La verdad es que cada día me cuesta más mantener este blog por múltiples razones que de un modo u otro vengo manifestando. En cierto modo, me molesta el predominio de los temas que podemos llamar políticos pero que en realidad afectan a las bases del Derecho y la Democracia, pero, por ello mismo, me parece que no hay que callar aunque no sean los temas que interesen a la mayoría de mis lectores, que siendo funcionarios van a aquellos como las incompatibilidades, la provisión de puestos, las excedencias, etc.
La relectura del descargado Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General de Muñoz Machado, me lleva a pensar en la situación política actual y en el tratamiento que percibo de la legalidad y de la Constitución por nuestros gobernantes en general y, en consecuencia, por los partidos políticos.
A partir de la página 119 del Tomo I del citado Tratado, Muñoz Machado, entra a la diferencia que marca la Declaración de derechos del Hombre y del Ciudadano, francesa, respecto de la americana. En Francia la declaración ha de concretarse y delimitarse mediante leyes posteriores. De este modo es la ley la que representa la soberanía y tal como escribe Muñoz Machado: Se entroniza de esta manera la ley en el mundo de los derechos, se subordinan estos a aquella, de modo que la efectividad de los derechos depende de las regulaciones legales,. A partir de esta concepción, toda la soberanía se concreta en la ley...........Este fenómeno se ha bautizado acertadamente por Rials con el nombre de legicentrismo. Esta es una de las razones del peso de la Administración pública y los funcionarios en el sistema.
Esta situación, hasta la Constitución de 1978, es la que podemos decir que existe en España, sin vigencia o efectividad directa de las declaraciones de derechos del hombre y ni siquiera de las Leyes fundamentales del régimen franquista.
En estos casos considero pues que todo depende del legislador que concreta o no los derechos y los hace efectivos o no. La moral y la ética resultan fundamentales pues si la concreción no se realiza o si la norma que parece hacerlo no es efectiva, no hay democracia. Por eso de lo leído en Muñoz Machado, vemos que la Constitución en la versión americana y hoy más general, como ocurre en España, supone un límite para el legislador. Dice Muñoz respecto de los americanos: Pero en lugar de confiar al legislador la implantación efectiva esa sociedad (de hombres libres e iguales), y al poder administrativo la ejecución de las decisiones del soberano, se preocuparon sobre todo por la implantación estricta del principio del gobierno limitado, regla que instituyeron en la base fundamental de todo el sistema constitucional.
Piensen en la España y gobiernos actuales y que nuestro sistema es constitucional. Piensen en las actuaciones que no les gustan y que se toman por el gobierno y sin límite; ciscándose en la ley y en la Constitución y en los derechos del ciudadano. Cómo, incluso, se hace la Constitución inefectiva, retirando recursos de insconstitucionalidad cuando conviene al partido o para conservar el gobierno. Además, mediante un Tribunal Constitucional dominado por los partidos políticos y que restringe el acceso en general y de los ciudadanos en particular. Y no me quiero introducir en la cuestión de qué se enseña a los jóvenes y cómo se les ha educado y hasta qué punto conocen el sistema jurídico y democrático que les rige. ¿Memoria histórica o memoria científica?
Qué confianza puede tenerse en gobernantes que toleran que mediante un lazo amarillo se les tache de fascistas y dictadores que subyugan al pueblo catalán a cuyos políticos encierran por su ideología, y que ante ello se callan. Siendo así que con estas continuas ignorancias e inaplicaciones de las leyes y de los derechos de los ciudadanos y con sus actos cara a ellos, les dan la razón a los separatistas. Por eso, cabe considerar que estamos pues lejos de una democracia y que algo hay de dictadura. No la que dicen esos políticos separatistas pues se basan en no respetar leyes estatales, sentencias y Constitución, sino la que sentimos los ciudadanos ante la ilegalidad total, la burla del derecho y la desigualdad.
Por eso no hay que callar, hay que resaltar esta ignorancia del Derecho y cada cual desde su institución ha de manifestar la situación correspondiente y el peso que le corresponde en este desgobierno real. Vengo resaltando, ya varias veces, la distinción entre lo formal y lo real, para señalar que lo formal nada tiene que ver con la realidad. Esta realidad contraria a la legalidad ha de manifestarse por todos los que sirven en los poderes públicos, porque la pérdida que nos sobreviene es enorme. Hasta es posible que con este quebrantar la ley y la Constitución por quienes la han jurado o prometido (o ni siquiera eso, dadas las fórmulas admitidas), defender y cumplir, nos presente en realidad un proceso revolucionario encubierto que nos va a comer. Pero puede que ya esté todo comprado y el rebaño siga, sin pensar, hasta el abismo. Espero que no
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