El leer y escuchar algunas de las cosas que se dicen, principalmente por políticos, y que afectan a la Administración pública y al Derecho, así como en informes y resoluciones administrativas, e, incluso, porqué no, en sentencias, me hicieron pensar en abrir una serie de entradas baja el título de la cárcel del blog. Esperaba encontrar un caso llamativo para empezar, pero los que lo eran más, aunque afectaran al Derecho y demostraran el desconocimiento del mismo por aquellos que realizaban el acto digno de una cárcel simbólica, no afectaban a la Administración pública o su acción en sí mismas. Sin embargo, tenía presente el caso de unas oposiciones para periodista en la Diputación de Valencia. Pueden leerlo aquí. Una vez leído, paso a comentar.
No se trata de un escándalo sustancial, ya que no se refleja que todas las preguntas fueran sacadas del conocido Rincón del Vago, pero si es un caso significativo de cómo se ha perdido el sentido respecto de la selección de funcionarios o personal para las Administraciones Públicas y de cómo no existe una organización seria al efecto en la Administración de la Generalidad, que de forma neutral, profesional y científica contribuya en los contenidos de las pruebas, sea el centro de responsabilidad del secreto de las mismas y de los posibles errores o responsabilidades de otro tipo. Objetividad frente a subjetividad. Preparación y conocimiento frente a simple titulación o pertenencia a grupo o sindicato.
Por tanto, aunque he elegido a la vocal como sujeto destinado a la cárcel, no es ella la verdadera responsable, es el chivo expiatorio que tuvo que dimitir de la comisión o tribunal evaluador. Ella sólo es el síntoma, la enfermedad radica en toda la organización y en la política de personal de la Generalidad Valenciana. Y así, como en aproximadamente durante cinco años fuí responsable de la dirección del Instituto Valenciano de Administración Pública, alejado de la actualidad me he acercado a la web para ver si seguía teniendo el papel que tuvo en aquellos inicios, en los que se ocupaba de la selección y formación de los funcionarios del Consell y además se veía representado en las pruebas de las restantes Administraciones valencianas. Era elemento de estudio y creó una biblioteca especializada, desecha en 1990, regalada a una Universidad, con desprecio absoluto a la formación funcionarial y bases de conocimiento para funcionarios y demás interesados en la Administración pública. El resultado es que sólo es una subdirección general, sin responsabilidad en la selección, rebajando su carácter de órgano desconcentrado u organismo autónomo, con categoría de dirección general, y una fabrica de cursos que habría que ver cómo se constituyen y su utilidad final para el servicio y los ciudadanos.
En este orden de las pruebas selectivas tengo vivencias y experiencias de todo orden y actuaciones de la prensa que también indican alguna falta digna de reseñar. Pero me dejo de batallitas de jubilado y reitero que el problema es que no hay una política de personal, que las leyes de función pública se utilizan no para cumplir con sus verdaderos fines, sino para intereses políticos de turno, apariencias de actividad, satisfacciones sindicales, publicidad simple y aparición en los medios de comunicación, y que no se evalúan las consecuencias de lo que se dispone o que, como en la reforma que se prepara aquí en Valencia, se trata simplemente de introducir el valenciano (catalán en realidad) como requisito y no como mérito, en contra de todos los principios de igualdad y movilidad existentes en el derecho español y en el europeo, para contribuir poco a poco a introducir en todos los valencianos la idea de la existencia de los denominados Países catalanes. Sirve también el ejemplo de Baleares y los médicos, tratamiento, para mí opuesto a las directivas europeas de movilidad.
Así, pues, encomendados los contenidos de las pruebas a la comisión de selección, o sea a sus vocales, cualquier cosa puede surgir, sí además su nombramiento es como es, aunque sean de la profesión correspondiente. Así pues se ha perdido el sentido del papel de los institutos de administración pública y de sus funciones y ello es la muestra de que cada función pública acaba siendo un corralito y como mal menor que las pruebas carezcan de sentido y equilibrio y bien sean un coladero o una barrera insuperable. Llevamos un siglo, al menos, criticando la memorística en las pruebas de las oposiciones y todo sigue llevando a ella o, peor, al desorden y clientelismo más acusados. Cárcel para todo ello.
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