lunes, 3 de agosto de 2009

GOBERNANZA Y CAMBIO POLÍTICO

Si hubiese que resumir la característica actual más relevante del ejercicio de la política, sería la de gobernar la complejidad con un alcance hasta ahora nunca conocido. En el ámbito autonómico y local presenta, además, la nota de que es preciso gestionar los asuntos más cercanos de los ciudadanos en un contexto globalizado que en ocasiones llega a confundirse con lo inmediato. Por eso puede afirmarse que el factor clave de los gobiernos actuales es el buen manejo de las relaciones intergubernamentales y su relación con las organizaciones privadas y las asociaciones ciudadanas. De esta manera, para resolver muchos de los problemas sociales es necesario establecer estrategias que transcienden muchas veces el límite territorial, e incluso estatal, que impliquen a actores de la más diversa naturaleza.
Se ha llegado a esta situación debido a:
- la fragmentación e interconexión de las políticas entre los diversos niveles territoriales;
- la intervención de un número mayor de actores políticos en las distintas fases del proceso de las políticas públicas;
- la interdependencia y la complejidad creciente de las cuestiones políticas y sociales;
- la universalidad de las políticas públicas; la descentralización y la fragmentación del Estado;
- la difuminación de las fronteras entre el ámbito público y el privado; la transnacionalización de la política;
- la complejidad técnica de la acción pública; la insuficiencia financiera de las instituciones públicas; y la incertidumbre del entorno socio-organizativo.
Una característica de nuestros sistemas políticos avanzados es el alejamiento progresivo de los ciudadanos de las instituciones democráticas y de sus representantes. Las encuestas y estudios nos muestran de una forma reiterada que:
- la adhesión ciudadana a las instituciones políticas es baja;
- la política es vista con desconfianza;
- los partidos políticos suscitan poca confianza, mientras que las organizaciones no gubernamentales, por el contrario, alcanzan una elevada aceptación;
- la abstención electoral es elevada, especialmente en el entorno de las grandes ciudades y entre los jóvenes.
Las causas de los problemas actuales de la acción política y de sus instituciones hay que buscarlas, en primer lugar, en los problemas de articulación entre las exigencias de la competición electoral y las necesidades de la ejecución de las políticas públicas; es decir, entre la lógica de los partidos y de los procesos electorales y la resolución de los problemas sociales. A esto hay que añadir las debilidades del sistema democrático: problemas en la composición y la selección de las elites representativas (profesionalización de la vida política); obstaculizan de la participación real de los ciudadanos anónimos en la vida política (inexistencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas); papel casi monopólico de los partidos como catalizadores de la participación; dificultad de los ciudadanos para explicar sus preferencias y opiniones (alejamiento de la ciudadanía de la política, sus instituciones y sus dirigentes).
Por otra parte, la gestión pública sigue siendo percibida, a pesar de los importantes esfuerzos realizados en materia modernización, de externalización o privatización de servicios, de informatización de sus procesos, o de incorporación de las técnicas del sector empresarial privado, como lenta, burocrática, impersonal y alejada de las necesidades y referentes de los ciudadanos. Además, en los últimos años en nuestro país se observa una preocupante caída en la satisfacción del funcionamiento de los principales servicios públicos, como la educación o la sanidad.
Las razones del comportamiento anterior hay que buscarlas en la mayor exigencia de los ciudadanos a los servicios públicos; en su elevada autopercepción de ser contribuyentes del sistema; en la incapacidad financiera, organizativa y de medios humanos para atender todas las demandas sociales; en el incremento importante de la población inmigrante, especialmente en las grandes ciudades; y en la baja adhesión a las instituciones políticas y sus dirigentes
La conclusión de lo anterior es que hoy un gobierno no puede adoptar decisiones y ejecutar las políticas públicas autonómicas exclusivamente dentro de la tradicional estructura administrativa y legal. Tampoco puede atribuirse la exclusividad del control social y de los recursos esenciales, ni ser el único actor relevante, ni esperar que su decisión se acepte por los otros poderes territoriales, ni, sin discusión, por los ciudadanos y por las organizaciones sociales. Esto le obliga a desarrollar estrategias de alianzas sólidas y flexibles con el ámbito empresarial, los ciudadanos y el tercer sector para lograr los objetivos de la acción pública. De ahí que nos encontremos ante un gobierno compartido donde ningún actor tiene todos los recursos ni la información suficientes para afrontar los problemas unilateralmente con suficiente éxito y legitimidad.
El enfoque de la gobernanza enmarca desde los años noventa las consideraciones anteriores y concede una importancia central a los diversos integrantes que intervienen en la acción política y social. También implica una reorientación de la actuación pública hacia los intereses políticos y sociales del ciudadano. Éste, considerado como cliente, había quedado un tanto postergado en las frías corrientes de la calidad, la eficacia y la eficiencia de las últimas décadas. Así, resurge el ciudadano en su consideración política, como sujeto de derechos y obligaciones y co-conformador del sistema político.
El término de gobernanza es polisémico, aunque se pueden extraer una serie de notas de las diversas aproximaciones realizadas a él tanto por la comunidad científica como por organismos como el Banco Mundial, la Comisión Europea o la OCDE. Así se vincula a: grado de legitimidad, representatividad, responsabilidad ante el ciudadano, eficacia; inclusión de los actores sociales y de los ciudadanos en las redes de elaboración e implantación de las políticas públicas; y adaptación de la gestión pública, a un contexto y a unos fines políticos.
Una definición sintética de gobernanza podría ser: un proceso de coordinación de una red de actores, grupos sociales e instituciones nacionales e internacionales para lograr metas definidas colectivamente en entornos fragmentados y caracterizados por la incertidumbre. El liderazgo de esa coordinación corresponde indudablemente al gobierno autonómico y a sus dirigentes políticos, con el Presidente a la cabeza, que tiene que presentar un proyecto de Comunidad Autónoma para que se concrete y se ejecute por medio de los intereses existentes. En este concepto se enfatiza en la visión política de la ciudad, de sus ciudadanos y de la gestión pública.
Las numerosas iniciativas sobre gobernanza que se llevan a cabo en los países de la OCDE tienen en común el fortalecimiento de la democracia participativa y deliberativa mediante medidas muy concretas, a la mejora de la gobernanza; utilizar un enfoque de participación de abajo-arriba; fomentar la adopción de soluciones deliberativas; empoderar a los ciudadanos de forma que puedan ejercer un control más eficaz de las instituciones políticas y de sus integrantes; limitar del poder de los integrantes de las instituciones públicas a través de la aprobación de códigos de buen gobierno o códigos éticos; incrementar los derechos de los ciudadanos respecto de los poderes públicos y fijar su obligaciones, a través de las de cartas de ciudadanía.
En definitiva, la gobernanza implica y exige un cambio en la forma tradicional de gobernar; persigue, en primer lugar, la integración de los elementos que intervienen en el gobierno de la sociedad con el fin de que los dirigentes políticos logren una mayor legitimidad, a la vez que el logro de una mejora de la gestión política

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