La Administración pública puede ser considerada de muchos modos dependiendo de las preocupaciones principales de quien la analiza. Así puede ser concebida como poder al formar parte de los poderes públicos, también como parte del sistema jurídico, concibiéndola como elemento contribuyente en la ejecución de las leyes y en la garantía y eficacia de los derechos fundamentales y de los subjetivos o bien como una organización al servicio de los distintos poderes públicos. Pero es la Ciencia de la Administración la que nos ofrece una visión por la que la Administración pública se convierte en una red o centro de relaciones, tanto en su seno interno como con la sociedad. En el segundo caso se relaciona con los grupos de intereses que en aquélla existen y con motivo de las decisiones que les afectan. Es en estas relaciones donde se producen efectos más perturbadores, en cuanto el peso de los intereses económicos es mayor, y según cual sea la Administración pública de que se trate.
Viene a cuento esta disertación por los problemas que el ruido presenta en la ciudad de Valencia, o en la Comunidad en general, y en especial por el tratamiento municipal de la cuestión. El ruido más molesto para el ciudadano, por indeseado y no inevitable, es el generado por la acumulación de bares, pubs, terrazas al aire libre, etc., bien autorizados, bien permitidos por los municipios. Ruido que va acompañado de otras molestias anejas provocadas por los efectos del alcohol o por la mala educación de los clientes de los mencionados establecimientos. Para que aprecien mejor las circunstancias les remito al artículo del diario Las Provincias: Redada policial en pubs de Cánovas, donde pueden los lectores ver cómo parte de los que se incluyen en el grupo de los hosteleros, pero que son simples expendedores de alcohol, incumplen la ley y cómo los destinatarios del alcohol se comportan y cómo las Administraciones públicas, en vez de la labor diaria de control y sanción, han de acudir a operaciones extremas.
De otro lado, el vecino, el simple ciudadano, el que se ve afectado en mayor grado, porque se perjudica su descanso y su entorno, es el peor tratado, pues no entra en la red de relaciones a la hora de conformar las decisiones, pues, en principio, no forma parte del sector económico y no es un lobbit en el sentido técnico de la palabra. Todo lo más puede que se integre en una asociación de vecinos, a la cual, el Ayuntamiento, si está mayoritariamente configurado por la derecha y aquélla no forma parte de las alentadas por el partido político de turno, va a considerar que forma parte de la oposición. En resumen, entre intereses económicos y grupos de presión, ingresos tributarios por licencias y autorizaciones, puesta del dominio público de las aceras en manos de los establecimientos de ocio, permisividad hacia los jóvenes, incapacidad técnica y material de hacer cumplir las leyes y la alegría de la huerta valenciana, el vecino, pese al pago del impuesto de bienes inmuebles, es desconsiderado y maltratado. Pueden ver en el mismo diario lo que, por ejemplo, está pasando en cuanto a las zonas acústicamente saturadaS y en especial por lo que se refiere a la zona de Juan Llorens y su repercusión en las otras existentes y la reacción de los vecinos del Carmen por la situación. En el primer caso, se han mantenido reuniones con los hosteleros y no, por ejemplo, con los recurrentes que lograron judicialmente la declaración de zona acústicamente saturada, por lo que es indudable que el trato es sustancialmente diferente, los primeros negocian y, por la solución adoptada, logran argumentos para revisar otras declaraciones de anteriores de Zas y los vecinos son remitidos a la vía judicial o a la queja diaria ante el teléfono policial y su contestador anunciando que las líneas están saturadas y que no se puede atender su llamada.
La aplicación del derecho y su interpretación aún depende del peso político y económico de los intereses en juego y muchos funcionarios no son más que agentes favorables a que la situación se produzca, pues son meros servidores y personal de confianza de quien decide y no de la ley y el Derecho.
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