EL CONCURSO COMO PROCESO SELECTIVO.

En la primera jornada o sesión del curso sobre la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, en la mesa redonda se plantearon algunas cuestiones que han sido tratadas en este blog, pero que pueden ser de nuevo comentadas. Por ejemplo; Eduardo Costa, en su ponencia sobre ingreso y provisión de puestos de trabajo se admiraba, con cierto tono crítico, del hecho de que para utilizar la forma del concurso como sistema selectivo se exigiera una ley de Les Corts. Dicha exigencia de una ley, proviene, en realidad del Estatuto Básico del  empleado público que en su artículo 61.6 nos dice: Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.

La crítica me hizo recordar en la primera ley valenciana de función pública, 10/1985, primera en pasar el tamiz del Consejo Superior de la Función Pública, se establecían unas limitaciones a la figura del concurso. En esta ley, como ya he dicho, tuve una contribución muy directa y lo que en ella se establecía era que Con carácter extraordinario, previa autorización del Consell, en puestos singulares que por sus especiales y concretas características no se ordenen en una de las clases previstas en el artículo 4 de esta Ley, y requieran una preparación muy cualificada, la selección y el acceso puede realizarse mediante el sistema de concurso con Tribunal y con respeto de todos los principios constitucionales señalados para las pruebas de habilitación.

Para la dotación de estos puestos en los Presupuestos Generales, será preciso acompañar el expediente de su clasificación.

¿Cuál es la razón de estas limitaciones? Yo puedo explicar las que en su momento se tuvieron en cuenta o comentaron a la hora de redactar el precepto de la primera ley valenciana. En dicho momento la presión de los cargos políticos y superiores de cada Conselleria para obtener recursos humanos era importante, siendo así que cualquier reclutamiento quedaba condicionado a las nuevas leyes de desarrollo de la legislación básica. Además, la pretensión no era sólo la de conseguir personal, sino que en la mayoría de los casos se trataba de colocar o traer a una persona que, por supuesto, según el proponente, no tenía rival y era un gran experto en la materia correspondiente. Al mismo tiempo se estaba pendiente de las transferencias de personal desde la Administración central y también existían expectativas del personal ya transferido y de funcionarios de la Administración local. Dados los antecedentes y aun considerándose la idoneidad del sistema para la movilidad entre el sector privado y el público o dentro del sector del personal laboral, ante la voracidad demostrada por los cargos políticos y los intereses existentes, creo que se impuso la desconfianza respecto del uso que se pudiera hacer del sistema; de ahí la restricción, menor que la actual, de exigir una previa autorización del Consell y limitarse a puestos no ordenados en las clases previstas en el artículo 4 de la ley. Clases previstas para la Administración especial y en los grupos A y B. El lector avisado ha de entender que las mencionadas clases no eran otra cosa que los cuerpos tradicionales, pero cuya constitución nunca se llevó a término.

Si bien la redacción del antiguo artículo 11 no lo establecía con claridad, su contenido se dirigía más al Sector de Administración especial que al de Administración general, al igual que las clases. Pero la realidad es que al leerlo en la actualidad, la redacción establecida no excluía la posibilidad de referirse a puestos de Administración general. Sea como sea, se hubiera interpretado como se hubiera interpretado, lo cierto es que yo, particularmente, no conozco que se hiciera aplicación del mencionado artículo 11 de la ley 10/1985.

Sin embargo el EBEP va mucho más allá y establece la exigencia de una norma con rango de ley para, con carácter excepcional, permitir el concurso. Personalmente no me cabe duda de que la desconfianza que ello supone respecto del sistema y de la gestión de personal es de origen funcionarial más que político, ya que, tampoco me cabe duda de que el político estaría encantado de ampliar la posibilidad de llevar personas del sector privado al público sin el freno de las pruebas selectivas y mediante un sistema laxo de mérito y baremos “ad hoc” para favorecer la llegada del candidato previsto. Se ampliaría pues el sistema permitido para los cargos políticos para una buena parte de la administración propiamente dicha. Personalmente ante la experiencia de la libre designación y otras, pienso que el sistema de mérito y capacidad y la igualdad en el acceso quedarían totalmente destrozados y como un mero campo de uso retórico como lo es hoy la referencia a la democracia.

¿Exagerada la exigencia?  Inicialmente, pues, puede parecerlo ya que un sistema técnicamente apropiado queda prácticamente eliminado, pero la falta de garantía de imparcialidad y neutralidad del sector superior de nuestras Administraciones públicas, no permite pensar que la corrupción del sistema y el quebranto de principios fundamentales no fuera la consecuencia corriente.

Mediten los lectores qué cabe pensar de una ley o un legislador o del pacto tácito que establecen  que no sólo las subdirecciones generales, cuyo nivel es una novedad de la vigente ley valenciana, sino las jefaturas de servicio con carácter general sean de libre designación. ¿De verdad, algún funcionario con una mínima experiencia piensa que eso garantiza algo?  Ya se vio el resultado de la encuesta realizada al efecto un 96 por cien piensa que no. Sólo una cosa garantiza pues, la comodidad del sistema para políticos y funcionarios, ya que sí así se diseña legalmente es porque todos están conformes. ¿De qué sirve tanta mandanga (pues así hay que considerar la cuestión dadas estas decisiones legales) de los principios y fundamentos de actuación, de la formación permanente y de tanta clasificación de puestos?  El legislador se convierte en clasificador regio y contradice los propios principios informadores y fundamentos de actuación que establece la ley. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se superan las contradicciones en el seno de una misma ley? Para mí aplicando los principios informadores y básicos sobre la decisión concreta y contraria a los mismos o apreciando si la aplicación del precepto supone dicha contradicción. Es decir, señores magistrados de lo contencioso cuando se discuta ante ustedes un nombramiento de libre designación, contrapongan éste con los principios del artículo 2 de la Ley valenciana vigente. Si hay contradicción con ellos, se puede anular, no hace falta anular el precepto legal, seamos valientes que la continua anulación de acciones inadecuadas y contrarias a la ley, pues eso son los principios que ella mantiene, dejen obsoletos los preceptos ilegales en el fondo y caigan por sí mismos. Eso es una forma de no convertir al malhadado Tribunal Constitucional en una instancia judicial más, colapsada e inaccesible por sistema. Pero esto es harina de otro costal.