¿ES EL EBEP UNA LEY CÍNICA?

El análisis del artículo 88 del Estatuto Básico del Empleado público y su relación con el artículo 84, me hace plantear a mis lectores que reflexionen sobre si dicha ley está cargada de cinismo. La otra alternativa es la de que suponga una carta en blanco para las Administraciones de las Comunidades Autónomas, sobre todo de las denominadas como nacionalistas o simplemente que la técnica del legislador era escasa o dispersa por ser más de uno el redactor del texto.  Además, al efecto que aquí persigo, no hay que olvidar todos los comentarios que ya se han realizado respecto de la provisión de puestos de trabajo y de la movilidad funcionarial, en especial el segundo referido a ella, ya que en él me ocupo del artículo 88 y de la situación de servicio en otras Administraciones públicas. 

Este artículo, que regula dicha situación, se refiere en primer lugar a la transferencia de funcionarios revelando que este puede ser un procedimiento más en virtud del reparto de competencias y de su ajuste. Pero el punto que suscita más la cuestión que aquí se plantea es el punto 3 del artículo que dice: Los funcionarios de carrera en situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como servicio activo en su cuerpo o escala de origen.

Frente a la situación del funcionario transferido no se mantiene que estos funcionarios trasladados voluntariamente a otra Administración  conserven todos sus derechos como si se hallaran en la situación de activo en la Administración de origen y tampoco se declara que se integren en la Administración a la que acceden, de ahí que el artículo ha de manifestar que se rigen por la legislación en la que están destinados de forma efectiva. ¿Por qué si no la manifestación de algo tan obvio?

Esta situación en una primera lectura parece que sea favorable para el interesado, pero lo cierto es que el artículo no establece con claridad o elude la situación, por ejemplo, de aquellos que acceden a otra Administración pública por un sistema de libre designación o por cualquier otro prodedimiento en el que prime la voluntad de la Administración y no la aplicación estricta de un procedimimiento de mérito y capacidad mediante concurrencia. Este es el problema real, principalmente, por las siguientes razones: La primera es que ningún funcionario se cree que el procedimiento de libre designación lo sea de mérito y capacidad. La segunda es que no está nada claro que el político de turno esté dispuesto a asumir a los cargos de libre designación del anterior en su cargo. Dada pues la regulación del Estatuto, salvo la interpretación que se otorgue al artículo 84, el funcionario cesado se puede encontrar que no tenga un puesto en la Administración de origen o que tenga que acudir a un simple concurso de mérito y capacidad puro y duro o recalar en puestos de menos categoría y rango. Se abre, normalmente, un proceso de negociación para adquirir un puesto provisional en expectación de un destino definitivo y en ambas Administraciones la de origen y la otra.

Lo antedicho evidencia algunos aspectos del sistema general que vienen provocados, precisamente, por el sistema de libre designación. Dicho sistema, hasta ahora, sin que se apunte un cambio futuro, es la creación de un núcleo de altos funcionarios, los de mayor experiencia o los más afectos al partido en el poder, que rotan en los puestos de libre designación o con nombramientos provisionales a la espera de mejores tiempos. Es el "cuerpo directivo" de hecho, y si se conforma, principalmente, por componentes de un cuerpo dominante en la organización correspondiente, o de cuerpos que se la reparten, se apoyan unos a otros para conservar el nivel adquirido o la Administración les crea un puesto "refugio" o "consolación.

Otra cuestión que abre el artículo, en este punto, es su relación con el artículo 84, como ya he señalado, ya que en  su punto 3 es reiterativo con el que contemplamos del artículo 88, en cuanto dice que los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. En los supuestos de cese o supresión de puesto de trabajo, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha  Administración. ¿Son estos procedimientos de movilidad distintos de los procedimientos de provisión del artículo 88? ¿Son lo mismo? Si es así ¿por qué dos artículos para decir lo mismo? ¿por qué no se dice en el artículo 88 lo de la obligación de la Administración de destino de otorgarle destino al cesante? ¿No equivale ello a una integración en dicha Administración de destino? ¿por qué regular la movilidad como cuestión diferente de la provisión de puestos de trabajo? ¿por qué no declararla como un derecho?. La conclusión, al menos de momento, no puede ser otra que la de que parece que cada Comunidad Autónoma o Administración pública tiene abierta la vía de permitir o no la movilidad, puede convocar, si quiere, un concurso o utilizar la libre designación  para permitir el acceso a su Administración o  también un procedimiento especial de movilidad según el articulo 84 cuando se establezcan los criterios generales mediante Convenio sectorial o, particularmente, a través de un instrumento de colaboración con otra Administración pública. Entonces ¿es posible interpretar, que sólo los que accedan por el sistema del artículo 84 tienen derecho con motivo de un cese a tener destino en  la Administración  de destino y que no lo tienen en otro caso? La puerta está abierta de momento.

Qué evidencia esta situación o esta regulación ¿cinismo? ¿mala técnica? Particularmente me inclino por lo primero, por la básica razón de que con todo lo que se refiere a la provisión de puestos de trabajo y la movilidad parece que se está garantizando la igualdad, la movilidad  y el mérito y la capacidad, cuando por razón de la autoorganización administrativa y de las nacionalidades resulta todo lo contrario. Sobre todo lo que queda garantizado es que el vértice superior de la piramide administrativa sea del gusto de la organización política de turno.

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