Las reacciones que provoca el independentismo catalán inciden en una crítica general al sistema de las autonomías y al mismo tiempo han hecho que un sentimiento nacional español se haga patente. Es evidentemente una reacción lógica, aún contando con que precisamente estamos en un momento en el que las organizaciones supranacionales se hacen necesarias. La demanda de que el Estado recupere una serie de competencias se realiza principalmente en los sectores de la educación, de la seguridad y orden público y en la sanidad y lo es porque en todos estos campos la igualdad de los ciudadanos y la uniformidad de trato son esenciales. Además, la demanda se extiende al necesario cumplimiento de las leyes y el ordenamiento jurídico. La cuestión lleva a que hay que valorar si es el sistema autonómico el que falla o son las personas las que provocan esta situación.
En dos ocasiones, al menos me he acercado a esta cuestión. Una en la entrada ¿Son las autonomías el problema? Y otra con carácter más general al tratar de instituciones y personas. En ambas ocasiones otorgaba el papel principal a las personas y sus actuaciones más que a la institución o forma de organización.
La centralización establecía o establece formas de control de la actuación administrativa de las distintas Administraciones públicas existentes. Esto no es una decisión franquista, en sí misma, es una consecuencia lógica de la centralización, es inherente a ella ese control. Otra cuestión es la extensión y forma de dicho control, si es meramente de legalidad o también político. Y dentro del control de legalidad también en cómo se realiza éste, si mediante actos de poder directos de una administración sobre otra, paralizando acciones y suspendiendo actos, o mediante la existencia en la organización de la administración menor en territorio y, por tanto, en competencias, de funcionarios de la administración controladora, o con simples advertencias de ilegalidad de la acción correspondiente y traslado, en su caso, a la decisión judicial correspondiente. Con Franco el sistema de intervención administrativa en los entes locales era el denominado régimen de tutela y conllevaba la existencia de los denominados cuerpos nacionales de los Secretarios, interventores y tesoreros de Administración local.
De otro lado, antes de seguir, he de indicar que este sistema de potestades y de poder administrativo o gubernamental es propio de un sistema o régimen de derecho administrativo, tradicional en España, cuya organización siempre se basa en él, sin perjuicio de lo mucho que cabe decir al respecto y los avatares que hoy sufre el sistema.
Los citados cuerpos nacionales obedecían a un control de legalidad que se complementaba con un control político en el que las cabezas políticas de los entes locales eran a su vez jefes del Movimiento nacional en su territorio, unificados bajo la potestad de los gobernadores civiles. Estos factores y su producción en la dictadura hace que los que hoy persiguen la conquista del poder o su destrucción identifiquen a la derecha y los centristas más claros con el franquismo mediante, también, la descalificación de la nacionalidad en cuanto se refiera a España. Nación y España=Franco. Mentira convertida en herramienta eficaz, puesto que el poder ejecutivo estatal, medroso, acaba identificando, también, ejercicio del poder, potestades, control y ejecución con la dictadura y deja de hacer efectivo el sistema político constitucional y jurídico y, como vemos hoy, lo va remitiendo al control judicial como si estuviéramos en un sistema de derecho común anglosajón. Todo conduce a la ineficacia.
Desde esta perspectiva, la pregunta que cabe formular es, primero si, los controles de legalidad son necesarios y si es necesario que los ciudadanos españoles tengan garantizados una formación educativa uniforme en los contenidos científicos, una sanidad igual- que predicada como universal sin embargo esta compartizalizada-, una seguridad y orden público coordinados con efectividad o mando único y una movilidad territorial de los ciudadanos libre, sin trabas que la impidan. Y, segundo, si parte de la solución radica en la existencia de cuerpos únicos y nacionales en estas materias y dependientes de la organización estatal central.
Llegado a este punto me pregunto si dejo el tema abierto y lo prosigo otro día o simplemente lo cierro hoy. Y decido hacer lo segundo. Para afirmar que la primera cuestión que ha de garantizarse es la formación, primero en la educación y enseñanza, garantizando los contenidos científicos y morales básicos y generales, y, después, en funcionarios y políticos, los primeros en sus conocimientos técnicos, prácticos y morales, que constituyen el núcleo del sistema de igualdad, mérito y capacidad, y los segundos en su capacidad y moralidad, además, la primera adecuada al puesto o cargo a desempeñar.
A propósito de los políticos, no me resisto a poner un párrafo del comienzo de la La República de Cicerón: Ningún caso hemos de hacer, ciertamente, de aquellos subterfugios que se alegan como excusa para disfrutar mejor del ocio; cuando dicen que sólo suelen acceder a la política personas que no valen para nada, con las que es cosa ruin el alternar, y desgraciado y arriesgado el enfrentarse, sobre todo ante una muchedumbre enardecida; por lo cual, no sería digno de un sabio tomar las riendas cuando no es posible frenar los arrebatos locos y salvajes de la masa, ni propio de un hombre libre luchar con adversarios sin escrúpulos ni humanidad, o exponerse a injurias indignas de un sabio: como si para dedicarse a la política las personas honestas, firmes y de gran valor, no hubiera causa más justa que la de no someterse a los malvados y no soportar que estos arruinen la república, porque, si ellos mismos quisieran poner remedio, tampoco lo podrían conseguir. Sirva esto para reclamar que los mejores intervengan en política y no nos dejen en manos de revolucionarios de poca monta y totalitarios disfrazados de demócratas. También, valorando la actividad política venos lo siguiente: Dicen, a este propósito, que Jenócrates, filósofo de los más célebres, al preguntársele qué provecho sacaban de él sus discípulos, respondió que el hacer libremente lo que las leyes les obligaban a hacer. Por lo tanto, el ciudadano que es capaz de imponer a todos los demás, con el poder y la coacción de las leyes, lo que los filósofos, con su palabra, difícilmente pueden inculcar a unos pocos, debe ser más estimado que los mismos maestros que enseñan tales cosas. Nada más alejado de nuestra realidad.
Perdonen la digresión. Sí, creo que cuerpos como los docentes, los de seguridad y los de sanidad pueden tener ese carácter nacional y ser seleccionados objetivamente por la Administración central, sin que el conocimiento de las lenguas cooficiales sea el muro de Berlín y ataque a nuestra españolidad e impida el derecho a la movilidad territorial. No se olvide que también ataca a la movilidad que predica la normativa de la Unión europea y precisamente en sectores que no se consideran en su jurisprudencia como empleos de la Administración pública exentos de dicha movilidad o acceso por los europeos, como la sanidad. El caso de Baleares resulta en este sentido paradigmático.
De otro lado, el control de legalidad, si la formación que considero precisa en los funcionarios y políticos existiera, no requeriría de cuerpos nacionales, pues ya nos adentramos en ese campo llamado de la autoorganización de cada Administración pública. Pero es necesario el control de los actos de las Administraciones públicas que no ha de ser exclusivamente judicial, en cuanto es posible la inspección y control administrativo previos.
Estas cuestiones nos ha planteado el independentismo y la condición de nuestros políticos tan alejada de lo predicado por Cicerón para el cual la virtud es un arte que ha de contar con actos y hechos que la hagan efectiva y real y no quede en mera teoría.
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