domingo, 21 de febrero de 2010

CRISIS Y FUNCIÓN PÚBLICA

La función pública está de actualidad y son muchos los comentarios dedicados en la blogosfera a los funcionarios públicos y la polémica sobre su número y eficacia. Así se puede ver de Oscar Cortés, Crisis reforma y empleo público en i-públic o los interesantes Funcionarios y Más sobre funcionarios inamovibles y funcionarios inmóviles en Dura Lex o Reformar el estatus del funcionario en K-Government. Y es que siempre que existen momentos de dificultades económicas la función pública se convierte en objeto de reflexión, bien sea para denunciar el gasto público y la necesidad de reducir el número de funcionarios y las estructuras, bien sea para convertirla en objeto de deseo o tabla de salvación para obtener empleo o ingresos mediante contratos o subvenciones o por la privatización de servicios. Remito también al lector a mi comentario de la Administración en época de crisis para que se vea el párrafo allí transcrito de la Ley de restricciones de los gastos del Estado de 1 de agosto de 1935 (Ley de Chapapietra), ya que en él se apunta en la dirección de la necesidad de una organización científica del Estado.

Esta afirmación de la necesidad, desde mi punto de vista, evidencia que las soluciones a los problemas de la Administración pública en épocas de dificultades económicas no pueden ir en una sola dirección y que los puntos a considerar son muchos más que el de la reducción de funcionarios. Cabe imaginar lo que pensaría Chapapietra en la actualidad del gasto público existente y las soluciones o las propuestas que el profesor Barea haría al respecto. Hoy la Administración pública ha crecido no sólo en funcionarios sino en cargos públicos o políticos y los Institutos de Administración Pública se han convertido en fábricas de cursos cuyo interés y necesidad están por ver, pero que interesan a quienes los imparten o a los funcionarios y su carrera funcionarial por los puntos que suponen. De otro lado, estos días está de actualidad el otorgamiento de subvenciones y su destino y una sería investigación al respecto sería quizá un buen tema para una tesis doctoral. Ningún universitario de mi época, estudiante de derecho, podría haber imaginado que la denominada actividad de fomento, sin incluir como tal a la obra pública, podía adquirir la importancia actual y llegar a requerir de toda una Ley de Subvenciones.

He dicho repetidamente, coincidiendo con la referida necesidad de una organización científica del Estado, que es preciso que las Administraciones públicas tengan una organización dedicada a reflexionar, investigar y decidir respecto de ellas mismas y su organización, tanto estructural como procedimental y finalista. Si los políticos no la quieren, los profesionales de la Administración deberían reclamarla y hacer llegar su necesidad al ciudadano evidenciando sus beneficios. Pero eso es profesionalizar el hecho administrativo y hoy la realidad es su patrimonialización política y al resaltarlo me repito hasta la saciedad. Hay muchas cosas de la empresa privada que se propugnan como de aplicación a la Administración pública, gran parte de ellas por razones de intereses de grupos sociales y económicos, pero no conozco (no digo que no exista) ningún proyecto para adaptar a las Administraciones públicas, por ejemplo, un modelo de tecnoestructura y de analistas como el que propugna Mintzberg en La estructuración de las organizaciones.

Me quedan en el tintero otras reflexiones en torno al ingreso en la Administración pública que también es una cuestión que se ve afectada en los tiempos de crisis.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Translate

Entrada destacada

De lo reflexionado hasta ahora, la cuestión  del reparto de competencias entre estado federal y estados federados sería el problema princip...

Entradas más vistas