lunes, 13 de mayo de 2013

¿REFORMA? ¿QUÉ REFORMA?

Venimos asistiendo a una permanente reclamación de que la Administración española sea reformada y una de las críticas más frecuente al actual Gobierno es la de que realmente no la ha emprendido. Pero la cuestión que a mí se me plantea es si lo que se reclama es verdaderamente una reforma administrativa o es otra cosa y si verdaderamente nos encontramos ante la necesidad o no de una reforma política y por supuesto cuál debe de ser ésta. En el blog he venido refiriéndome a muchas cuestiones que constituyen problemas administrativos, bien en sí mismos, frecuentemente por su tratamiento normativo, o bien por la aplicación en la práctica de lo diseñado jurídicamente o por incumplirse los principios fundamentales o básicos que constituyen la gestión de lo público. También se ha venido proporcionando información sobre el actual ciclo de conferencias sobre La reforma del Estado y de la Administración española que, en consecuencia con su título aborda cuestiones que son tanto políticas como administrativas. Por tanto, habría que considerar, como ya se ha comentado en otras entradas y en el blog, que al igual que ocurre con las instituciones del Gobierno y de la Administración es difícil separar lo político y lo administrativo. Pero sea como sea, es indudable que lo primero a establecer es lo que se tiene que reformar y cómo o hacia dónde. Este es el problema, aún  más cuando ni siquiera se suele estar de acuerdo en que es lo público y cuál ha de ser su gestión.

Sin perjuicio de que quizá el factor principal sea el del gasto público y su necesaria reducción dada la situación de crisis económica grave, si nos atenemos a los problemas administrativos o de gestión administrativa pública, lo primero es establecer cuáles son y a partir de ahí detectar su causa o raíz y analizar su solución. Análisis, diagnóstico, medicina y tratamiento, algo a lo que nos sometemos con toda normalidad cuando se trata de nuestra salud personal, buscando al buen médico generalista y al buen especialista y sobre todo con buena experiencia clínica. Quizá por ello y para tratar, primero, de aclararme yo y, segundo, de ofrecer reflexiones al efecto, inicié el ciclo de entradas dedicadas a exponer los males de la Administración española, incluso para concluir si sería posible establecer la solución o si ésta era difícil por constituir los males realmente un problema endémico de nuestra política y de nuestros políticos. Fueron diez entradas escritas sin esquemas previos y, por tanto, con buena dosis de improvisación, pero espero que se abordaron las principales cuestiones que afectan a nuestra Administración. 

Por tanto, es evidente que antes de reformar hay que señalar los males y problemas e iniciar el procedimiento para su solución y para que no todo sea mi reflexión la apoyaré en parte en lo dicho por Alejandro Nieto en su conferencia en el ciclo antes mencionado y que pueden seguir aquí. Nieto, precisamente expone que para establecer una reforma lo lógico sería examinar los males antes, pero que su pretensión es más modesta. En su exposición oral nos dice muchas cosas de interés, pero señala que es fundamental que exista voluntad política de realizar la reforma y no sólo del Gobierno sino de los partidos políticos y, en este sentido, apunta al pacto político, de Estado, para que la reforma no sea un conjunto de vaguedades ni de generalidades abstractas ni retóricas; de modo que se realice un acuerdo sobre los pilares de la administración y sobre los cruces de caminos que se pueden encontrar, de los cuales nos señala algunos en los que hay que tomar una opción u otra. La primera de las opciones que nos señala es la de la oposición entre eficacia y legalidad que considera que no se han de estorbar. Quizá este punto se muestre más necesitado de desarrollo, pero evidentemente ofrece muchos frentes en los que es posible encontrar que la legalidad es contraria a la eficacia o al contrario que la eficacia o su pretensión llevaría al quebranto de la legalidad, pero el tema daría para una entrada específica o para más de una; si bien quizá la solución, o la receta al menos, pueda encontrarse en algunas de las reflexiones hechas en el blog, sobre todo cuando hay referencia al valor de los principios y a la juridificación excesiva. Sea como sea fundándose en la legalidad se cometen disparates administrativos y fundándose en la eficacia se incurre en corruptelas o verdaderas corrupciones.

Nieto expone otros problemas y opciones y se refiere a la de quién ha de administrar, ¿los políticos o los funcionarios? y al hilo de ello se refiere a la politización de éstos, cuestiones tratadas en muchas ocasiones en este blog. Pero es aquí donde, tras haberse referido al papel de los funcionarios frente algunas pretensiones políticas en el período franquista, apunta a la necesidad de retomar a la función pública como un poder o un contrapoder, como elemento de equilibrio, cosa que vivió en el período señalado. Cualquiera de los seguidores de este blog será conocedor de la clara postura que en este sentido se viene manteniendo y que se considera que tiene apoyo en la Constitución y en su artículo 103, pero también de cómo se considera que ello en el período franquista era más fácil pues las leyes eran claras y terminantes y no tan cargadas de ambigüedades y posibilismos como en la actualidad, lo que unido al grado de politización funcionarial existente hace que la "voluntad" del político sea la que se ejecute sin más. Esta consideración de la función pública como poder, como garantía de la legalidad y de la eficacia e, incluso, como elemento de conciliación entre una y otra es esencial.

Pero es aquí donde realmente cabe preguntarse si es necesario para que estas opciones o encrucijadas se resuelvan realizar una reforma administrativa en su sentido puro o si con las leyes existentes y sólo con una ejecución de sus principios es suficiente y si lo que es necesario es simplemente una serie de reformas políticas en las que dichos principios queden claramente formulados o reforzados evitando su continua reinterpretación o aplicación torticera, por las que resulta que ni la Constitución constituye, sino que es el partido de turno en el Gobierno el que dispone a conveniencia. Creo que sin perjuicio de que hay puntos que referidos a la administración hay que reformar sobre todo en lo que se refiere a las Administraciones territoriales y a su dimensión y gasto público, el problema es político y que la solución como dice Nieto, ya que la Constitución ha sido vapuleada y desconsiderada en estos años de permanente "transición", parte de un pacto de Estado y de una definición clara y determinante de las opciones existentes dirigida a cumplir con los intereses generales y no con los de cada partido político. Con tantos problemas como los actuales, la realidad es que las reformas "administrativas" son como siempre una sola cosa: Necesidad de restringir el gasto público. Economía simple economía que elimina cualquier otra racionalidad u opción técnica mejor.

Todo ello sin que sea preciso exponer la otra serie de obstáculos que pueden surgir en esas reformas administrativas de las que no sólo los políticos son lo importante sino la otra serie de intereses consolidados que pueden oponerse a las mismas. Como ejemplo Nieto nos alude al torpedeamiento actual de la reforma de Administración local. Con tantos problemas políticos y sociales importantes la reforma administrativa propiamente dicha no es que me parezca que no tiene importancia sino que a lo mejor se soluciona si aquéllos tiene solución o, simplemente, aplicando los principios legales y constitucionales existentes y eliminando el exceso de desarrollo legal de muchos puntos que producen una verdadera confusión cuando no disparates que mueven a risa. Pero de ello hablaré, quizá, al seguir con la serie dedicada al puesto de trabajo y las relaciones, pues muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno o si se quiere que más vale malo conocido que bueno por conocer. Quizá haga falta más práctica y menos teoría o falsos expertos y es posible que en este aspecto nadie pueda arrojar la primera piedra.

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