¿SON LAS AUTONOMÍAS EL PROBLEMA?

En estos momento que creo que cabe considerar como de crisis general, si bien parezca que sólo interesa políticamente hacer referencia a los aspectos económicos, las elecciones europeas han introducido un pequeño cambio y los partidos políticos que aspiran al poder proponen cambios constitucionales, principalmente en lo que se refiere a la organización del Estado. Y es común que esa propuestas afecten al Capítulo III del Título VIII de la Constitución, ya que es común considerar que los problemas políticos actuales se solucionarían cambiando el actual y denominado como Estado de las Autonomías, en especial por lo que respecta a las Comunidades autónomas, sin perjuicio de las reformas que se puedan considerar respecto de la Administración Local. En estas propuestas hay dos vías distintas y contradictorias, una que propone avanzar hacia un Estado Federal que no se concreta o describe, pero que apunta a una reducción respecto del número de las actuales comunidades autónomas y a una asimetría entre los estados que las sustituyan. Esta postura considera, en el fondo que el problema político son los nacionalismos y que con el federalismo tendría solución. Son muchos los aspectos que no se desarrollan y, por tanto, mucho camino el que quedaría por describir y delimitar. La otra vía o propuesta, tiene una base más de carácter económico y considera que hay que reducir la administración autonómica o más bien regresar a un Estado centralizado. Sigo, pues, más detenidamente examinando esta postura, ya que es más próxima a los problemas administrativos que puedan existir en la actualidad. No obstante, es posible que se reiteren cuestiones ya analizadas en otras entradas, principalmente en la diez dedicadas a los males de la Administración española  y desarrolladas desde el 7 de diciembre de 2012 a 20 de enero de este año 2014. Para completar y tener una visión más concreta de lo que aquí se va a tratar, la relectura de estas entradas puede ser ilustrativa y complementaria.

En la segunda postura se considera que las Comunidades autónomas son el motor del gasto público y el incremento de éste exagerado y que si desaparecieran aquéllas este gasto se reduciría y la racionalidad en general se produciría con mayor seguridad. Retornamos, pues, a uno de los problemas más discutidos desde el siglo XIX a la actualidad: las ventajas e inconvenientes de la dicotomía entre centralización o descentralización, tema que también ha sido desarrollado detenidamente en este blog. Pero lo principal en este problema actual respecto de las autonomías es que éstas no son sólo una cuestión administrativa sino que lo es también y básicamente de carácter político, ya que la estructura de las Comunidades autónomas cuenta con instituciones de naturaleza política, en especial porque cuentan con Asambleas legislativas o un poder legislativo en el ámbito de sus intereses y subordinado al poder legislativo estatal o general y común. Con los límites que el propio concepto de la autonomía implica y de la estructura española del poder judicial, se puede decir que las comunidades autónomas son casi unos pequeños estados y que no se pueden considerar como tales por no ser soberanas. Pero es que hoy en día hay que revisar la idea que se tiene de la soberanía pues las organizaciones supra estatales la han cambiado y la subordinación de unos ordenamientos jurídicos a otros resulta ya algo normal. Este hecho hace que sea necesario considerar el verdadero alcance que tendría el poder legislativo de las comunidades autónomas y si es realmente necesario todo el aparato organizativo que ha surgido a su alrededor y cuáles son los intereses verdaderamente propios y particulares que pueden apoyar y justificar su existencia. Esta cuestión creo que hace que se hagan presentes más los aspectos administrativos de esta organización territorial del Estado. En resumen, a la vista de lo que resulta de lo antedicho, desde el punto de vista del gasto público o de la necesidad, es cierto que esta parte legislativa de las comunidades autónomas podría ser objeto de crítica y revisión y que su necesidad podría quedar en entredicho, pero es claro que para muchos ello implicaría una vuelta atrás y, por ello, hay un problema político de fondo y la necesidad de un cambio constitucional.

Pero quizá esto no resultaría un problema si la realidad no fuera la del gasto público desorbitado que la organización territorial del Estado español ha producido en estos años desde la Constitución española de 1978 y si este gasto es producto de esta organización o no y si es cierto que el problema económico nace de la misma y en especial de las comunidades autónomas. Y aquí en este punto, al margen, de la cuestión apuntada respecto del verdadero alcance de la organización  política que he señalado, es donde hay que centrarse, pues desde el punto de vista administrativo parece que la descentralización era y es una necesidad evidente y que tanto ha de desarrollarse sea con una centralización política como con una descentralización de este tipo. Y, entonces, la pregunta es si como organización administrativa las comunidades autónomas son las responsables del gasto y el problema actual y creo que la respuesta ha de ser que no. Este tipo de organización administrativa no es en sí misma  la causa y que ésta hay que buscarla en los responsables de dirigirla o en los que tienen la responsabilidad política de diseñar su organización, sus estructuras y las políticas públicas a desarrollar y la aprobación de los presupuestos correspondientes y control del gasto público. Surge, pues, como causa, el gobierno y no la administración.

La dirección administrativa en España bien es política o bien está politizada y siempre corresponde, como en toda organización, a personas y se desenvuelve dentro de un sistema, bien diseñado legalmente, o bien corrompido. El gasto crece si se gobierna mal o se diseña una administración que no es tal, sino que sirve a los intereses de partidos y burócratas no profesionales y que ha de sostener estructuras burocráticas de organizaciones no propiamente administrativas, sino de los partidos políticos, sindicatos, empresarios y otros intereses subvencionados con fines espurios y no públicos estrictamente. Y este es el problema básico en España, se ha corrompido el sistema y las organizaciones están al servicio de los intereses de los partidos políticos y de las instituciones por ellos dominadas, sean las que sean. La inmoralidad se ha asentado en todos los ámbitos y ante ella ninguna organización resulta racional o adecuada y mientras ella exista no hay reforma que valga. La verdadera reforma está en su erradicación y en la regeneración moral de los poderes del Estado. Los males los conocemos, falta la voluntad de hacerlos desaparecer y es necesaria la elección de los que sean capaces técnica y moralmente de realizar el cambio. No, no es el sistema diseñado legalmente la causa, son las personas que lo dirigen los responsables y las instituciones que las mantienen y lo hacen en su beneficio propio. Los cambios que se proponen no son el remedio si persiste la corrupción, la inmoralidad y la apropiación de lo público por los intereses bastardos. Nadie nos habla de esta reforma, nadie propone algo que nos haga ver que, dentro de la legalidad existente o si se quiere con los cambios más necesarios, la vergüenza actual desaparecerá y hombre íntegros y partidos limpios nos dirigirán y administrarán, sin utopías y demagogias engañosas. Nadie, de los que han sido titulares del poder y del gobierno, reconoce ninguna responsabilidad, nadie plantea la regeneración. No son las autonomías el problema, aunque sean un problema entre otros muchos.

Repasen las entradas antes indicadas y verán el cúmulo de males que existen y que, aunque se atribuyan a nuestra Administración pública, realmente lo son políticos y sociales.