Cuando me refiero a la burocracia, normalmente, dado el perfil de este blog, lo hago desde un punto de vista técnico y en el sentido del poder y también del modelo weberiano que lo vincula con el derecho, al partir de las reglas a las que obedece el burócrata, pero existe la versión corriente o vulgar del papeleo y de los trámites irracionales. Esa irracionalidad se aprecia desde el sentido común del ciudadano y la incomprensión de una regla o de un acto, etc. Pero también se relaciona
con la falta de empatía que los funcionarios sufren al obedecer la regla que se les proporciona y obliga a seguir y en la que no tienen capacidad de variación o cambio, sea cual sea su personal consideración respecto de ella. Puede que sea incapacidad propia del funcionario para situarse en la posición de aquel con quien se relaciona o puede que no sea posible que lo haga porque, como he dicho antes, no puede cambiar la orden recibida o porque, en su caso, pondría en evidencia su irracionalidad. Entonces el funcionario se convierte en un muro frente al ciudadano, en una maquina, en una simple grabación como la que nos contesta a una llamada telefónica. Pero ese funcionario es la imagen de la Administración pública y lo que el muestra es lo que es ésta a ojos del ciudadano.
Todo esto viene a cuento de una grabación, que circula por las redes, realizada por un ciudadano al llamar telefónicamente para que hicieran a su mujer un test ya que trabaja en una residencia de ancianos, donde hay infección por coronavirus y que permanece acostada por tener fiebre, dolores, etc. La primera pregunta de la funcionaria o persona que responde a la llamada es si la residencia es pública o privada y al responder a la pregunta que es privada, se le responde que debe comunicarlo a los servicios de seguridad laboral de su empresa y que no pueden atenderle si no es así. No entro en todos los pormenores alrededor de esto, finalmente se dice que es la empresa la que debe decirlo al servicio público para que le atiendan.
Antes de seguir con otra parte, me detengo en este extremo. Hay un tramite que en buena lid podía ser evitado. La empresa privada tiene el mismo conocimiento que pueda tener el servicio público que atiende la llamada o que ha de hacer el test, de la realidad de lo que afirma el que llama y que tiene plena verosimilitud. Quizá podía haberse tomado nota de le empresa y conectar con ella o simplemente en base al principio de confianza ir a atender el caso. Mientras el llamante alucina, pues en el caso de que la residencia fuera pública, se supone que sería atendido.
El marido de la enferma, dice que, en consecuencia, el también necesitaría la prueba. Se le pregunta si tiene síntomas y dice que digestivos y fiebre. No se si antes o con posterioridad se le pregunta si él es esencial. !Asombro¡ Contestación: Hombre, no quiero morirme. Respuestas no le pregunto eso, sino si tiene una enfermedad anterior. A partir de aquí la conversación deriva hasta decirle que no se le puede atender. O sea el sujeto no está en la población de riesgo. Además en un momento en que el que llama dice que está grabando la conversación, pues ya ha llamado muchas veces, se le dice que también en el Servicio se graba y que la que le atiende es autoridad y no se pueden grabar las conversaciones con autoridades. Tendré que estudiar el asunto y muestro mi ignorancia supina al respecto.
Fríamente, la conversación entra en los registros de la sección de la antigua revista La Codorniz, denominada " Diálogo de besugos". Es cierto que la situación desborda a los servicios y que en el fondo la triste y terrible situación fuerza a la discriminación o a una selección de prioridades, pero esta verdad se oculta, perece ante la imagen que se ofrece, porque hay repercusiones indudables para el político y para la concepción del funcionamiento de nuestra Administración y función pública. Tanto asesor, coach y demás zarandajas, a las que los políticos y los especialistas en el management nos han conducido, producen estos efectos y prueban que importa ante todo la imagen del político y su permanencia en el poder y que esto se confunde con el interés general o público.
El funcionario que da la cara que transmite esa irracionalidad, no puede tener dignidad, le va el empleo o el expediente sancionador. Espero que no le afecte al sueño.
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