LOS FUNCIONARIOS, SU MOVILIDAD Y EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN

En marzo del año 2009 inicié una serie de tres entradas dedicadas al problema de la movilidad de los funcionarios entre Administraciones públicas; es decir, en realidad en el territorio nacional. La conclusión más importante a la vista de la regulación existente y de la inexistente es que el derecho a la movilidad territorial y voluntaria de los funcionarios públicos no se ha desarrollado como tal derecho. es decir, prácticamente, la situación se corresponde con la de pedir una gracia, de modo similar a como se finalizaban las instancias y peticiones en otros tiempos: Es gracia que espera alcanzar de V.I. o V.E, según los casos y rango de la autoridad correspondiente. 

Esta triste realidad, desde mi punto de vista, convierte el artículo 19  de la Constitución en algo inaplicable o inexistente. pues, en el caso de los funcionarios. Este artículo es del tenor literal siguiente:

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

A los efectos de este post nos interesa el primer punto, el de la movilidad territorial y la fijación de residencia. Pero creo que el artículo hay que vincularlo con el 14 anterior, que declara que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

De estos dos derechos se extrae el núcleo duro del derecho de los funcionarios a la movilidad y es, desde mi punto de vista, el que los funcionarios públicos de las autonomías tienen derecho a moverse entre ellas y poder residir en aquella que deseen y que ese derecho ha de tener cauces para hacerse efectivo y que esta efectividad no puede estar condicionada o limitada por circunstancias o condiciones personales o sociales.

En el momento en que escribí las citadas tres entradas, el Estatuto Básico del Empleado Público regulaba la movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas en su artículo 84 y en su punto 1, que decía que Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos que garantice la eficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante Convenio de Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colaboración. El punto siguiente establece que la citada Conferencia puede aprobar los criterios generales a tener en cuenta para llevar a cabo las homologaciones necesarias para hacer posible la movilidad. Nada cambia en el vigente Texto Refundido del Estatuto, salvo una disposicón transitoria octava referida al artículo 84.3 regulador de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, que lo limita, de modo que no acabo de comprender, a las Administraciones con leyes de desarrollo del EBEP, pues es la siguiente:

Disposición transitoria octava Aplicación del artículo 84.3

De acuerdo con lo previsto en la disposición final cuarta, las previsiones contenidas en el artículo 84.3 en relación con la forma de proceder en los supuestos de cese en puesto de libre designación, resultarán de aplicación en las Administraciones Públicas en las que se hayan aprobado la correspondiente ley de desarrollo.

El artículo 84 resulta, pues, un precepto vago e impreciso en el que todo queda prácticamente a la discrecionalidad y voluntad de los sujetos que dominan cada Administración o se pospone a convenios o acuerdos de la Conferencia Sectorial, la cual, de otro lado, en cuanto a los criterios de la movilidad sólo aprobaría los generales, lo que significa que cada Administración podría fijar otros particulares. Además, el precepto no se establece como el desarrollo del constitucional derecho fijado en el artículo 19 sino como medio de eficacia del servicio a prestar a los ciudadanos y mejor utilización de recursos humanos. Lo que debía vincular la cuestión con el concurso de méritos; sin embargo, los hechos demuestran que cada Administración se escuda, para no convocar concursos de méritos, en el artículo 84 y en los convenios o criterios generales que ha de establecer la Conferencia (que yo sepa nada hay hecho desde 2007, o sea desde hace más de ocho años), y, según convenga, utiliza la libre designación o la comisión de servicios. Esta última figura es la que ninguna garantía reviste para el funcionario, pues no da lugar a una situación administrativa en la Administración en la que se presta el servicio para el momento del cese y, además,  se desfigura la finalidad de la misma

  

Aquí tienen un ejemplo de las cosas que pueden ocurrir y de los intereses burocráticos y, también, del sentido común cuando se conoce, lo que es una Administración pública: Nota apertura puestos AGE a funcionarios otras AAPP. Particularmente creo que todos los problemas son nada si se utiliza el concurso de méritos y si se acaba con la utilización de las relaciones de puestos de trabajo como instrumento limitativo de la movilidad. Pero la situación es la consecuencia de una descentralización en la que el Estado renuncia a dictar verdaderas bases y a controlar su desarrollo y ejecución y a hacer efectivos derechos fundamentales de los españoles, alentando la desigualdad y los nacionalismos separatistas y no equilibrando derechos o coordinándolos de modo que generales y particulares se equilibren o armonicen y  sean constitucionales.

Los funcionarios saben bien de estas situaciones y de la vergüenza real que constituyen. Algo incomprensible y que es un baremo para valorar la situación nacional y de nuestra "política" y de la ignorancia e incumplimiento de la Constitución.