Se celebra hoy el 40 aniversario de la Constitución de 1978, que desde la concordia estableció un nuevo régimen jurídico y una nueva organización del estado español, o sea de España. Lo hizo, como toda constitución que se precie, comenzando por los principios básicos de aquél y la declaración de los deberes, derechos y libertades fundamentales de los españoles, que inspiran todo el resto del orden que establece, y los que rigen la política social y económica de España. Refleja, establece o reconoce, las instituciones y poderes también básicos y fundamentales, que constituyen el Estado español y la elaboración de las leyes o derecho. Después de estos elementos principales, el Título VIII regula la organización territorial del Estado, estableciendo unas instituciones y administraciones públicas. Pero no se trata de exponer lo que constituye nuestra Constitución, valga la redundancia, sino de reflexionar sobre su actualidad.
Precisamente esta organización territorial ha pasado a ser una de las cuestiones que causan hoy controversia política y afecta claramente a los españoles. De esto se ha hablado bastante en el blog. Así, pues vaya por delante, que el período de vigencia de esta Constitución y lo que significo en 1978 y sigue significando hoy, fija una valoración muy positiva de la misma. El transito que significó, implicó previos acuerdos y renuncias para llegar a un orden que satisfizo a todos, sobre todo en cuanto los españoles refrendaron el texto que se les expuso a votación.
No obstante, en este año, los partidos nacionalistas y algunos más extremos, dicen que esta Constitución no les representa. La cabeza de los nacionalistas catalanes, instalada en una de las organizaciones territoriales que establece la Constitución, dice que la misma es una prisión; sencillamente porque es el orden que no permite su contravención sino su permanencia y eficacia y, en todo caso, reformas según lo establecido en su propio texto. No le basta con una autonomía, ni un parlamento circunscrito a sus intereses, limitados a su territorio y ciudadanos, sino que quiere autodeterminación y una nación y estado propio. Precisamente, pues, una de las cosas que la autonomía acordada trataba de evitar, ya que era una de las cuestiones que dividía y no unía. Para estos la Constitución vigente no vale y hay que destruirla y por ello la contravienen permanentemente con la abulia política del poder central del Estado. Aquí me refiero en parte a esta situación.
Otros, ante la situación creada, las desigualdades generadas, el gasto desorbitado y crecimiento excesivo de las organizaciones administrativas, plantillas de personal, subvenciones a efectos electorales y de dependencia del poder consiguiente, desigualdades impositivas creadoras de desigualdades sin base, etc., consideran que las autonomías han de sufrir una reforma y que la descentralización no ha de ser política sino administrativa y que el estado central ha de recuperar competencias, partiendo además de que son suyas y están cedidas o traspasadas. Estoy repitiendo lo ya dicho el año pasado y es normal, pues los problemas ya existían entonces y antes.
Más allá de si nuestra Constitución tiene algunos puntos discutibles, derivados de los acuerdos y reconocimiento de derechos históricos -que hay quien considera que contradicen el principio básico de la igualdad de todos los españoles- lo que importa más es esta división respecto al valor y eficacia de la organización autonómica. Y en este blog he escrito mucho y la Constitución y sus reformas posibles han sido comentadas. Pero ante todo, creo que he considerado que estamos ante una muy buena Constitución y que los defectos que van surgiendo y la división de opiniones, nacen más bien de su ejecución que de ella misma; por lo tanto, por la actuación de los políticos que legislan y gobiernan y de los partidos políticos que los promocionan y alientan. Por ello, las elecciones andaluzas han puesto de manifiesto que son los ciudadanos, o sea el pueblo español, los soberanos y los que hartos pueden producir una reforma.
Bien estaban las cosas; sin excesos y con buen gobierno no se hubiera llegado a esto. La Transición, la misma Constitución, hizo que lo político predominara sobre lo administrativo. Lógico en su inicio, pero la organización territorial creada y el desenfreno en puestos y gasto y políticas y leyes inútiles, han hecho que cuarenta años después siga predominando la política y no haya verdadera gestión administrativa, sino una verborrea política insoportable y contradictoria con nuestra Constitución. Son las liebres que discuten sobre si son galgos o podencos y van a su destrucción.
Estaba bien y lo han estropeado. Los ciudadanos estaban dormidos y los han despertado. ¿Bueno?, ¿malo? Mejor que nada cumplir esta Constitución y respetar sus límites. Gobernar según ella y para la ciudadanía. No permitir a quién pretende romper la Constitución para romper España, y siempre respetar al ciudadano y su derecho a ser soberano y permitir que decida en los casos esenciales y comunes.
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