sábado, 31 de octubre de 2020

LA ADMISTRACIÓN PÚBLICA ¿UNA REFORMA IMPOSIBLE?

Escribía últimamente sobre la escasa atención que los partidos políticos prestan a la Administración pública, que es precisamente el instrumento dirigido a la eficacia política que conlleva la jurídica o eficacia de leyes y derechos fundamentales y subjetivos. Y me pregunto el porqué. Puedo pensar varias razones para que lo hagan, pese a que es seguro que en su seno cuentan con funcionarios en altos cargos o con formación suficiente y voy a tratar de razonar al efecto.

Una razón básica o general es la de que, como siempre se trata de obtener votos, lo principal resulta no afectar a los intereses de los grupos que en número importante puedan verse afectados por el programa o medidas a adoptar en caso de gobernar. De este modo todo queda en abstracciones y generalidades: cambio, reforma, saneamiento, progreso, mejora, eficacia, realismo y demás cosas semejantes, que en realidad no dicen nada. Y también llega la mentira como sistema. 

Así si uno se refiere a la Administración pública y su reforma, hay que considerar que, si se exponen medidas concretas o específicas, se van a ver afectados directamente una serie de funcionarios y cargos y cunde la alarma, con lo que piensan que no lleguen estos a gobernar que nos joroban o simplemente se crea inquietud y se alerta del cambio que se pretende.Y es que eso de "el pueblo" es una abstracción más, sobre todo si vemos quienes están comprendidos en ella: funcionarios, empleados públicos, autónomos, hosteleros, empresarios, jóvenes, jubilados, etc. La eliminación de organismos;la de políticas públicas obsoletas; la del exceso de cargos de confianza; la de puestos de libre designación ilegalmente llevados a una exageración en números y niveles afectados; la reestructuración de órganos y plantillas; el reciclaje formativo; la reducción del nivel político, etc. son simples ejemplos de la tarea enorme que se viene encima si hay verdadero propósito de saneamiento del tinglado e intereses existentes y, por tanto, de las dificultades.

Cualquier decisión política, de otro lado, requiere de la participación de la Administración pública y de un análisis de la viabilidad, oportunidad, legalidad y recursos disponibles para su eficacia y modo, procedimiento o sector público o privado que la ejecute. Me he referido muchas veces a la Tecnoestructura como organización y sistema de investigación y recogida de datos de la situación general de una Administración pública y donde cabe desde la evaluación y análisis de la eficacia y persistencia de las políticas públicas al trato de los datos recogidos en todos los sectores de la organización, sobre acumulación de tareas o carga de trabajo de unidades, elementos materiales, recursos humanos y todo un etc. más que permite reformar y al mismo tiempo tratar de aprovechar mejor todos los recursos. Esto no existe en el seno propiamente administrativo y ya sabemos que hay políticos que se apoyan en comités de expertos inexistentes, cuando la realidad es que no existen recursos para la correcta acción política y administrativa. Todo un mundo falaz y aún más, cuando para tapar agujeros y dar imagen de acción, se acude a una consultora externa que no sabe lo que es la administración pública y actúa en el sector privado o empresarial.

En una situación como la actual de crisis casi general cualquier incidencia en políticas que se han adoptado que llevan a un gasto excesivo bien demagógicamente, bien clientelarmente, provocaría una peor situación económica y de paro temporales, aunque sea necesario eliminar ese gasto y emplearlo en sectores que lleven a hacer eficaces políticas esenciales y fundamentales que están fallando y desorganizando la administración pública y sus servicios. La solución cómoda es más gasto y más endeudamiento y, de otro lado, una sociedad sin músculo, sumisa y dependiente. Y unos poderes autonómicos nacionalistas que no admitirían esas reformas posibles y necesarias.

Es indudable que una verdadera reforma administrativa hoy, parte de un saneamiento político y de las instituciones. O sea un valor especial y una formación muy importante en tres sectores política, derecho y administración llevados por actores o personas dignas, preparadas en saber técnico y moral y éticamente íntegros. La basura nos está cubriendo y ni las mascarillas sofocan el hedor.

En definitiva, un problema esencial, muy importante que requiere un poder ejecutivo fuerte y noble, que conozca cómo su organización administrativa es la base de una acción eficaz en todas sus vertientes. Ya en 1958 la Ley de procedimiento, nos marcaba tres sencillos principios que debía cumplir la actuación administrativa: economía, celeridad y eficacia. Tampoco eso en las actuaciones administrativas  actuales existe, sin hablar del poco respeto al principio de legalidad. Pero también se hacía referencia a la normalización y racionalización y de la información a terceros. Hoy siguen vigentes, no son franquistas, son el abc., el papel nuestro de cada día en la Administración.

Dada la dificultad de abordar la reforma necesaria, sería bueno que al menos estos principios de buena gestión se cumplieran. Pero el caos actual que ha provocado el coronavirus ha destapado nuestras vergüenzas.




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