Administración Pública¡, temblarían los dos partidos poderosos, si no es que el vídeo no indica que ya lo están haciendo, hasta el punto de que en la elecciones europeas no es Europa el tema de verdad.
¿Puede ser esto cierto? ¿ Hay soluciones?
Dada la estructura superior y la organización de nuestras Administraciones públicas la realidad es que la situación de que un partido político pequeño carezca de experiencia en gobernar y administrar puede ser un hecho y también que, además, no cuente con personas preparadas para formar los equipos directivos de la Administración Pública, ya que tampoco el partido cuenta con los medios económicos de los grandes y la organización que les permite tener gente joven afiliada con titulación superior para colocar primero como becarios o interinos y después ascender a pequeños y medianos cargos políticos en entidades locales u otras Administraciones mayores, y que mezclados con profesionales de carrera, aprenden a desenvolverse con cierta soltura en el ámbito político, aunque los efectos perversos en la gestión y en la legalidad de la misma puedan ser muy significados. Sea como sea, el partido pequeño, antes ha de ganar unas elecciones, en las que, en la Propia Administración pública, hay un voto cautivo importante, que comprende a todos los cargos de libre nombramiento y todos los que desempeñando puestos de libre designación piensan que un cambio en el partido gobernante conlleva su cese o puede conllevarlo, con pérdida sensible de retribuciones, sin olvidar el cúmulo de personas y organizaciones subvencionadas.
La cuestión es un poco más compleja, pero lo dicho ya es bastante importante. Pero desde el punto de vista del blog, en el que tanto se insiste en la politización del vértice superior de las Administraciones públicas, lo destacable es que se ha consolidado un sistema que podemos llamar de confianza-desconfianza que, de otro lado, conlleva una clase de funcionario preocupado en primer lugar en la conservación de su puesto o nivel retributivo y que condicionado por ello llega a olvidar los fundamentos de su condición de funcionario público al servicio del interés general, del Derecho y de la eficacia múltiple que supone la gestión pública. El mérito y la capacidad no se puede decir que rija en tal situación y la profesionalidad apenas. ¿Tiene arreglo? ¿podría gobernar un partido pequeño en estas condiciones?
Voy a decir cosas que pueden ser criticadas pues afectan, en cierto modo, al papel de los parlamentos en España. Por ejemplo, si algún alto funcionario me lee, con el corazón en la mano, ¿no cree que sin nuevas leyes se podría gobernar durante cuatro años? ¿podría un partido sin equipo real proponer y conseguir la aprobación de nuevas leyes? Sí si cuenta con la mayoría y si es absoluta, sin duda. Pero ¿si no cuenta con ello? Puede pasarse la legislatura tratando de pactar y sin ponerse de acuerdo. Pero, ¿puede gobernar o administrar? Vamos a ver.
Espero acertar en la reflexión. Quizá la primera pregunta es ¿contará con personal? Seguro que tiene aspirantes a ocupar los puestos y muchos de ellos de los que formaban parte de los equipos de gobiernos anteriores y que expondrán sus experiencias y méritos. También tendrá que mirarles con lupa, si no es que primero piensa en los que están afiliados su partido. Por tanto, candidatos los hay, pero hay que ocupar un tiempo en ver sus méritos y las capacidades ajustadas a una posible legislatura conflictiva y sin apenas leyes, por tanto para gobernar con las que ya hay. Y, por ello, creo que el principal mérito va a ser el de la capacidad de basarse en principios legales y no en preceptos, lo que requiere de funcionarios muy preparados jurídicamente, pero también con conocimiento administrativo y de la gestión y de las consecuencias en la gestión y procedimientos. En resumen, profesionalidad y una Administración pública de verdad, neutral, independiente en lo que corresponda, imparcial, no dependiente, no "empleada" y un una gestión de recursos humanos encaminada a que ello sea realidad. El funcionario ha de recobrar su dignidad y su función y su parte de poder público.
Así se puede gobernar y administrar y, además, hay que tener en cuenta que el preceptualismo o la previa regulación u ordenación como criterio para que la Administración pública pueda actuar ya no es hoy una base, porque, en cuanto a las resoluciones administrativas y extensible a toda otra actuación, existe, en el artículo 89.4 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, este principio, antes exclusivo de la Justicia o jurisdicción:
En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto en el artículo 29 de la Constitución.
Esto, pues, desde un punto de vista dirigido al derecho y derechos de terceros; es decir, desde el punto de vista de los derechos subjetivos. ¿Qué no decir desde el punto de vista del interés general? pensando, además, en la potestad reglamentaria que todo gobierno posee. ¡Ay si hubiere real Administración Pública¡, temblarían los dos partidos poderosos, si no es que el vídeo no indica que ya lo están haciendo, hasta el punto de que en la elecciones europeas no es Europa el tema de verdad.
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