El titular de una noticia en el periódico valenciano de las Provincias del pasado sábado decía " Habrá bolsa de trabajo de la Ribera y se meterán nuestros familiares y amigos" frase atribuida al representante de Sanidad en el hospital de Alzira, conocido como Hospital Universitario de la Ribera, cuya gestión está concedida a una empresa privada. Si se atiende al entrecomillado que contiene ya el texto de la noticia, se refiere a lo dicho de esta manera " Se creará una bolsa de trabajo de la Ribera. Ahí se meterán todos nuestros familiares, amigos, conocidos que estén sin trabajo y deseen trabajar.
Continúa el periódico diciendo lo siguiente: De hecho, en una grabación a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, asegura que dado que "vamos a mantener la cartera de servicios" y el personal que trabaja en el mencionado centro sanitario "tiene unos contratos de mañana, tarde, noche, sábados por la mañana y domingos por la mañana" sus condiciones laborales "se van a ver modificadas".
Tras realizar esta afirmación plantea al auditorio la pregunta "¿esto qué significa?" , interrogante al que responde explicando que "harán falta trabajadores. El Periódico dice que previamente habló de unos 3000. Apunta igualmente al hecho de que serán posibles concursos de traslados para el personal estatutario.
Mi reflexión de hoy trae origen en estas manifestaciones y porque me han llevado a pensar de nuevo en cuestiones ya traídas al blog frecuetemente; así por ejemplo cuando me he referido a la instrumentalización política de la organización o cuando he expuesto las cuestiones relativas a la gestión privada de los hospitales públicos y sus cuestiones positivas y negativas. Puntos que guardan relación con la organización de las Administraciones públicas y con el gasto público. De esto pues me ocupo a continuación.
Todo lo reflejado en el periódico tiene como antecedente la decisión política manifestada de revertir el hospital mencionado a la gestión pública. Me atrevo a decir que esta decisión, como cuando se decidió la externalización de la gestión, no ha estado precedida de los estudios que una nueva política pública necesita, sino a postulados que podemos llamar de ideología, de opinión, de intereses grupales, etc., pero no de un análisis ténico y administrativo de cuál es la organización más adecuada a los intereses públicos y entre éstos cuál es el primordial a considerar. Desde el punto de vista jurídico la concesión de servicios públicos es una figura legal y una posibilidad organizativa que, igualmente, ha de ser objeto de un estudio y de todos los requisitos que veíamos que corresponden cuando se adopta una decisión política y que, además, es de gobierno y afecta a la organización administrativa. Quizá lo primero a considerar es que la organización escogida o pretendida se ajuste a los fines públicos que ha de perseguir y se adecue a ellos; pero un aspecto fundamental es el del coste de servicio, el gasto que implica y los recursos necesarios, por tanto.
Aquí en esto último es donde lo dicho por el representante de Sanidad en el hospital pone de relieve un aspecto preocupante y destapa parte de los intereses que se manifiestan en el seno de la decisión y que pueden ser buenos para determinados grupos, pero no necesariamente para la buena administración o el interés público. Evidencia que va a haber más organización y más gasto y destaca los beneficios para familiares, amigos, conocidos parados y personal estatutario. No nos dice si la estructura de personal o de trabajo del sostenido por la empresa privada, respecto de la cual hay que pensar que la Administración tenga obligaciones legales de mantenimiento, eran inadecuadas y que suponía una mala prestación del servicio médico o sanitario y si conllevaba riesgos para los ciudadanos internados o atendidos en el centro. Tampoco hay referencia a una mala gestión en la administración que precise más personal administrativo. 3000 nuevos empleos parecen muchos si sólo se refieren la organización del hospital.
Lo que se manifiesta una vez más es una mala administración pública y una serie de personajes nefastos para ella, interesados y sectarios y también demagogos. Es de suponer que los intereses de los empleados actuales han de ser considerados conforme a derecho y que todo lo que apuntó el periódico es una vergüenza, sin perjuicio de que sí se crea una bolsa o varias de trabajo, puedan incluirse las personas que sean y que cuenten con la capacidad y mérito correspondiente. Pero es que también este asunto de las bolsas evidencia que se utilizan para colocar a los afectos al "régimen" y que perduran por ello mismo, sin que nadie quiera acabar con ellas y proceder a los procesos legales de selección y oferta de empleo público que corresponda. Puede que incluso se piense en mantener la situación de temporalidad durante mucho tiempo para tratar de conseguir después un proceso de consolidación del empleo temporal en fijo o funcionarial de carrera. Se lleva a una complejidad, que pretende un caos y río revuelto que implique ganancia de pescadores. En este caso como hay ribera, parece lógico el río y los pescadores. Los interesados, pues, deberán proveerse de la caña o instrumento de pesca más adecuado o cobijarse en árbol de buena sombra.
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