En una ocasión bastantes años después de haber cesado como director general, en conversación con el político que me propuso para el cargo, le preguntaba yo por la razón que hizo que realizara la propuesta en mi favor. Era habitual en nuestros encuentros que dicho político me arrojara alguna bala que otra, bien para molestar o provocar y, normalmente, la bala rebotaba o recibía respuesta, pues mi carácter, como el mismo político decía, es guerrero.
En la ocasión mencionada no hubo la respuesta que yo pretendía sino un crudo: " porque estabas en el mercado"
Ante ello no hubo replica por mi parte y el efecto de la bala fue escaso, pues en ningún momento pensaba que yo me había puesto a la venta, sino que acepté una propuesta para actuar en un campo de mi estudio y afición y en el que era algo especialista: la función pública. Se me otorgaba la oportunidad de actuar en configurar políticas públicas en dicho campo, en una organización nueva y de conocer la gestión que a un directivo público corresponde.
No obstante, es cierto que la bala produjo sus efectos en el tiempo. El primero el de que aparecía una consideración política, o de algunos políticos, de los funcionarios como una mercancía, algo que está en venta, que se puede comprar. Y a partir de ahí, piensen ustedes todas las consecuencias. Lo primero, quizá es pensar que el mérito no es el sistema de consecución del puesto y que es la disponibilidad respecto del político y sus fines y que, siendo en principio público el servicio, pasa a ser una relación de confianza que depende del carácter y bonhomía del político Lo segundo es, ¿cuál es el precio? y la primera conclusión es que no siempre será el mismo para cada persona o que puede haber simultáneamente más de uno y de un peso o importancia diferente según el funcionario. Si bien, en principio, aunque el sistema no se puede denominar como de "carrera", ésta se produce: se aumentan las retribuciones, se consolidan niveles y grado o sistema equivalente y bien por nombramiento político para cargo de designación política o bien por libre designación en niveles funcionariales.
Y así llegamos a comprender cómo no existe el sistema de mérito y capacidad y de igualdad, sino el mercado citado. Pero lo más negativo es que el mercado lo es respecto a cualquier puesto de nivel superior o medio alto y alcanza a la parcela en que se toman las decisiones o se apoyan y justifican. Pero la compra no es de un puesto, pues no lo adquieres en propiedad, sino que vendes la prestación de un servicio a la voluntad política correcta o incorrecta, en cuanto ayudes, la mayor parte de las veces sin que conste, a burlar los inconvenientes que puedan existir sean legales o de otra naturaleza. No siempre, por supuesto, pero la venta supone una contribución a la corrupción; sobre todo de la función y administración pública. De otro lado, se crea una tendencia a que, al igual que los políticos, la idea básica es conservar el puesto. Por lo tanto, si bien constitucionalmente y legalmente el sistema es de mérito y capacidad sea cual sea la forma o procedimiento de designación, el mismo en realidad es de confianza y es a ésta a la que el funcionario tiende a satisfacer más que al principio de legalidad. Si bien en el nivel directivo ello es lógico en buena parte, la extensión existente a toda la organización superior supone la pérdida de la administración pública como tal y de finalidad propia de la función pública y también del gobierno.
Claro está que las mercancías no pueden reaccionar, puesto que son dependientes de la voluntad del comprador.
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