POLÍTICA,GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Como siempre mi tendencia a titular de modo muy general el tema o título de cada entrada hace que el contenido de la misma pueda ser vario o dar lugar a más entradas sobre el tema. Pero casi siempre ello obedece a las reflexiones que me suscita la lectura de la prensa o los comentarios y conversaciones con mis conocidos. Hoy son las cartas de los lectores en la prensa lo que me lleva a reflexionar, pues en su mayor parte manifiestan que pese a los cambios habidos en el gobierno municipal o en el autonómico nada parece cambiar y que los problemas antiguos permanecen o que no se aprecia acción alguna o que se realizan cambios simplemente por el cambio. La lectura de estas quejas supone que hay un claro alejamiento entre los intereses de los ciudadanos y la acción política o los intereses de los políticos. Ello me lleva a reflexionar sobre las ideas o conceptos expresados en el título de la entrada.

La política, el gobernar y el administrar son inseparables y ninguna de estas acciones es efectiva o eficaz sin la otra. Pero la Administración es quizá la más esencial al ser la acción por excelencia y la ejecución de lo que se prevé por la política y  de lo que se dispone por el gobierno. Siempre se recurre a  Alejandro de Oliván para destacar la importancia de la Administración pública y así, pues, recojo dos citas de su obra De la Administración Pública con relación a España. Al referirse al Gobierno y la Administración, por ejemplo, nos dice: El Gobierno es el Poder supremo considerado en su impulso y acción para ordenar y proteger la sociedad, y la Administración constituye el servicio general o el agregado de medios y el sistema organizado para transmitir y hacer eficaz el impulso del Gobierno y para regularizar la acción legal de las entidades locales. De modo que administrando se gobierna. Un poco más adelante dice: Desde el pensamiento impulsivo del Gobierno hasta la acción administrativa no media distancia apreciable: el Gobierno y la alta Administración se tocan y se confunden a la vista. Por mi parte destacaría que el pensamiento, la voluntad, la decisión y el mandato residen en el Gobierno y la ejecución y la eficacia en la Administración.

Pero lo dicho entiendo que ha de matizarse. La consecuencia a que parecen conducirnos las ideas anteriores es que la acción política corresponde al Gobierno y que la Administración se remite a ejecutar y no "hace política". Si prescindimos que si no hay gobierno sin administración, también llegaríamos a la conclusión de que no hay política sin administración o, mejor, sin ejecución, ya que lo diseñado o querido no tendría efecto ni realidad. Pero esta visión es la que nos ha ido proporcionando el Derecho Administrativo, de modo que relacionada la política con el derecho y las leyes como expresión de  la voluntad, la Administración aparece alejada de la legislación. Pero el Gobierno, en cambio, es esencial en lo que corresponde al legislar, no sólo por lo que atañe a los anteproyectos y proyectos de ley, sino por lo que hace a las normas reglamentarias o potestad correspondiente que a él compete. Pero la reflexión inmediata es que si el Gobierno se apoya siempre en la gestión de la organización administrativa, ésta ha de ocuparse y gestionar todo o buena parte de lo que al efecto se necesita y así en el nivel orgánico superior la tarea ejecutiva no es meramente administrativa o ejecutiva en sentido estricto, sino que hay que manejar las relaciones que permiten conocer los intereses que se mueven alrededor de una decisión o política que se quiere adoptar, para comunicar o transmitir los datos al nivel gubernativo. Además, en conexión, con el nivel ejecutivo inmediato, el nivel superior administrativo impulsa toda la acción dirigida a evaluar la política o decisión proyectada, siempre con el propósito de que sea eficaz y válida. Y esta acción ya no la destaca el Derecho administrativo, sino la Ciencia de la Administración Pública. Así Administración y Política se muestran igualmente conectadas e inseparables.

Llegados a este punto, mi reflexión se complica, ya que si en tiempo de Oliván se hacía referencia a las entidades locales, y en lo transcrito se evidencia que hay referencia a la regularización de la acción legal de las mismas, vemos que en la acción del Gobierno se considera la del control de legalidad de los actos administrativos de las entidades locales. En cambio, en la actualidad, el sistema es mucho más complejo ya que las administraciones territoriales son más y contamos con las Comunidades Autónomas con competencias legislativas. El control de legalidad de los actos de cualquiera de nuestras Administraciones Públicas ha cambiado, la acción del Gobierno central ha cambiado, no es ya directo, salvo excepciones contempladas en la Constitución, se encomienda a la jurisdicción contencioso-administrativa y los gobiernos sólo pueden impulsar su acción. Diría yo, entonces, que la Política como acción se ha dispersado y el impulso y acción para ordenar y proteger la sociedad se ha complicado al extremo y se ha perdido eficacia ejecutiva para saturar la jurisdiccional; de modo que, sin perjuicio de la calidad de cada gobierno territorial, la protección al ciudadano resulta menor o peor para él, pues, dada la estructura de nuestras Administraciones Públicas, cada Administración es una instancia de recurso y protección inútil, más bien un obstáculo o barrera en la eficacia de los derechos subjetivos y del Derecho en general. El principio de legalidad y su quiebra es el indicio más evidente de que no tenemos un verdadero Estado de Derecho y de que la democracia es un término tan desgastado que admite cualquier versión o comportamiento. 

Aquí sin duda, correspondería hacer referencia a la politización de la Administración pública y a su fundamento en una partitocracia que todo lo devora. Estoy ya un poco cansado de tener que hacer referencia a la libre designación y a la demolición del sistema de mérito y capacidad, pero ante todo ello y lo antedicho cabe preguntarse: ¿tenemos administración pública como acción o sólo como estructura? ¿sirve una Administración así configurada a satisfacer los intereses públicos y como enlace y conexión eficaz entre Política, Derecho y Eficacia de intereses públicos? ¡Cómo es posible que estemos siempre reformando o legislando y no se satisfaga nunca la naturaleza y fin de cada una de las Instituciones básicas del Estado y sus Poderes¡

Es natural que los ciudadanos perciban que es igual Juanito que Pepito y que todo es lo mismo. Nadie aboga por lo más sencillo, mucha memoria histórica para alentar ideologías que nos han llevado a esta situación, pero no para aprender y cambiar; sólo para destruir al contrario y mentir como bellacos. Mucha Gobernanza y poca coordinación. Mucha ideología y el mismo comportamiento en todos. Mucha doctrina y poca acción. Mucho Gobierno y ninguna eficacia. Mucha ley como escaparate y sin sustancia, duplicación unas de otras según territorios y autonomías. Mucho asesor y pocos ejecutivos o directivos públicos profesionales y funcionarios de mérito. Ni los servicios mínimos que se decía ha de prestar un municipio se garantizan hoy, mientras, en cambio, proliferan los empleos en cada Administración. Valencia ha estado más sucia que nunca y se realizan políticas públicas que importan a unos pocos, pero que dan presencia o apariencia, mientras no se ejecuta apenas el presupuesto. Una incapacidad de gestión evidente, pero mucho fuego artificial; quizá por ello las fallas son nuestra fiesta, pero al menos se queman y no permanecen durante años hasta que putrefactas, como algunas políticas, nos ahogaran por asfixia. En resumen, mucha mala política, poco gobierno y ninguna administración pública, un grupo de servidores al poder de turno y nada más. Y me olvido de los aspectos económicos y del gasto público y de su repercusión en nuestros derechos, propiedades y bolsillos.

La próxima entrada me voy a limitar a reproducir parte del Capítulo IV Acción Administrativa de la obra citada de Oliván y para que comparen con nuestra realidad.