EL PRESTIGIO Y LA DIGNIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

Al referirse a los funcionarios públicos es normal generalizar, cuando lo cierto es que hay muchas clases de funcionarios y que no todo lo que se dice de ellos es aplicable a sus diferentes clases y niveles. Lo normal es que mis referencias se realicen partiendo de mi experiencia personal y, preferentemente, pensando en el conocido como nivel burocrático y también en la administración general, aunque sin descartar a los especialistas que se integran en dicho nivel burocrático y jerarquizado.

El funcionario público no está bien visto por la ciudadanía y es general el identificarlo con el comportamiento burocrático. Lo normal es que se piense que tiene un trabajo cómodo y garantizado, lo que implica, según opiniones comunes, un privilegio frente a los trabajadores del mundo civil. No es preciso que hoy repita e insista en el concepto estricto del funcionario público, ni que vuelva a insistir en el de función pública o funciones públicas y su importancia como garantía de los derechos de los ciudadanos y de la eficacia de las políticas públicas. Las críticas a los funcionarios públicos no siempre son objetivas pero han de ser consideradas. Buena parte de los que critican a la función pública son incapaces de enfrentarse a una oposición de ingreso en la misma, sin que ello signifique que el sistema sea lo más racional o que se trate de personas inútiles, ni mucho menos. Y es aquí donde voy a ceñirme al tema que comprende el título de este post.

Al referirnos al prestigio del funcionario hay que hacerlo desde el punto de vista social y desde el del propio conjunto de los funcionarios y, desde los dos, este prestigio está conectado con la dificultad de las oposiciones correspondientes para el ingreso en el cuerpo de funcionarios, lo que normalmente lleva aparejado el nivel retributivo de sus componentes y su poder en el seno de la organización administrativa y, en consecuencia, en la sociedad o grupos sociales y de intereses con los que se relacionan a través de su función. De este modo, y todavía más atendiendo al nuevo Estatuto del Empleado Público, el cuerpo de funcionarios y la dificultad de las correspondientes pruebas selectivas se convierte en la clave del prestigio funcionarial y en un sistema de defensa del grupo que se organiza corporativamente, pues así se defiende del “intrusismo”, considerando como tal el acceso a sus funciones de personas que no han realizado las correspondientes oposiciones o que pertenecen a otros cuerpos.

Pero como el nivel de politización es muy alto y muy fuerte la necesidad política de contar con personas de confianza en todos los niveles, el sistema ha creado un ámbito de nivel directivo y superior, coincidente con funciones comunes y generales, cuyo contenido profesional es, principalmente, adquirible en el seno de la propia Administración; nivel en el que rige la libre designación y la adscripción múltiple de sus puestos de trabajo, de modo que a estos niveles superiores se puede acceder desde distintos cuerpos, en perjuicio de los administradores generales en la concepción que con más firmeza se inicia en 1964. Y en esta zona se produce la politización que alcanza a puestos de contenido garante y sometidos al principio de legalidad sobre cualquier otra dependencia. De este modo, una buena parte de la Administración pública se somete al criterio del político que ha desinado al funcionario para el puesto correspondiente y las garantías formales establecidas por el ordenamiento jurídico desaparecen.

El cuerpo funcionarial no se desprestigia, normalmente su función es otra distinta de la que el miembro designado para un puesto de libre designación realiza, pero la organización y sus procedimientos formales sufren un desgaste y un desprestigio cada vez mayor, los cuales alcanzan al cuerpo funcionarial cuando sus puestos superiores también se clasifican de libre designación, aun cuando ésta sólo se produzca entre miembros de un solo cuerpo. La Administración general y burocrática es la que sufre el mayor desprestigio y la indignidad de los funcionarios, pues atrapados por el nivel del puesto y su retribución son incapaces de decir no cuando toca y se convierten en títeres ocupados en obedecer la dirección que le marcan los hilos que les sostienen. Ejemplos como los que el otro día ponía dirigidos a impedir el acceso a los expedientes administrativos son válidos para comprender la situación.

En definitiva, el ordenamiento jurídico, los políticos y los cuerpos de funcionarios han conseguido un sistema en el que todos pueden convivir pero el ciudadano no se entera de su verdadera situación, atrapado en la queja contra la burocracia de la ventanilla y del papeleo, se olvida de la idea de la función pública como garantía de todos sus derechos y la institución que aquélla supone se torna ineficaz cuando no inexistente.