lunes, 10 de diciembre de 2018

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, LOS CAMBIOS Y LAS CONSECUENCIAS.

He escrito mucho sobre las políticas públicas y lo he hecho desde la conceptuación que de ellas nos ofrece el profesor Baena del Alcázar en su obra de Ciencia de la Administración, porque sólo desde ella el concepto tiene verdadera utilidad política ya que en dichas políticas habrá intervenido la Administración pública evaluando su viabilidad y programando los recursos para su eficacia y ejecución. Fuera de esa idea básica, se puede hacer referencia a políticas públicas de un modo más general, constituyendo manifestaciones políticas o decisiones que no han sido objeto de una función administrativa respecto de ellas y que, por  lo tanto, simplemente forman parte de programas, intenciones o retórica con fines diversos, pero sin garantía de su eficacia plena.

Estas políticas que suelen ser de partido y dirigidas a producir un efecto electoral u ofrecer a los partidos que no gobiernan una vía para el pacto y la colaboración, administrativamente no son nada, pero socialmente sí, anuncian efectos políticos y concretos en las convicciones y vida de los ciudadanos, bien favorables o desfavorables. Pero son simples "políticas". Por eso si no llegan a ser públicas por haberlas asumido la Administración y haberlas considerado, valorado, programado y dotado, el ciudadano se frustra y se produce una reacción en contra del partido que juega, pues, retóricamente o pacta contra las ideas reales de sus votantes y la promesas realizadas en su programa electoral.

De otro lado, cuando la Administración actúa plenamente y muestra todas sus funciones respecto de las políticas públicas es cuando ellas suponen una innovación; es decir, realmente cuando se produce un cambio respecto de las políticas anteriores o de quien gobierna. Cambio y reacción suelen tener conexión. Y conviene, no obstante hacer constar que los cambios han de ser posibles en cuanto han de ser acordes con el derecho existente, básicamente respecto del ordenamiento constitucional, si no estaremos ante propuestas revolucionarias o hechos revolucionarios ilegales. Entra el derecho como elemento básico, ordenante y condicionante de las políticas públicas y que puede cambiarse en cuanto no cambie la Constitución que tiene sus propios mecanismos de cambio.

Por eso, cuando en las políticas públicas no interviene la Administración pública, parte esencial del centro decisor al respecto, todo puede fallar, pues en ella se han de producir las relaciones con los grupos de intereses y su valoración o consideración o no, con la vista puesta en los medios y recursos existentes y en el derecho vigente, de modo que se se está valorando la posibilidad y eficacia de la política de que se trate y, en consecuencia, la del cambio que implique o la forma de producir ese cambio y su oportunidad y legalidad.

Pienso pues que el efecto que se ha producido en las elecciones andaluzas tiene que ver con todo esto. Se han hecho políticas públicas sin apoyo administrativo o por una Administración formada en su cúpula organizacional por dependientes, partidarios y amigos del partido en el poder, o por su compromiso con los pactos con partidos distintos que necesita para mantener el poder. Por ello, muchas políticas de este tipo, no pueden ser luego plenamente eficaces y además provocan reacciones contrarias a ellas entre los ciudadanos por muchas posibles razones: porque afectan a su vida negativamente (impuestos desorbitados, intereses pequeños que se hacen generales, ineficacia, convicciones distintas, ilegalidad o inconstitucionalidad, corrupción, falsedad, etc.) y porque ven una clase política que realmente parasita el presupuesto y vive de él y que llega al empleo o cargo público de forma que se considera bastarda y clientelar. y convirtiendo lo excepcional en norma y en general.

La consecuencia es que la reacción ya no es meramente intelectual y ésta se convierte en actos o manifestaciones contrarias que piden el cambio y una nueva política general y lo políticamente correcto ya no es una ñoñez, sino ese cambio que elimina dentro de la legalidad a lo que cansa y molesta y que deja en su sitio a unos políticos y administradores que han vivido en la demagogia, en la ineficacia y en limbo bien retribuido. Y los que pierden en vez de pensar sobre el porqué de la reacción se lanzan a la descalificación también demagógica y como política que va a agravar su situación. 

Mientras tanto nadie nos habla de la Administración pública como corresponde, como elemento básico de la eficacia política y jurídica, ni nos propone una vuelta a sus principios fundamentales, sino que sólo se considera su disminución estructural o de plantillas. Pero, como política de las que hay que considerar simples y electorales, pero no participadas por la propia organización administrativa pública. Ya que ella está desprofesionalizada, porque es incapaz, por falta de organización, de reformarse y de establecer cómo. Y cuando llegue el momento de ello, se cesarán a los cargos políticos, la mayor parte sin otra vía de trabajo que el partido y éste, si ya no cuenta con poder o no existen puestos bastantes, los enviará al paro. Los funcionarios pueden ver que las políticas que han creado su puesto desaparecen y que sus puestos peligran o desaparecen también y nadie tiene organización o tecnoestructura que haya previsto las soluciones o reutilizacion de efectivos o los programas de formación que pueden precisarse para un reciclaje. Nadie conocerá en el momento preciso los puestos a suprimir y  los que han de crearse, para aprovechar los recursos existentes o programar la oferta de empleo público. Para que seguir, los lectores y funcionarios me entienden. Pero ante todo y ante lo que el cambio que se propuso supone en la organización administrativa, el proponente ¿será capaz de efectuarlo o dejará inefectiva, en parte o por completo, las políticas propuestas?

Más que nunca estamos pagando el abandono de la administración pública y sus fundamentos, porque a todos, hasta ahora, les ha convenido identificarla con las empresas y los empleados, cuando es una parte del poder público y de sus funciones y garantías. el mérito, la capacidad y la igualdad en el acceso a la función pública se ha eliminado de facto.


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