LOS ADMINISTRADORES GENERALES Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS VII: Recapitulación.

De la serie que vengo dedicando a la relación de los administradores generales y las políticas públicas,  dentro de la fase de la implementación, que recordemos que se consideraba como aquélla en la que se realiza la asignación de recursos para la ejecución de la política pública y que suponía la consideración de los factores administrativos, ha llegado el momento en que hay que hacer referencia, dentro de dichos factores y analizados los de la organización y los procedimientos de gestión, a la obtención de los recursos necesarios. Básicamente hay que considerar que los factores administrativos constituyen los recursos necesarios para la eficacia de la política pública correspondiente, pero, como digo, la organización y los procedimientos de gestión ya han sido comentados, quedando por tanto la referencia a la obtención del presupuesto y de los recursos humanos y materiales. Al llegar a este punto, hay una cosa que repetir o recordar y es que de modo general en la fase de formulación de la política pública, los factores administrativos se han debido considerar de modo general, decidiendo prácticamente en ella la organización y procedimiento de gestión y obteniendo una información previa de los recursos económicos, materiales y personales que serían necesarios y vendrían condicionados por cómo fueran aquella organización y procedimientos.

La diferencia entre la actuación que se da en la fase de formulación de la política pública y la de la implementación propiamente dicha, creo que desde la perspectiva que me ocupa, es la de exponer que en la primera, el ápice superior de la organización administrativa, los directivos, tratan de obtener la máxima información posible para determinar e informar sobre la viabilidad o no de la política que se propone. Hay un contacto necesario con la organización encargada del mantenimiento de las políticas públicas en marcha y con toda la encargada de la gestión, entendiendo preferentemente como tal la de los recursos humanos, económicos y materiales. Gestión que, normalmente, incluye la destinada a su obtención de aquéllos y que ya es implementación y administración. En esta organización es en la que se distingue la gestión de los servicios de ejecución de cada política ya aprobada y la de los servicios comunes que les han de proporcionar los recursos para mantener la política y su eficacia. Como es a la obtención y gestión de los recursos a lo que me he de referir en adelante, éste será el lema de las entradas que en el futuro se dedicarán al tema de la implementación y mantenimiento de las políticas públicas. Es decir, tal como ya apunté, se tratará de analizar la gestión pública propiamente dicha, de modo que queden de manifiesto sus particularidades.

Tanto en la fase de formulación y la de implementación y, sobre todo, en el nivel directivo y en el de los servicios comunes he tratado de destacar la importancia de la administración general, la cual hay que tener en cuenta que es a la que le corresponde también gestionar el mantenimiento de las políticas, su gestión, pues, y la de la obtención de los recursos necesarios. Pero, dada la situación actual económica de España y la de su organización política y pública, con la necesidad de los llamados "recortes" que no es otra cosa que el necesario abandono de determinadas políticas públicas ya formalizadas o de su financiación, que es lo mismo, cabe preguntarse cómo se formularon y si se procedió, como marca la teoría que hasta ahora se ha expuesto, a contar con los profesionales de la Administración y si hubo o no un análisis de viabilidad serio y considerando los factores económicos necesarios y la posibilidad de su gestión. Creo que, ante los resultados habidos, hay que decir que no.

De otro lado, se evidencia que, si bien para gestionar puede ser bueno que se realice mediante organismos especializados y autónomos, en cambio en la formulación de las políticas públicas y en la previsión de los efectivos necesarios y decisión sobre su viabilidad no se puede actuar con organizaciones compartimentalizadas y descoordinadas. Es necesaria una visión coordinada y unitaria, tanto política como administrativa, y de ahí que sean realmente acciones de gobiernos con presencia fundamental y necesaria de los departamentos de hacienda y de presidencia. Es una acción de gobierno que requiere una de gobernanza. No estamos pues ante una empresa, aunque sea grande, ni en su administración, estamos ante la Política con mayúscula, el Gobierno y las Administraciones públicas. Hay mucho que recuperar, mucho que colocar en su lugar y muchos principios que reconducir en sus líneas básicas, distinguiendo lo principal de lo accesorio. Y ya que concluyo lo anterior, me pregunto, ¿qué ha sido de la formación de los funcionarios? ¿Cómo ha sido? Como sólo es una pregunta, creo que es necesario que se repasen los contenidos de esta formación y la forma en que se ha desarrollado. Pero sobre todo, sin perjuicio de la participación de empresas externas, creo que hay que reforzar el hecho de que los contenidos y fines de esta formación han de ser determinados por la propia Administración en el nivel de la Presidencia de los gobiernos y no ser el producto y resultado de un  cúmulo de programas diseñados por institutos, escuelas y escuelitas para "cumplir objetivos" en el sentido empresarial privado, que convierte a estos órganos en fábricas de cursos cuya necesidad no está garantizada y que sólo sirven para la promoción funcionarial en un sistema tampoco garantizado de carrera profesional o de una forma de subvención al sector privado. Por tanto, esto forma parte de la Política de personal del Gobierno de turno, en consonancia con los fines propios de cada Administración pública y por supuesto no de los de cada político, directivo, funcionarios o grupos de intereses. En definitiva, creo, que lo lógico, sobre todo si hay una función pública y unos administradores profesionales, es que la formación de su personal y sus contenidos los defina la propia Administración pública y nadie más, y siguiendo las pautas de cualquier otra política pública, considerando que, a su vez, de cuál sea puede depender la eficacia de todas las demás.

De ahora en adelante, pues, nos referiremos a la gestión de los recursos y de mantenimiento.