La noticia en Valencia de una exdirectora de la función pública que, vigilando en unas oposiciones, proporcionó a una amiga en un papel las respuestas correctas del ejercicio que se realizaba, provoca este comentario.
Si ya se podía decir que era incomprensible su acceso al cargo citado ahora se puede decir que tampoco merece ser funcionaria ni ser considerada como profesional. Y es que estos hechos ponen de manifiesto algo sobre lo que se ha insistido sin cesar en mis reflexiones y entradas de este blog. No hay administración pública, no hay función pública, no hay merito ni capacidad, sobre todo en los niveles superiores donde más importa. No hay principios de ninguna clase ni morales, ni técnicos o profesionales. La ley es una mera figura retórica, ineficaz cuando no interesa al nivel político o cuando de tratar de hacerla efectiva el funcionario puede entrar en colisión con la voluntad del político o el partido político de turno, o puede verse afectada su carrera, convertida en simple retribución. El funcionario al no tener libertad por su nombramiento a dedo, no tiene capacidad técnica porque no puede ejercerla contra la voluntad política, que de hecho no es la de la ley, sino la personal o de partido.
La consecuencia es que el mérito no se considera y, al no hacerlo, la capacidad es un hecho aleatorio y la ley no puede ser eficaz. El funcionario es empleado y lo público es una entelequia. El interés general, lo que conviene. El ciudadano una victima, que al acudir a la Administración o a la justicia juega a la lotería. La equidad algo incomprensible y la igualdad por tanto en lo sustancial no puede existir. En esta situación la permanencia en el empleo del funcionario público no es un derecho, debía estar sometida a nuevos exámenes de mérito y capacidad técnica, a una revalida permanente. Menudo cuento ha resultado la evaluación del desempeño.
Estos días se insiste en que los gobernantes lo han de ser para todos y no para los amigos del partido o personales. Pero es claro que esto no puede ser así sin que el funcionario no sea consciente de los principios constitucionales que inspiran la función pública y los morales que dicha función lleva implícitos. Desde lo más alto lo que se transmite es todo lo contrario, que el ciudadano no importa, no existe, se convierte en el amigo, en el recurrente pesado, en la molestia a evitar, etc. Y qué decir de la moral de los máximos gobernantes con méritos conseguidos de modo espúreo. Doctores tiene la Iglesia. Contemplar a la ciudadanía y sus derechos es construir una Administración pública de verdad no una covachuela de intereses bastardos.
Que quién ha sido responsable de la parcela de una función pública sea la primera en incumplir las bases esenciales del mérito, la capacidad y la igualdad es un síntoma nefasto, manifiesta el cáncer que corrompe el sistema y, por tanto, a la democracia española, si es que existe. Los hechos que nos cuentan son tan groseros que dan vergüenza y afectan a todos los funcionarios que aprecien su función y tengan vocación de servicio. Cabe que en el ejercicio de la función el caso particular, las conductas habituales, las disfunciones legales y reglamentarias maticen las resoluciones o los actos materiales y conductas respecto del ciudadano o administrado y que en algunos casos la rigidez de una norma sea corregida en un caso particular.
No tengo palabras para calificar lo que es una función pública profesional, pero en general, en toda ella, sobre todo en los que resuelven o sentencian, la moralidad ha de presidir sus actos, así como la equidad que permite que la igualdad se dé en su sustancia y que realmente exista. La formación del funcionario, como ya he dicho, es una especie de concurrencia de intereses de profesores, acumulación de falsos méritos, presentación de cargos públicos de una agenda repleta de actuaciones de efectos discutibles para el interés general y el ciudadano, y falta, precisamente, la inculcación de los valores precisos del servicio al ciudadano a través de la ley y el Derecho. Pero la verdad ¿alguien considera que importa la Administración pública en nuestra política actual? ¿Alguién cree en los valores predicados?
La consecuencia es que el mérito no se considera y, al no hacerlo, la capacidad es un hecho aleatorio y la ley no puede ser eficaz. El funcionario es empleado y lo público es una entelequia. El interés general, lo que conviene. El ciudadano una victima, que al acudir a la Administración o a la justicia juega a la lotería. La equidad algo incomprensible y la igualdad por tanto en lo sustancial no puede existir. En esta situación la permanencia en el empleo del funcionario público no es un derecho, debía estar sometida a nuevos exámenes de mérito y capacidad técnica, a una revalida permanente. Menudo cuento ha resultado la evaluación del desempeño.
Estos días se insiste en que los gobernantes lo han de ser para todos y no para los amigos del partido o personales. Pero es claro que esto no puede ser así sin que el funcionario no sea consciente de los principios constitucionales que inspiran la función pública y los morales que dicha función lleva implícitos. Desde lo más alto lo que se transmite es todo lo contrario, que el ciudadano no importa, no existe, se convierte en el amigo, en el recurrente pesado, en la molestia a evitar, etc. Y qué decir de la moral de los máximos gobernantes con méritos conseguidos de modo espúreo. Doctores tiene la Iglesia. Contemplar a la ciudadanía y sus derechos es construir una Administración pública de verdad no una covachuela de intereses bastardos.
Que quién ha sido responsable de la parcela de una función pública sea la primera en incumplir las bases esenciales del mérito, la capacidad y la igualdad es un síntoma nefasto, manifiesta el cáncer que corrompe el sistema y, por tanto, a la democracia española, si es que existe. Los hechos que nos cuentan son tan groseros que dan vergüenza y afectan a todos los funcionarios que aprecien su función y tengan vocación de servicio. Cabe que en el ejercicio de la función el caso particular, las conductas habituales, las disfunciones legales y reglamentarias maticen las resoluciones o los actos materiales y conductas respecto del ciudadano o administrado y que en algunos casos la rigidez de una norma sea corregida en un caso particular.
No tengo palabras para calificar lo que es una función pública profesional, pero en general, en toda ella, sobre todo en los que resuelven o sentencian, la moralidad ha de presidir sus actos, así como la equidad que permite que la igualdad se dé en su sustancia y que realmente exista. La formación del funcionario, como ya he dicho, es una especie de concurrencia de intereses de profesores, acumulación de falsos méritos, presentación de cargos públicos de una agenda repleta de actuaciones de efectos discutibles para el interés general y el ciudadano, y falta, precisamente, la inculcación de los valores precisos del servicio al ciudadano a través de la ley y el Derecho. Pero la verdad ¿alguien considera que importa la Administración pública en nuestra política actual? ¿Alguién cree en los valores predicados?
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