MI HEMEROTECA: Una cuestión de falta de ética o moral

La contratación pública es uno de los campos, junto con el de las subvenciones y la creación de personas jurídicas regidas por el derecho privado en que la corrupción se muestra con más frecuencia e intensidad y ello es causa de que soluciones técnicas que reportarían mayor racionalidad y eficacia a las Administraciones públicas, no puedan ser aplicadas o fracasen, pues permiten eludir garantías que el Derecho administrativo o la actividad pública exige o porque las personas que actúan o prestan el servicio no tienen independencia o no actúan conforme a los principios básicos del ordenamiento jurídico o carecen de la moral exigible en el servicio político y administrativo al público. En relación con ello en 10 de marzo de 1993, en el diario Las Provincias, se publicaba este artículo mío:

El presidente de la Junta de Castilla y León, don Juan José Lucas, discrepa de sus compañeros de partido que consideran que el mejor sistema de contratación pública es la subasta y pone como ejemplo que un buen número de obras no se ejecutan porque los adjudicatarios de obras por subasta realizaron ofertas temerarias que luego son imposibles de cumplir. Vamos que ocurre un poco como en política.

El hecho, desde mi punto de vista, pone de relieve que las cosas no son tan simples como a veces se plantean y en el caso de referencia de los contratos públicos, resulta que la experiencia de muchos años de administración pública han permitido concluir que la mejor oferta económica puede realmente no ser la mejor en el sentido global y que los aspectos técnicos de un proyecto y la seriedad y solvencia de la empresa son también factores determinantes a la hora de conceder una obra pública.

El problema es que la cuestión de la corrupción se ha evidenciado precisamente en el sector de los contratos y concesiones públicas, pero ello no tiene su origen en un defecto del sistema, internacional de otra parte, sino de la falta de ética y moral de las personas que prescinden de las leyes y sus finalidades para vulnerarlas y desviarse de los fines públicos y, también, del consentimiento de los afectados por las irregularidades, que las consienten por temor o que prefieren que en otra ocasión les toque a ellos la lotería.

¿Cuántos años llevamos así? ¿Qué soluciones se han adoptado? ¿Basta con cambiar las normas? Hoy en momentos de crisis, en que los adjudicatarios de contratos ni siquiera cobran, el problema se agudiza. Otro día comentaré algunas de las noticias que la prensa valenciana viene ofreciendo respecto de las soluciones que se plantean en orden a la crisis y también respecto de la contratación pública.