jueves, 17 de marzo de 2016

LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO CUESTIÓN POLÍTICA, ESTRUCTURAL Y DE GESTIÓN.

El pasado sábado, ante un artículo o noticia en prensa en la que la vicepresidenta de Las Cortes valencianas afea a la Consellera de Justicia que no cuente con más mujeres para reformar la Función Pública, me desayuno con que se prevé una reforma y además que se ha creado una comisión de expertos para ello. Lo primero que me llama la atención es que la vigente Ley de la Ordenación y Gestión de la función pública valenciana es de julio del 2010 y como reforma más importante estructuró en cuerpos una función pública que, desde los inicios de la autonomía y con el PSOE y, después, con el PP, se estructuraba en puestos y en grupos de titulación y en los sectores de Administración General y Administración especial. Todo un cambio que es cierto que ha creado algún problema de gestión y jurídico. Pero, como el titulo de la entrada señala, la función pública es, entre otras cosas, una cuestión política, si bien hay que precisar en qué lo es. Pero ante todo, vamos a ver cómo se justifica la necesidad de esta reforma.
Por Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Conselleria de Justicia, Administraciones Públicas, Reformas Democráticas y Libertades Públicas (Rimbombante nombrecillo), en su preámbulo, después de enumerar la normativa que afecta a la función pública valenciana, se nos dice:

El tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 10/2010, de 9 de julio, así como las nuevas visión y cultura de la administración pública que impulsa el Consell, basadas en la transparencia, la independencia, la profesionalización, la participación ciudadana, la mejora continua en la aplicación de los procedimientos de gestión, la eficiencia y la reducción de trámites y gastos innecesarios, aconsejan la revisión y modificación de determinados aspectos, regulaciones y figuras incluidos en la citada ley. Con la finalidad de acometer los estudios, valoraciones, análisis y diagnósticos previos a la modificación y revisión de la ley 10/2101, de 9 de julio, es necesario constituir una comisión formada por expertos en el ámbito de la administración y empleo públicos y miembros de la Generalitat, comisión que perseguirá la finalidad y objetivos señalados.

En su artículo segundo dispone:

Segundo. Objeto La comisión tiene por objeto el estudio y diagnóstico del empleo público en el ámbito de la administración de la Generalitat, así como la regulación establecida en la vigente Ley 10/2010, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, con la finalidad de proponer las bases de una modificación y revisión de la misma en los aspectos que resulten necesarios para conseguir una función pública más profesional, eficaz y eficiente, que preste un mejor servicio a la ciudadanía valenciana.

Esto es lo principal de la Resolución y confieso que desde la perspectiva de mis años de experiencia y vida todo me parece una serie de topicazos al uso y de una indefinición total. Nada tengo que decir respecto de los expertos designados, algunos de los cuales, profesores de derecho administrativo y ejercientes como abogados, es de suponer que conocerán algunos de los problemas que plantea la función pública en sus despachos y como profesores conocen la teoría de la función pública, pero pienso yo que es la Administración la que conoce realmente los aspectos necesarios a reformar e, incluso, las posibles soluciones y que sus altos funcionarios y gestores ejercientes en la materia han de ser los más expertos en ese problema, a no ser que completamente politizados por el sistema de designación sean una colla de testaferros que realizaron una reforma impropia que ahora quema o que hay que destruir porque provenía del partido derrotado y en plena explosión de corrupción. ¿Es esta resolución una muestra del aspecto político de la función pública? ¿es un tema que llenará las páginas de la prensa? ¿es una forma de mostrar una actividad política? Pero ante todo, ¿es necesaria? y ¿son los expertos los que han de penetrar en las vicisitudes de la función pública y diagnosticar lo que hay que reformar? ¿Para que está el equipo de dicha Conselleria? Me siento apenado por esta función pública y avergonzado de que sus dirigentes no tengan una política pública al respecto y hayan de bucear o crear comisiones para formularla, otra cosa es si lo fuera para asesorar respecto a una existente o en preparación y programada. No quiero releer lo que dice el preámbulo y el artículo segundo por su carácter vacuo. Preferible habría sido que nos ilustraran sobre las figuras y aspectos que hay que reformar y sobre las nuevas visión y cultura, que no se expresan. Mucha democracia en la denominación de la Conselleria y mucha demagogia en la disposición. Trabajo tiene la comisión. 

En definitiva, política, pura política. Después ya veremos, tiempo habrá. La Ley que se pretende reformar ya cuenta con unos Comentarios, precisamente dirigidos por Ignacio Sevilla uno de los componentes de la Comisión, y de los que cabe, es de suponer, detectar "defectillos" a corregir. Pero puestos a destacar el aspecto más político de la función pública recordemos que es una parte del poder ejecutivo, agente jurídico y garantía de la legalidad en la actuación de la Administración. Sí eso, -que no hace falta regular pues es principio jurídico fundamental de la Constitución y leyes de bases-, se asegura y asienta definitivamente con la reforma, habrá que bendecir el hecho. Eso sí es política, pero dudo que sea lo que quieren los políticos. A lo mejor se entiende como político lo contrario, la dependencia total del poder político, pese a todo eso de la profesionalidad y servicio a la ciudadanía que tan bien queda en el papel.

De otro lado, la función pública es una parte de la estructura de la Administración y es organización, por lo que aspectos como los cuerpos, escalas, plantillas, etc. pueden de nuevo ser reconsideradas y, desde mi punto de vista, forman parte, con ciertos límites en las bases estatales, de la potestad de organización de cada Administración y, en parte, influyen y determinan el carácter de la función pública correspondiente, su movilidad, carrera y preparación y condicionan el sistema de evaluación del rendimiento y eficacia. Pero para diferenciarse o aportar algo nuevo y eficaz hay que saber mucho de la gestión de cada día y de los problemas que han surgido y limitar la influencia sindical a lo estrictamente procedente a la hora de regular y resolver. Por eso el tercer factor de la función pública es la gestión de los propios recursos humanos y de los que se pueden reclutar y en esa gestión no hay que estar pendiente sólo de los problemas que genera, sino si los mismos provienen de la propia cerrazón o de la presión política o de apoyarse en bases construidas desde la teoría y sin experiencia gestora real en materia de función pública y sin realizar las simulaciones procedentes que garanticen la eficacia y sin tener previstas las normas de desarrollo que sean precisas. La gestión es la maestra, la guía de las posibles necesarias reformas y de su forma y contenido. Los permanentes cambios normativos y de gestores no puede contribuir a la eficacia, sino, al contrario, a la confusión y desacierto.


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