En la prensa están apareciendo continuas noticias respecto de los impagos de las Administraciones públicas y se lee, por ejemplo, que el Hospital Provincial de Castellón no tiene quimioterapia por el impago al proveedor, los farmacéuticos están en pié de guerra, etc. Pero también estos días se ha dicho en Valencia, que el edificio Ágora de la Ciudad de las Ciencias no podía ser coronado con el remate previsto y que las piezas correspondientes estaban a la intemperie y con riesgo de deterioro o de hurto; igualmente, se ha dicho que las construcciones destinadas a la copa de América, estaban deteriorándose y que no tenian uso ni utilidad. Plantea ello, el tema de las grandes obras y su utilidad final; tema que también se produjo, por ejemplo en la Exposición de Sevilla o en la de Zaragoza y el destino final de las obras realizadas. Estas obras destinadas a acontecimientos concretos no es lo mismo que la construcción de la Ciudad de las Ciencias de Valencia con ambición de permanencia, pero en todo caso se plantea la controversia de la utilidad y rentabilidad de las mismas, sobre todo cuando su mantenimiento es difícil o, en su caso, imposible, dada la crisis económica. La controversia está servida.
Personalmente en bastantes casos me asaltan dudas sobre estas obras y acontecimientos. En los casos de la Copa de América y de la Fórmula 1, las dudas son más firmes. En el primer caso, la ciudad se acercó al mar y, en tanto la competición estaba activa, el puerto de Valencia bullía con la presencia ciudadana y la actividad hostelera se vió beneficiada. Después las cosas han cambiado y la actividad reducida. La Fórmula 1 supone inconvenientes a los ciudadanos y utilidad a menos personas que en la Copa de América. En ambos casos, ha habido impacto económico y beneficios sociales y publicidad general para la ciudad. Los gastos de mantenimiento para las Administraciones públicas cara al futuro o a la conservación no los sabemos a ciencia cierta. La Ciudad de las Ciencias es otra cosa, su utilidad social parece evidente, pero el gasto de mantenimiento y conservación se critica en el momento actual.
La cuestión se plantea cuando, frente a estas obras y acontecimientos, resulta que cuestiones sociales y obligaciones administrativas o, si se quiere, políticas públicas de forzoso mantenimiento, si no ha de caerse en la regresión, no cuentan con crédito o presupuesto o ingresos para mantenerlas, en perjuicio de lo alcanzado y de lo que ya constituyen derechos de todos los ciudadanos y no sólo beneficio o rentabilidad para unos pocos o sectores determinados. Entonces resulta que el gasto público es mucho o no hay dinero y por fuerza la administración es mala y no puede ser eficaz. El desastre se manifiesta, la insatisfacción y el descontento también y se puede decir que ha habido imprevisión en las consecuencias de las decisiones políticas y en las repercusiones administrativas y falta de análisis o consideración de la situación económica.
Pero acabo de poner de manifiesto que lo que hay en estos casos son decisiones políticas y me atrevo a decir que, ante todo, sólo eso. Es decir, salvo una previsión general de que podremos pagar las obras o ya encontraremos los modos de hacerlo, no se habrá contado con la Administración ni ésta habrá realizado las funciones que vengo exponiendo en el blog que le corresponden respecto de las políticas públicas, por lo que su gestión futura se verá seguramente comprometida o condenada al fracaso y a la ineficacia. Es evidente que la Política ha predominado, cuando en realidad, para cualquier profesional o directivo público, Política y Administración no pueden desconectarse. Hay, pues decisiones políticas, pero forzosamente han de ser malas o incorrectas si no se tiene en cuenta que luego ha de haber administración y que la eficacia y permanencia de lo decidido, si es necesaria, serán posibles.
En resumen, la situación actual pone de relieve que hay decisiones que son políticas o competencia de los gobiernos y no de la Administración y que tienen beneficios sociales indudables, pero también que se ha de considerar el gasto público que generan o la reversión de parte del provecho económico social para cubrir los gastos públicos que se han producidp y los que se producirán. Los políticos no sólo hacen política, en teoria dirigen a la Administración, por su presencia en los gobiernos o por el control parlamentario, pero ello no significa que dirigir sea aprobar políticas o tomar decisiones y mandar simplemente a los administradores que las cumplan, sino que significa que sigan los pasos que el Derecho y la Ciencia administrativa exigen para la eficacia de las políticas públicas y de la Administración. Lo contrario es un ejercico demagógico y sus consecuencias nefastas. Lo que pasa es que la única vía que se nos manifiesta, en la práctica, por la quiebra de un verdadero Estado de Derecho, es el castigo en vía electoral, sin que el ciudadano sea consciente de que el problema persiste y que lo que se necesita es de verdaderos políticos conocedores de los procedimientos adminsitrativos o sabedores de que han de contar, en sus decisiones políticas, por mucho que como tales se presenten, con la administración pública y sus profesionales. Pero parece que no es esto lo que cuenta y que henos de estar más preocupados de seguir hablando de Franco y si cabe de Isabel II y demás monarcas y no de exigir las responsabilidades más actuales e inmediatas.
En definitiva, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, simplemente Administración pública, realizada por expertos y profesionales de la misma. Vamos, que resulta que hay expertos y comisiones de ellos en desenterrar a Franco y sacarlo del Valle de los Caídos y, en cambio, cualquiera es experto en Administración Pública. Así nos va. Porque es posible que se cosidere que para ser político vale cualquiera, por aquello de que todos tiene derecho a participar en las funciones políticas y públicas, cosa que no comparto, ya que es evidente que para, al menos, gobernar, que implica el administrar, hay que contar con mérito y capacidad, y que por ello los partidos políticos deben cuidar de que las personas que van a destinar a dichas labores sean las mejores y más capacitadas, sin camarillas, grupos, cuotas, etc. No es un capricho, ni modelo burocrático, ni tecnocracia, criticables, es una exigencia del buen gobierno y de los derechos de los ciudadanos. No es tampoco algo secundario, ni puede ser refugio la cartera de Adminitración pública para aquel político al que hay que dar una y no cabe en otra, ya que es la menos transcendente o porque sólo importa cara a reducir gastos. Tampoco es solución, pues, por este simple hecho, su unión a Hacienda o Economía.
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