lunes, 26 de abril de 2010

HACIA UNA NUEVA TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La incorporación de las técnicas y métodos de gestión de las organizaciones comerciales a la Administración pública genera ciertas reticencias ideológicas y también de carácter cultural. Es posible que el rechazo de los enfoques eficientistas en el ámbito público provengan de la frialdad con la que tratan los asuntos que tienen que ver con la satisfacción de una parte importante del bienestar de la sociedad. También es probable que el rechazo se deba a que las propuestas de reforma no alcanzan a las causas del mal funcionamiento de la democracia representativa y se detienen solo en los aspectos de gestión. Esto ha llevado a algunos autores a enfatizar en la finalidad última de la Administración, en su misión, utilizando la terminología de la calidad.

En las últimas décadas se ha producido una contestación al movimiento de la nueva gestión pública, en la línea que se ha visto en las críticas recogidas en las páginas anteriores, articulándose a través del enfoque del Nuevo Servicio Público. La contestación no aboga por volver a la Administración burocrática tradicional ni por abandonar la línea de la eficiencia que indudablemente es un logro de la nueva gestión pública. Lo que se plantea ahora, cada vez con más fuerza, es hacer hincapié sobre todo en los aspectos relacionados con la eficacia indirecta, es decir, los efectos no buscados de la acción. De ahí ha surgido la necesidad de adjetivar la eficacia o la eficiencia, y sus diversas formas, con el calificativo de social. No se trata de algo añadido, sino que cualifica sobremanera al sustantivo hasta transformarlo en un nuevo concepto. Éste necesariamente transciende el ámbito administrativo de la gestión pública, requiere un enlace con la finalidad de toda acción pública y se debe manifestar mediante la incorporación de nuevos referentes de actuación pública a la política y a la gestión pública. De esta manera, el ciudadano aparece como el eje central de la actuación pública, no en el sentido en el que, como hemos visto, señalan los movimientos de la calidad, sino como referente desde el que la actuación pública tiene sentido. Sin duda se trata de rehumanizar la función pública y la política, de volver a otorgar la ciudadanía al usuario de los servicios públicos y de recordar el significado de servicio y de servidor público.

Los hechos y el tiempo transcurridos desde los primeros ensayos basados en la nueva gestión pública hacen que sea un momento propicio para reconciliar de nuevo la libertad en la esfera privada, reforzada con los movimientos eficientistas y de calidad, con un debate público sobre los valores comunes en la esfera colectiva con el fin de fortalecer la democracia representativa, sus instituciones y que sus responsables e integrantes ganen prestigio y aceptación social. Este planteamiento hace que algunos autores señalen que esta búsqueda de una nueva teoría sobre la Administración lo que pretende realmente es construir una nueva teoría de la democracia liberal.

La elaboración de una nueva teoría sobre la Administración partiría de la necesidad de que sirva para fortalecer la democracia representativa y sus principios. Asumiría algunas de las aportaciones de los enfoques que se han ido sucediendo en las últimas décadas y debería construir un conjunto unificado de valores, temas y principios para expresar la realidad actual, para inspirar y asistir a los funcionarios públicos y para ofrecer una respuesta satisfactoria a las necesidades y expectativas de los ciudadanos.

Una nueva teoría de la Administración pública debe partir del concepto de bien común que ha de concretarse en una nueva alianza entre el poder público y los ciudadanos. Esta alianza debe fortalecer las ideas de ciudadano y de ciudadanía como referentes de la actuación pública y como una nueva manera de relacionarse el Estado con la sociedad, en la que el primero asume un liderazgo responsable y la segunda se involucra en la marcha del primero. Todas estas cuestiones remiten al tema central de la democracia, que hay que encontrarlo en el significado del poder político, en la naturaleza del ciudadano y su papel en la sociedad y en las instituciones políticas. Es la contraposición entre persona/ciudadano y ejercicio del poder la que da lugar a la evolución del concepto de democracia.

No tiene sentido abordar un nuevo enfoque de la Administración y tratar de elaborar una nueva teoría sobre la misma si se desliga de su naturaleza política y de su colaboración en el fortalecimiento de la democracia. Esto implica deslindar claramente lo que son medios y lo que son fines, lo que, por desgracia, se ha enmarañado en las últimas décadas. A partir de entender a la Administración como un elemento central del sistema político y de la democracia es posible redefinir cuestiones clásicas como la eficiencia, la eficacia, el bien común o interés general, el sometimiento de los ciudadanos a la autoridad pública, la relación entre políticos y ciudadanos, la adhesión de estos a las instituciones o la participación de los diversos intereses en los asuntos públicos, entre otras.

La cuestión central de una nueva teoría sobre la Administración pública no reside en la incorporación de nuevos instrumentos de gestión pública ni en buscar nuevos elementos que la conformen, ni siquiera en buscar nuevas combinaciones a los existentes. Las diversas corrientes que la han atravesado en el último siglo aportan suficientes materiales para construir un nuevo edificio. Lo que se precisa es una nueva orientación en la dirección de que lo propio del servicio público es la democracia, esto es, la defensa de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, asegurar el cumplimiento de las responsabilidades ciudadanas, el control del ejercicio del poder político y de sus instituciones y lograr una sociedad más cohesionada y justa.

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