Voy a abordar el tema empezando por algo anecdótico que no sé si se corresponde con una realidad pero que ahora confirmo como existente en la red. En conversación con uno de mis hijos me pregunta si sé que un partido de izquierdas de actualidad pretende hacerse con la Catedral de Jaca, lo que provoca o despierta de inmediato en mí toda una serie de problemas en conexión con el gasto público y la burocracia que tal hecho podría promover y con las cuestiones relativas a lo público y lo privado y su complejidad; pero ante todo, y como consecuencia, me remite a las relativas a la privatización de la gestión administrativa de lo actualmente público y a las de publificar lo actualmente privado. De acuerdo con otro de mis temas, la cuestión también me muestra la conexión con la organización y estructura administrativa pública y aunque de todo ello hay ya referencias en el blog, voy a tratar, a continuación, de enfocar la cuestión de acuerdo con el título otorgado a esta entrada y con el hecho de que todo lo apuntado forma parte del administrar público.
En cualquier actividad particular y doméstica, empresarial, o pública, cuando se asumen o inician nuevas acciones que implican la necesidad de nuevos espacios físicos o un mayor gasto hay que eliminar lo inútil, lo caduco y lo inservible, si provoca gastos permanentes darse de baja en el servicio y eliminarlos para poder iniciar y mantener lo nuevo, o ha de acudir uno al empréstito y al consiguiente endeudamiento, el cual ha de ser asumible y que no conduzca a la ruina y, en su caso, a la desaparición. Esto es así en cualquier actividad o ha de serlo. En la Administración pública, he señalado que son las políticas públicas que se aprueban las que han de contar con los medios y recursos para ser llevadas a cabo, lo que significa contar con la existencia de presupuesto económico o realizar modificaciones en el mismo para compensar los nuevos gastos, eliminando otros, o conseguir mayores ingresos. Una tarea pública esencial, que no sólo es técnica sino que exige de políticos de altura, con gran formación y con la vista puesta en los intereses generales y en los derechos de los ciudadanos, así como de funcionarios preparados. De todo ello ya he hablado no hace mucho aquí.
La anécdota antes comentada o la intención del partido político que mantiene la política pública de publificar la catedral, mantiene, primero un concepto de lo público que se confunde con lo político o con la estructura estatal y administrativa del resto de Administraciones públicas. De otro lado, manifiesta como es lógico en el partido de que se trata y de la izquierda española anclada en la segunda república, su anticlericalismo y, finalmente ignora la legislación relativa al patrimonio histórico, la más reciente de junio pasado; lo que determina que todo sea demagogía o propaganda electoral dirigida a quien ignora la realidad jurídica española y la administrativa pública. Lo publico, hoy y a los efectos del tema de la entrada, hay que considerarlo desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos, y como aquello que les interesa y que les es necesario. Pero ello no significa, por ejemplo, que haya que expropiar los grandes almacenes o las empresas que producen móviles, tabletas y demás productos que nos interesan y que la Administración nos venda esos productos y contrate personal para ello, pues no sería posible confeccionar un presupuesto capaz de asumir todo el gasto que significaría satisfacer los intereses de los ciudadanos. Estos intereses han de ser priorizados al efecto de determinar los que han de ser satisfechos por una organización administrativa pública o financiada por el presupuesto público y los que no es necesario que lo sea.
De ahí, que para no acabar en el totalitarismo, en la burocratización absoluta y en la consiguiente esclavitud y falta de libertad y dominio de políticos de partidos totalitarios y únicos, la sociedad democrática se ha organizado distinguiendo o realizando, en la medida de lo posible, lo racional y lo eficaz, una separación entre lo privado y lo público y que lo público, lo convertido en políticas y fines públicos, en competencias orgánicas y estructura administrativa, sea satisfacer aquellas necesidades ciudadanas y sociales que no pueden ser satisfechas por el sector privado o cuya continuidad ha de estar garantizada, o que necesitan de un complemento en gasto público, llámese subvención o contrato, concierto, etc. Y para decidir una forma de acción o política pública se ha de considerar qué provoca menos gasto público y qué recursos son necesarios y qué derecho sería aplicable, porque ello significa normas y procedimientos y garantías diferentes. Por marcar el estrambote, es de suponer que el publificar la catedral de Jaca no llevaría como consecuencia funcionarizar a los sacerdotes o establecer el derecho a la misa laica, ya que bautizos y otros sacramentos religiosos van siendo "copiados" por la "sociedad laica". Pero no quiero seguir esta vía de ironía pues Dios sabe a que comparaciones o equivalencias laicas podemos llegar.
Verdaderos servicios públicos se mantienen por el sector privado sin que la Administración establezca más que una regulación y una intervención policial en su caso, más la fiscal correspondiente, a la que todos nos sometemos, para contribuir a los gastos públicos de aquellas políticas verdaderamente necesarias. Lo cierto es que esta izquierda o es pura demagogia o es un peligro, administrativo y económico al menos, pero si este peligro existe y es real, la cadena de efectos puede ser terrible, la anécdota, pues, no es para tomarla a broma, aunque yo parezca que lo hago. De otro lado, una iglesia burocratizada tampoco sería una novedad completa. Tampoco lo sería el hecho de que cada vez más ciudadanos dependen de un sueldo público y de que cada día más se sea menos capaz de subsistir con la propia iniciativa, inteligencia y preparación; cosa que hay que atribuir también a unas políticas educativas que no valoran esfuerzo y mérito y que igualan a todos en niveles impropios para hacer que una sociedad y una nación progrese en todos los sentidos. Jauja y la sopa boba parecen el ideal.
Y conste que yo no creo en la privatización o en las formas de gestión de derecho privado como panacea, porque no lo son ni siquiera en el sector privado, donde las empresas quiebran por mala gestión, porque muchas se alimentan de presupuesto público y porque, todo ello forma parte de una actividad, política o desvergüenza (llámenle como quieran) que sólo conduce a la corrupción que estamos viviendo y que cada día nos ensucia y averguenza más. Ni izquierda ni derecha. Honradez y democracia verdadera, alejada de las demagogias baratas y mentiras, y educación objetiva y no politizada.
Para acabar, una reflexión particular, aplicable a muchas de las realidades actuales en la educación: Cada día más pienso que la Historia de las fechas y hechos de la que tanto nos quejábamos en mi juventud, por memorística, era más objetiva que cualquier otro sistema actual manipulado, aunque hechos y fechas también puedan ser falseados.
Mientras esto escribo, por la acera correspondiente a mi casa, un anciano, bien trajeado y apoyado en un carrito, grita repetidamente, dirigiéndose quien sabe a quien, ¡¿qué vale más el pollo o la casa?¡ Después de asomarme a la ventana y verlo, me pregunto si guarda o no relación con lo antedicho.
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