Las manifestaciones del síndico de Cuentas, sobre las dificultades en el cumplimiento de la legalidad por parte de autoridades y funcionarios de la Aministración Pública de la Generalidad, han sido objeto de muchos comentarios.
Sin embargo, la situación descrita por el síndico de Cuentas evidencia que la administración autonómica puede no haber acertado en las leyes, principios técnicos y procedimientos jurídicos dictados para la gestión política y administrativa. La realidad es que la posesión de los conocimientos precisos para efectuar una adecuada organización en una Administración pública no es cosa fácil y requiere de la experiencia y los conocimientos adecuados, los cuales siempre se ha considerado que se poseían por los funcionarios profesionales.
Lo que sucede es que estamos pagando las alegrías del cambio político y la confusión entre los sistemas de gestión privada con los de la pública, que son diferentes; sin que quiera ello decir que los primeros son inútiles en la Administración pública. En ésta, muchas normas tienen la finalidad de proteger el interés público y sus formalidades tienden a evitar las desviaciones respecto de aquél. Su incumplimiento, pues, es una forma de corrupción. Su cambio, si se muestran difíciles de ejecutar, debe ser fruto de un adecuado estudio, que permita conjugar el respeto al principio que las origina y su mayor eficacia práctica.
Ocurre, sin embargo, que algunas normas o formalidades son fruto del comportamiento de los funcionarios que tienden. a eludir la responsabilidad de la decisión directa y de sus consecuencias, produciendo, para ello, normas que deciden lo que ellos no quieren hacer individualmente. Con ello, hay parcelas de la actividad pública que se juridifican y que, si llegado el momento de su aplicación resultan irracionales, se incumplen. En este punto, si no obedecen a principios legales y de defensa de verdaderos intereses públicos, lo que hay que hacer es cambiarlas o no dictarlas. Pero también, para esto, es preciso el conocimiento técnico y la experiencia suficiente para discernir lo que es o no de interés público y determinar la solución técnica más adecuada. Distinguir lo que es derecho y lo que es organización no se ha conseguido con claridad en 200 años y no nos lo enseñan las técnicas de la empresa privada.
Ya he insistido demasiado, en otras ocasiones, sobre la libre designación y la politización de los puestos de trabajo que debían ser ocupados por verdaderos profesionales y he apuntado sus consecuencias. Esta situación en lo que se refiere a la formación y experiencia que se requiere es como el tejer y destejer del telar de Penélope. Pero se ve agravada por el hecho de que una buena parte de la formación de los funcionarios se encomienda a empresas privadas o se imparten cursos específicos, pero no se han recogido las experiencias que en la formación general para directivos de las administraciones públicas españolas se iniciaron en 1964. Conocimientos técnicos que han sido producto del trabajo de funcionarios y que ahora empieza a recoger la Universidad española. Aquí en Valencia, cuando me dedicaba a esta tarea en la Generalidad, cuando empezaban a existir las bases para esta formación, llegué a escuchar que lo quería era crear una élite. La Generalidad no ha querido tener como cualquier empresa que se precie, un centro de investigación que se ocupase del análisis de su gestión y organización y que facilitase la racionalización administrativa y la Universidad Valenciana no se ha decidido a impartir estudios de ciencias políticas, sociales y de la administración pública.
Con el panorama de desprofesionalización que otras veces he descrito y esta situación en la formación de nuestros políticos y funcionarios ¿ Les extraña que las leyes no se puedan cumplir?
Todo esto está reiterado en el blog e, indudablemente, forma parte de mis pensamientos y obsesiones. Sólo cambia que ya hay estudios de ciencias políticas y de administración pública. Por lo demás, en nuestra situación política actual las muestras de ilegalidad son constantes y también la demagogia y el traslado de las decisiones a cualquier otra instancia. !Qué les voy contar!
Lo que sucede es que estamos pagando las alegrías del cambio político y la confusión entre los sistemas de gestión privada con los de la pública, que son diferentes; sin que quiera ello decir que los primeros son inútiles en la Administración pública. En ésta, muchas normas tienen la finalidad de proteger el interés público y sus formalidades tienden a evitar las desviaciones respecto de aquél. Su incumplimiento, pues, es una forma de corrupción. Su cambio, si se muestran difíciles de ejecutar, debe ser fruto de un adecuado estudio, que permita conjugar el respeto al principio que las origina y su mayor eficacia práctica.
Ocurre, sin embargo, que algunas normas o formalidades son fruto del comportamiento de los funcionarios que tienden. a eludir la responsabilidad de la decisión directa y de sus consecuencias, produciendo, para ello, normas que deciden lo que ellos no quieren hacer individualmente. Con ello, hay parcelas de la actividad pública que se juridifican y que, si llegado el momento de su aplicación resultan irracionales, se incumplen. En este punto, si no obedecen a principios legales y de defensa de verdaderos intereses públicos, lo que hay que hacer es cambiarlas o no dictarlas. Pero también, para esto, es preciso el conocimiento técnico y la experiencia suficiente para discernir lo que es o no de interés público y determinar la solución técnica más adecuada. Distinguir lo que es derecho y lo que es organización no se ha conseguido con claridad en 200 años y no nos lo enseñan las técnicas de la empresa privada.
Ya he insistido demasiado, en otras ocasiones, sobre la libre designación y la politización de los puestos de trabajo que debían ser ocupados por verdaderos profesionales y he apuntado sus consecuencias. Esta situación en lo que se refiere a la formación y experiencia que se requiere es como el tejer y destejer del telar de Penélope. Pero se ve agravada por el hecho de que una buena parte de la formación de los funcionarios se encomienda a empresas privadas o se imparten cursos específicos, pero no se han recogido las experiencias que en la formación general para directivos de las administraciones públicas españolas se iniciaron en 1964. Conocimientos técnicos que han sido producto del trabajo de funcionarios y que ahora empieza a recoger la Universidad española. Aquí en Valencia, cuando me dedicaba a esta tarea en la Generalidad, cuando empezaban a existir las bases para esta formación, llegué a escuchar que lo quería era crear una élite. La Generalidad no ha querido tener como cualquier empresa que se precie, un centro de investigación que se ocupase del análisis de su gestión y organización y que facilitase la racionalización administrativa y la Universidad Valenciana no se ha decidido a impartir estudios de ciencias políticas, sociales y de la administración pública.
Con el panorama de desprofesionalización que otras veces he descrito y esta situación en la formación de nuestros políticos y funcionarios ¿ Les extraña que las leyes no se puedan cumplir?
Todo esto está reiterado en el blog e, indudablemente, forma parte de mis pensamientos y obsesiones. Sólo cambia que ya hay estudios de ciencias políticas y de administración pública. Por lo demás, en nuestra situación política actual las muestras de ilegalidad son constantes y también la demagogia y el traslado de las decisiones a cualquier otra instancia. !Qué les voy contar!
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