CUANDO"LA POLÍTICA" LO DOMINA TODO y IV

Realmente el tema creo que está prácticamente agotado, pero había dejado en el aire el abordar o no la acción política sobre los medios de comunicación, sin embargo como el ordenamiento jurídico en torno a la materia no lo conozco y no me apetece entrarme en él, me limito a reseñar que esta acción se centra principalmente, y según el medio de que se trate,  en el control de las concesiones; las subvenciones; la publicidad institucional en los medios, a los que les aporta un ingreso, y la compra de dichos medios por los partidos políticos mediante la adquisición de acciones. No hay que olvidar, por supuesto, las televisiones públicas, cuyo análisis organizativo y de comportamiento necesitaría de una investigación exhaustiva; sobre todo en las autonomías en las que rigen los nacionalismos y que se apoyan para la existencia de estos medios y su gasto en la difusión de la lengua propia, pero que son fuente de informaciones tendenciosas o adoctrinamientos manifiestos, cuando no constituyen una forma del pan y circo romano para entretener a las masas.

Pero, hay algo que me ha producido bastante malestar e inquietud y es esta proposición de ley del Partido Socialista para la reforma de la memoria histórica y que pueden ver completa aquí y en la que se pretenden cosas como una Comisión de la Verdad y de un Consejo de la Memoria, éste en el Ministerio de Justicia. Voy a tratar de explicar porqué y procurando evitar el miedo a que se me considere facha o se me sancione con efectos retroactivos si esta ley se aprueba, dado el régimen jurídico que prevé.

La inquietud primera la produce que el contenido de la proposición es saduceo en gran parte. Intenta, mediante la alusión de principios incontestables para cualquier persona, ocuparse sólo de una parte de la historia y con una clara tendencia partidista y que ya en sí misma marca un atentado a esa memoria y a esa verdad. Lo que se intenta claramente es ocuparse de los hechos negativos del franquismo y de su dictadura, pues en la mayor parte de las ocasiones se circunscribe la memoria a la Guerra Civil y los años de dictadura hasta 1978. La intención política, a los 81 años del golpe de estado, según la izquierda o alzamiento nacional según la derecha, es evidente, identificar a la derecha con Franco y su dictadura. De aquella guerra civil no se puede decir que queden protagonistas activos en ella y en la política y sólo algunos  de su hijos ya de mi edad, próxima a los 78, o nietos  y biznietos que cuentan con los relatos de sus padres y abuelos. Claro que esto es una apreciación subjetiva, que para ser objetiva necesitaría de un análisis de cada expresión del articulado de la ley propuesta, que acude, a modo de muestra de equilibrio, a la persecución religiosa y alguna otra cuestión que parece ir más allá de la conducta del bando nacional. No se nos refiere la memoria histórica respecto de las causas que llevan al golpe o alzamiento y que supone analizar esa Segunda República tan alabada por los partidos de izquierda y la conducta del propio partido socialista en ella o el desorden público y político a que condujo el comunismo y el socialismo radical.

De seguir a rajatabla esta posible ley habría que eliminar la estrella roja de la Estación del Norte de Valencia, símbolo del comunismo, causante de victimas por su ideología o creencias religiosas en España y de muchísimas en toda Europa, y que el franquismo no destruyó en toda su vigencia. Gracias a ello hoy tenemos este antecedente histórico en Valencia.  

De otro lado, respecto de la Segunda República también tenemos hoy una reproducción de muchos de sus instantes con los acontecimientos de Cataluña y con la prisión de miembros del gobierno o parlamento catalán. La represión que marcó esa Segunda República es sin duda mucho más directa y clara que ese 115 que no apunta ni al uno primero de su número.

¿Se pretende desviar nuestra atención de los acontecimientos actuales?  Porque estos son para mí mucho más importantes que ese repaso al franquismo con reiteración de la  concesión de la nacionalidad española a los integrantes de las brigadas internacionales, pues el artículo 37 de la proposición dice:   Concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales. 1. Con el fin de hacer efectivo el derecho que reconoció el Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra Civil de 1936 a 1939, no les será de aplicación la exigencia de renuncia a su anterior nacionalidad requerida en el cve: BOCG-12-B-190-1 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Serie B Núm. 190-1 22 de diciembre de 2017 Pág. 23 artículo 23, letra b, del Código Civil, en lo que se refiere a la adquisición por carta de naturaleza de la nacionalidad española. 2. Mediante Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, se determinarán los requisitos y el procedimiento a seguir para la adquisición de la nacionalidad española por parte de las personas mencionadas en el apartado anterior.

Piensen en cuántos pueden quedar y cuál puede ser el objeto de esta medida. ¿Cual es la verdad de dichas brigadas? ¿toda la izquierda era democrática? ¿que entendían por república los partidos que se incluyen en esa izquierda? En fin, todo un mundo que se analiza por los historiadores de verdad y no por comisiones de tinte político y demagógico. Un intento más de comer el coco a la gente, de anular a la derecha ante su temor de que le acusen de franquistas y por ese mismo temor y cobardía la proposición puede llegar a ley. Es indudable que los problemas en Cataluña van calando y haciendo que la verdad de la Segunda República aparezca y veamos a un Azaña o un Prieto acusados de contrabando de armas y prisioneros en un barco, etc.

Otro artículo que apoya esa intención de educarnos al dictado, o sea en dictadura también, es este: 

Artículo 32. Medidas en materia de educación. El Ministerio de Educación adoptará las medidas necesarias para garantizar: a) La inclusión en los programas educativos de todos los niveles de la enseñanza de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas. b) La inclusión en los planes de formación del profesorado la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas. c) La incentivación de elaboración de material didáctico sobre la historia de España para el periodo de la Guerra Civil Española y la represión franquista. Los contenidos deberán basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica. d) La inclusión de la memoria democrática en el currículo de la educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y educación permanente para personas adultas. Asimismo, impulsará, en colaboración con las universidades, la incorporación de la memoria democrática en los estudios universitarios de Grado, y Máster. e) La promoción de investigaciones orientadas a profundizar sobre la represión padecida por las mujeres durante la Guerra Civil Española y la Dictadura franquista, contemplando la violencia física, psicológica y política ejercida contra ellas por razón de género, así como las estrategias de resistencia por ellas desplegadas.

¡Horror¡ ni Franco lo haría mejor. La democracia como concepto está devaluado, cada cual arrima el ascua a su sardina. Esto parece Camelolandia.

No quiero que los políticos partidistas me hagan la historia de España, ni que los organismos que ellos dominan en comisiones y consejos nos laven en cerebro con su verdad y memoria. No quiero que no se sea libre de construir con datos objetivos esa verdad, por mucho que algunos artículos parezcan racionales, pues lo importante es la razón y causa verdadera de la proposición. La Administración, con todo lo que hay, no está para estas cosas. Y los ciudadanos tampoco. Ni es posible que mediante una accion pública se persiga aparecer en la prensa diaria, y que cualquiera sin derecho ni interés ocupe a la Administración en investigaciones sin fin.  Hay problemas más importantes y acuciantes que nos afectan en nuestros derechos subjetivos y en el sistema jurídico y de la justicia.

Ya está bien, a gobernar y administrar y respeto a los ciudadanos.