En la entrada anterior me referí la política, la administración y el derecho como partes de un todo, pero entre los fines de la primera consideraba el del mantenimiento y conservación de cada una de estas instituciones y de sus funciones y fin. Pero el objeto de mi reflexión es cuando la política domina al resto y adelantaba que en ese caso se perdía el todo y sus partes. Considero necesario para continuar volver sobre el fin de la política que ligaba, según el clásico derivado de su propio contenido etimológico, al bien de la ciudad. Es pues un fin social, el del bien común que requiere del orden y éste del derecho o leyes y normas, todo para establecer el orden necesario para cumplir el fin. Y, del mismo modo, necesita de la acción o administración consiguiente. Así, pues, podemos considerar, como contenidos de la política y medios de cumplir sus fines, el derecho o legislación y la administración de lo público o común y general para todos los ciudadanos. Y estos medios o contenidos se configuran como poderes e instituciones para que sus funciones se adecuen a sus fines y a su eficacia y se les atribuyen competencias propias. Desde lo simple, la ciudad, sus ciudadanos, su asamblea y sus reglas, hemos llegado a una organización compleja actual, pero que considero que se alimenta de los mismos principios y fines que la primitiva sencillez.
Pero todo esto forma parte de la teoría o del deber ser y hay que destacar que al considerar la configuración del todo y de las partes como instituciones hay, en consecuencia, que comprender que son organizaciones reconocidas por el derecho y reguladas por él y compuestas y dirigidas por personas. Como la reflexión lo es respecto de España hay que considerar no sólo la organización del gobierno o del poder ejecutivo sino también a los partidos políticos. Y aquí ya entramos en el terreno de lo práctico y lo real.
Al complicarse la organización, la participación directa no se produce del mismo modo y surge la figura de la representación, del mismo modo que se perfilan los grupos de intereses que participan en las decisiones. Pues bien, los partidos políticos, tal como ya he dicho en otro momento, según la Constitución española son instrumento fundamental para la participación política y se dice que expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Al escribir esto se me presenta esta idea de la manifestación de la voluntad popular también como elemento fundamental que conecta con la necesaria estructura y funcionamiento de los partidos de modo democrático y me aparece como idea también básica que ha de conectar con el sistema electoral. Y esta idea me hace pensar en el sistema electoral y en su condicionamiento por las candidaturas y partidos, pues, al votarse partidos y no personas, entiendo que esa manifestación de la voluntad popular o no se manifiesta o queda condicionada o difuminada. Pero esto sería tema de otra reflexión
El pluralismo que han de representar los partidos implica, desde mi punto de vista, que en cada uno se ha de agrupar una ideología presente en la sociedad e, igualmente, unos intereses concretos respecto de la organización de dicha sociedad, marcado todo por los principios y valores democráticos, que suponen el respeto a la legalidad y a los éticos y morales. Pero establecido un partido y constituido como organización debe respetar su ideario y sus estatutos, en cuanto ello es lo que ha de guiar al ciudadano respecto de sus fines y programas, de modo que le otorgue una seguridad respecto de la actuación política y gubernamental, en su caso, del partido correspondiente a efectos del voto y de las elecciones y de las esperanzas o expectativas de gobierno y administración..
La realidad, sin embargo, hace que el partido, en la medida que crece en votos, pase de ser sólo manifestación de una ideología a ser una organización dirigida a conquistar el poder y, además, cada vez de modo más absoluto o completo. Se pasa, pues, a pensar en constituir gobierno. Entonces se producen las consecuencias perversas que llegan a la paradoja de que comenzando a querer tener más votos, a su vez, comienza la propia destrucción de partido y, antes, la aparición de nuevos partidos que se fundamentan en la misma o pareja ideología y que aprovechan en sus programas, las dejaciones que el partido más grande va realizando al incumplir determinados puntos de su programa e ideología, al tratar de abarcar el mayor número de votantes; ya que al hacerlo puede ganar votos pero pierde otros, los cuales trata de obtener el nuevo partido.
Así, pues, el bien común se pierde y se presenta el interés del partido, de modo que el fin es tener el poder y conservarlo. El interés del partido es el de las personas que lo componen y, si se ha conquistado el poder y el gobierno, el partido ya no funciona democráticamente sino de modo autocrático.
Para conservar el poder y para obtener votos no sólo se amplia el campo de intereses a satisfacer sino que se trata de "comprar" el voto y para ello es necesario dominar de modo absoluto a la administración pública y a su organización y su acción y en ella, y así se llega la utilización del presupuesto y la subvención. Los efectos de esta desviación en los fines son devastadores, pues, afecta directamente a la separación y división de poderes y a su funcionamiento. Afecta al derecho y la leyes se hacen ambiguas, cuando es necesario el pacto para su aprobación o interesa que sean compartidas por la oposición, pues entonces la norma se hace ambigua y permite así tanto una actuación como la contraria, según quien esté en el poder. De otro lado, paradójicamente, al ser así, los funcionarios y los administradores encuentran dificultades, pues las posibles interpretaciones de lo dispuesto conllevan la controversia y el conflicto que lleva a la reclamación administrativa, primero, y luego a los tribunales de justicia. El remedio es empezar a hacer leyes detalladas que no admitan interpretación y la ley abarca espacios que no le son propios y que lo son del reglamento o de la simple decisión o son organización sin más. De una manera u otra los principios fundamentales, el Derecho con mayúsculas, se ignora o mal interpreta y la legalidad se resiente y quebranta, pues la ley incorpora siempre esos principios fundamentales y forma parte de esa complitud que representa el ordenamiento jurídico.
De otro lado, el sistema electoral también se ve afectado, pues, amparándose en que "todos" tengan representación parlamentaria y para satisfacer los nacionalismos, que tanto han tenido que ver en la composición de los gobiernos de los partidos mayoritarios y en las Cámaras, el voto no es el mismo para cada ciudadano y el de unos tiene más peso que el de otros.
Si unimos a todo lo dicho que las intenciones de dominio pueden extenderse a los simples ciudadanos, se resiente la libertad, la igualdad y la democracia y se encubre un totalitarismo que se ampara en ella destrozando su significado mediante el incumplimiento de la legalidad y del ordenamiento y de los procedimientos, haciendo creer al ciudadano que al margen de éstos se pueden satisfacer sus intereses, los suyos particulares; y aludiendo a la participación, en realidad, se niega la misma o se anula para finalmente de modo totalitario ignorar al ciudadano y crear al partidario.
Podría no parar de poner ejemplos. Basta con pensar las consecuencias de lo que digo, pues al afectar al Derecho, a la Administración pública, a la función pública, a la capacidad y mérito en el acceso a la misma y a los cargos públicos; al incrementarse de modo innecesario la organización, para pagar afectos y clientelas y cautivar el voto, se afecta a todo, al ciudadano y a la sociedad completa y la Política deja de ser tal y queda entrecomillada como en el título de esta entrada.
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