Las nuevas misiones de los Estados contemporáneos y las crecientes y diversas demandas sociales requieren que los actores gubernamentales y sociales se integren en redes complejas bajo fuertes liderazgos políticos. La estructura de las relaciones intergubernamentales españolas no es la adecuada para afrontar los nuevos retos de una gobernanza compleja y para dar una respuesta eficaz a los problemas derivados de la globalización, la competencia internacional y la transversalidad de las políticas públicas. El bloque Gobierno-Administración General del Estado (AGE) ha perdido peso y liderazgo en el entramado intergubernamental español, no aplica una orientación estratégica y sistémica a sus procesos de reforma, estos carecen de suficiente liderazgo político, son parciales, excesivamente basados en la formalidad legal y no han incorporado suficientemente a los actores territoriales, especialmente a las comunidades autónomas, a las dinámicas y políticas estatales.
El bloque Gobierno-AGE ha basado sus reformas en los aspectos organizativos y en la flexibilidad y la autonomía y no en la orientación a la mejora de los resultados del conjunto de la Administración, como han hecho los países de nuestro entorno. A la vez, ha existido una tendencia creciente y común a todos los gobiernos a incrementar el control político de la AGE. En esta tendencia cobra un papel dominante la concentración de poder en torno al Presidente del Gobierno y su predominio sobre los ministerios.
Los diversos planes de reforma sobre la AGE se inscriben en la corriente gerencialista de búsqueda de la eficiencia y la calidad y suelen contener una serie de propuestas operativas, a veces de escaso calado, que no han alterado los fundamentos de la cultura burocrática y, sobre todo, sus relaciones con los otros poderes territoriales. En los últimos años se han incorporado medidas vinculadas a la gobernanza democrática y la buena Administración que hacen incidencia en la responsabilidad, la rendición de cuentas y la transparencia, aunque su enunciado y resultados son débiles.
El intenso proceso de transferencias realizado a las comunidades autónomas ha generado en el bloque Gobierno-AGE una estrategia de supervivencia que se concreta en mantener su modelo de actuación, no modificar el statu quo de relaciones intergubernamentales y resistirse a alterar su dimensión organizativa. Esta estrategia se completa con otra de desgaste basada en relaciones de desconfianza frente a los otros poderes territoriales, a pesar de la creciente pérdida de referencia institucional experimentada por la AGE.
Es preciso redefinir la misión de la AGE y elaborar una estrategia que se centre en sus fortalezas, basadas en la calidad de sus medios y en ser un referente histórico, con el fin de ofrecer una posición integradora y de liderazgo para todo el Estado. Para ello debe planificar a largo plazo y establecer medidas de coordinación interna frente a la fragmentación actual con el fin de ofrecer una estrategia común a los otros poderes territoriales, a los que debe integrar profundamente en sus procesos. Además, la AGE debe entender que las reformas internas que buscan la eficiencia y la calidad de los resultados no pueden realizarse de una manera eficaz si no implica a las otras Administraciones públicas. Esto lleva la necesidad de que la AGE conciba al conjunto de las Administraciones públicas españolas de una manera integral, al formar parte de un mismo sistema político y administrativo, que precisan de una estrategia conjunta bajo el liderazgo del bloque Gobierno-AGE. Esta nueva visión requiere de unos nuevos recursos humanos y de todo tipo, del fortalecimiento del personal directivo y de la potenciación de aquellas capacidades necesarias para que la AGE pueda ejercer el liderazgo intergubernamental.
El bloque Gobierno-AGE ha basado sus reformas en los aspectos organizativos y en la flexibilidad y la autonomía y no en la orientación a la mejora de los resultados del conjunto de la Administración, como han hecho los países de nuestro entorno. A la vez, ha existido una tendencia creciente y común a todos los gobiernos a incrementar el control político de la AGE. En esta tendencia cobra un papel dominante la concentración de poder en torno al Presidente del Gobierno y su predominio sobre los ministerios.
Los diversos planes de reforma sobre la AGE se inscriben en la corriente gerencialista de búsqueda de la eficiencia y la calidad y suelen contener una serie de propuestas operativas, a veces de escaso calado, que no han alterado los fundamentos de la cultura burocrática y, sobre todo, sus relaciones con los otros poderes territoriales. En los últimos años se han incorporado medidas vinculadas a la gobernanza democrática y la buena Administración que hacen incidencia en la responsabilidad, la rendición de cuentas y la transparencia, aunque su enunciado y resultados son débiles.
El intenso proceso de transferencias realizado a las comunidades autónomas ha generado en el bloque Gobierno-AGE una estrategia de supervivencia que se concreta en mantener su modelo de actuación, no modificar el statu quo de relaciones intergubernamentales y resistirse a alterar su dimensión organizativa. Esta estrategia se completa con otra de desgaste basada en relaciones de desconfianza frente a los otros poderes territoriales, a pesar de la creciente pérdida de referencia institucional experimentada por la AGE.
Es preciso redefinir la misión de la AGE y elaborar una estrategia que se centre en sus fortalezas, basadas en la calidad de sus medios y en ser un referente histórico, con el fin de ofrecer una posición integradora y de liderazgo para todo el Estado. Para ello debe planificar a largo plazo y establecer medidas de coordinación interna frente a la fragmentación actual con el fin de ofrecer una estrategia común a los otros poderes territoriales, a los que debe integrar profundamente en sus procesos. Además, la AGE debe entender que las reformas internas que buscan la eficiencia y la calidad de los resultados no pueden realizarse de una manera eficaz si no implica a las otras Administraciones públicas. Esto lleva la necesidad de que la AGE conciba al conjunto de las Administraciones públicas españolas de una manera integral, al formar parte de un mismo sistema político y administrativo, que precisan de una estrategia conjunta bajo el liderazgo del bloque Gobierno-AGE. Esta nueva visión requiere de unos nuevos recursos humanos y de todo tipo, del fortalecimiento del personal directivo y de la potenciación de aquellas capacidades necesarias para que la AGE pueda ejercer el liderazgo intergubernamental.
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