En dos ocasiones anteriores me he tenido que referir al derecho a la huelga, atendiendo a dicho derecho en los funcionarios y respecto de los servicios públicos. La huelga de transportes existente en la actualidad, desde mi punto de vista, no sólo incide sobre lo que ya he manifestado, sino que nos evidencia otra serie de aspectos que son dignos de reflexión. En este sentido lo primero que quiero resaltar y reiterar es que la Administración pública es tal porque ha de servir a los ciudadanos y, como la Política hay que concebirla también como dicho servicio, sólo con carácter secundario cabe considerar a la Administración como una organización al servicio de los políticos. E insisto en la distinción entre Política y políticos.
El Gobierno es la organización política básica y esencial que para cumplir con su función y finalidad dirige a la Administración, no en sus aspectos técnicos, sino en la configuración de las políticas y fines públicos y en la adopción de decisiones, que en concepción política y jurídica incluye la adopción de medidas preventivas y coactivas en beneficio de los intereses generales, o que implica en muchas ocasiones la estimación y valoración de los derechos de los ciudadanos y, por tanto, el establecer aquellos que han de predominar sobre otros y actuar en su defensa utilizando la fuerza cuando es necesario. La pasividad y la inactividad cuando las consecuencias de una huelga son evidentes y se actúa en ella mediante piquetes coactivos es una dejación intolerable, bien porque indica una incapacidad política y de gestión, bien porque revela que lo que se mide es otra cosa que los intereses generales. Ningún partido político y gobierno ha querido regular el derecho a la huelga y no dudo que ello encierre dificultades, pero no puedo dejar de pensar que la realidad es que se piensa que es impopular y poco progresista. Creo que de lo que se trata hoy es de cosas tan esenciales que no podemos perder la perspectiva de las cuestiones básicas que justifican el poder del Estado y a éste como Estado de derecho. Los que nos ocupamos de la Administración pública no podemos perder la perspectiva política de ésta y del Derecho administrativo, aislándonos en los aspectos científicos o profesionales diarios. Nos hemos de situar como ciudadanos y aplicando nuestro conocimiento criticar lo que es criticable.
La huelga actual nos pone de manifiesto que, por ejemplo, los conceptos de trabajador y de servicio público que nos ofrece el Derecho, se superan cuando los contemplamos como ciudadanos y desde la realidad cotidiana y que en casos como éste no valen para nada. Sea como sea me veo perjudicado como ciudadano, porque si el Estado renuncia a la coacción y la permite en los piquetes, se nos ofrece un mundo del revés y si al final subvencionamos, reducimos impuestos, etc. voy igualmente a ser el pagano. Aquí se utilizan las reglas del mercado o de la publificación a conveniencia y pensando en el mantenimiento del poder. A mi edad y en mi situación se puede decir: Esto es una vergüenza que los profesionales de la Administración y del Derecho han de denunciar diariamente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario