Al finalizar la segunda de las entradas dedicadas al dominio de la política sobre todas las cosas, me referí al dominio del ciudadano y a la creación del partidario y, con ello, ya hacía referencia al totalitarismo, la pérdida de la libertad y de la democracia. Pero para conseguir este dominio no sólo basta con crear una serie de personas dependientes del poder de turno sino que se trata de crear un pensamiento único o una uniformidad beneficiosa al que tiene u ostenta el poder. Es una forma de crear ignorantes pues se limita, para ello, el campo de sus conocimientos y, por tanto, nunca podrán ser pensadores libres. Así resulta que el objetivo del político que quiere el dominio absoluto es apropiarse del sistema educativo. Y eso voy a tratar de desarrollar hoy.
No cabe duda que de la educación depende el desarrollo de la personalidad y la libertad del individuo. Así nuestra Constitución señala como derechos y valores fundamentales la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás y lo declara como fundamentos del orden político y de la paz social. Estos derechos se pierden por su abstracción y generalidad y es más fácil acudir a preceptos concretos aunque los contraríen. Pero son precisamente los que, al efecto de hoy, hay que considerar como valores esenciales y contenido fundamental de la educación y, según el artículo 10 de la Constitución, que los pone de manifiesto, son pues base para el orden político y social lo que ofrece su transcendencia sobre lo simplemente subjetivo. Por tanto, cualquier intento de uniformar conocimientos, valores y personalidad o de crear sujetos o dependientes de la subvención y prestación pública es un hecho antisocial, apolítico, inconstitucional e inmoral. Por eso la patrimonialización de los contenidos educativos por un gobierno o partido que lo domina es un hecho igualmente calificable.
Al contrario, los gobiernos y sus administraciones tienen que velar por que los contenidos de los programas educativos sean adecuados a estos principios y de contenido científico y objetivo y esa es su única labor de control. No hay derecho, ni valor de ninguna otra clase que pueda imponerse a lo señalado en el citado artículo 10 de la Constitución, ni siquiera la libertad de cátedra sobre la cual y su extensión a niveles inferiores al universitario, se han intentado apoyar adoctrinamientos evidentes. Posibilidad que se da porque el sistema de selección del personal docente o la subvención de centros privados se hallan también corrompidos y por la inexistencia de un control adecuado por parte del Estado.
El adoctrinamiento puede considerarse que es algo inherente a la educación pero tiene sus límites. El principal es que la libertad de enseñanza que declara el artículo 27 de la Constitución esté garantizada y en cuanto existe, fundado en ella, el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. De este modo, hay que separar contenidos científicos de las convicciones morales, religiosas o ideológicas y la libertad de cátedra se limita al espacio de los contenidos científicos de cada materia. Sin estas garantías de la libertad de enseñanza y derecho de los padres y de libertad de creación de centros docentes, los derechos fundamentales del artículo 10 no quedan garantizados.
Sin embargo, asistimos hoy a unas actuaciones políticas dirigidas a todo lo contrario a limitar la enseñanza privada, a intervenirla indirectamente a través de las subvenciones e imposición de personal docente en virtud de ello y en contra del ideario del centro; sobre todo, en los centros religiosos, debido al envejecimiento y falta de reposición del personal religioso docente. De este modo, no sólo se debilita la formación religiosa sino que se imponen, en los nacionalismos, las lenguas autóctonas sobre el español y se afecta claramente a la personalidad de los alumnos desde las primera etapas de la enseñanza. Hecho que se agrava con una falsificación importante de la historia de España. Los valencianos nos encontramos en un momento crítico y Cataluña ya nos muestra los resultados de esta situación.
Al dominar, desde la Administración, la formación de los tribunales y comisiones de selección del profesorado y el contenido de los programas de la pruebas selectivas y los requisitos de acceso, se garantiza que se vean cumplidos los deseos políticos o la ideología de partido o sus intereses y con la subvención se extiende el sistema a los centros privados, aprovechando la actual composición social y de la familia en la que el trabajo de ambos cónyuges les aleja del control directo de la enseñanza que se desplaza a órganos de participación que son fácilmente dominados por el "establishment". Si añadimos la tendencia de los profesores a apoyarse en las redes sociales hacia las que dirigen al alumno y no en los textos científicos reconocidos por la Administración pública, el desplazamiento de los padres en el sistema es evidente y su conversión en el elemento molesto e ignorante también. Este es el caldo en el que el político o partido de ánimo totalitario y antidemocrático se mueven como pez en el agua.
Al dominar la enseñanza pública los políticos, la ciencia deja de serlo. No se permite la comparación y la creación de opinión propia. Por ello los totalitarios no quieren libertad de enseñanza y pretenden un monopolio de la enseñanza pública. Pues el fin no es que ésta sea el medio de que todos tengan la oportunidad de la educación y el avance según su calidad y esfuerzo sino el de formar en el sentido político previamente marcado. Por ello también no se establece una selección ni se valora el mérito. La igualación se realiza por abajo y las élites se consideran perniciosas y la sociedad y el sector púbico no queda en manos de los mejores y más preparados y lo público no es atractivo para el que tiene ya un trabajo o profesión y que destacan en ello. La Política, pues, no es un modo de participación de los ciudadanos mejores sino una profesión de los que nunca hicieron otra cosa que pulular en las covachuelas administrativas y serviles del partido de turno.
Con todo esto, es lógico que España esté en la situación actual y que no haya reacción, la cual si depende exclusivamente de que el pesebre quede sin heno sería una verdadera catástrofe. Creo, pues, que he expresado las ideas básicas del problema, si bien he de pensar si aún queda, en relación a lo dicho hoy, el reflexionar sobre el dominio político de los medios de comunicación.
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