Si bien parece que la actualidad exigiría que dedicara mis reflexiones a las dos nuevas leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público, aparte de mi impresión de que lo sustancial no cambiará mucho y de que las cuestiones de la informática podían haberse tratado en una ley propia o singular, la verdad es que pienso que hay que justificar con ello en mucho la actividad política, para que no se diga, pero sólo el tiempo, el estudio y la reflexión creo que permitirán hacer los comentarios que sean precisos y tengan más interés. Pero lo cierto es que después de las dos entradas dedicadas al dedo político había que cumplir mi anuncio de referirme, partiendo de un caso que afecta a la Comunidad Valenciana, a los políticos u ocupantes de cargos políticos que también son designados a dedo. La necesidad de hacerlo no surge directamente por su comportamiento, que también, dada la realidad actual, sino porque a ellos, bien como gobierno, bien como cabeza de la organización de la Administración pública, les corresponde la dirección de ésta. Antes de referirme al caso concreto que provoca mi comentario voy a tratar de las ideas del Gobierno y la Administración que se confunden a menudo.
Las dos instituciones están unidas plenamente y comparten fines, pero los gobiernos son la Política , la cual ha de diferenciarse de la Administración pública, para ser conceptuadas, comprendidas y distinguidas y porque ambas instituciones, al formar el poder ejecutivo, son poder, de ahí que a esta Administración del citado poder se le denomine como pública y no como simple administración material, ya que es un elemento jurídico que incluso sirve para muchos somo el que define o conceptúa al Derecho administrativo. En su distinción se establecen ideas tales como que el gobierno es la cabeza y la administración las manos, lo que equivale a decir que el primero es el pensamiento y la segunda la acción; otros dicen que el gobierno es el motor y la administración el vehículo o las ruedas, etc. Pero lo importante, además de lo ilustrativas que puedan ser estas ideas, es que Gobierno y Administración pública son parte de un todo y que tienen la política o las políticas públicas como elemento común, que la segunda ha de hacer eficaz, con la dirección del primero y de los cargos políticos que no forman parte de él pero se designan o nombran por él o sus miembros. Realmente la cabeza de la Administración, su vértice es político y de libre nombramiento; a lo que se añade el hecho de que los subdirectores generales y los jefes de servicio, en las Administraciones públicas, son de libre designación con los efectos tan repetidos en este blog, que hoy no relato. Además, el sector público ha sido privatizado en gran medida y esa privatización, que implica también nombramientos arbitrarios y libres, agrava el panorama y la corrupción.
Es entonces facílmente comprensible que estos cargos políticos y funcionarios de libre designación, o punta y centro del iceberg administrativo, son los encargados de que el país o la nación funcione y la sociedad satisfaga sus necesidades y todo se ajuste a la voluntad expresada en la ley y en el Derecho, de modo que la justicia no sea una simple abstracción y el bienestar una palabrita para campañas electorales, sobre todo cuando lo que cunde en la ciudadanía es el malestar y la ilegalidad es la orden del día y la legalidad la gran ignorada y sorteada. Pues bien, lean estas manifestaciones de Dª Milagrosa Martinez la exconsellera de Turismo y expresidenta de Las Cortes Valencianas y comprenderán el panorama y las responsabilidades que tienen los partidos políticos en este desastre que no qiero denominar de modo más escatológico. Confiesa su ignorancia en todo lo que debía de saber y presenta con claridad el porqué de tanta necesidad de libres designados que permanecen cogidos como el dentista por el paciente, en el conocido chiste.
Es igualmente comprensible que en estas condiciones la ley acaba no importando y el principio de legalidad se ignore en todas las ocasiones que interesa, hasta llegar a ser un desconocido de mal instruidos o formados funcionarios hoy "empleados" y gratificados convenientemente. Si tuviera que referirme a casos de funcionarios tampoco acabaría, si bien no sean responsables directos. Por todo ello, resulta que la Administración pública es despreciada, es patrimonio del partido de turno, el funcionario pasa a ser dependiente y mandado de carguetes y politicastros, anulando sus funciones y encomendándoles tareas impropias y obediencias ciegas, mientras que las relaciones de puestos de trabajo se hinchan por unos y otros en descripciones bien vagas bien excesivas y se crean cuerpos cuyas funciones son tan variadas que no existe el "cuerpo" básico de funciones que lo defina y concrete. Desprecio que lleva a que se haya llegado a la inexistencia material de la Administración pública que exige la ley y la Constitución y estamos tan tranquilos, pero eso sí todos informatizados y muchos ciudadanos pasan a depender más de otros para aclararse en cómo actuar ante la Administración. Cuando más envejece la población más modernos nos volvemos. ¡Qué anarquía y desorganización¡ disfrazadas de Derecho. Si bien estas leyes se dirijan a la organización administrativa han de ser garantía del ciudadano y eso es básicamente la Administración pública. Si los ciudadanos fueran conscientes de esto que digo y no fuera cuestión de funcionarios y especialistas y jueces pondrían el grito en el cielo, pues conocerían la razón y origen de muchos de sus males y del malestar mencionado.
Necesitamos un milagro. Por supuesto no a Dª Milagrosa Martinez.
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