LAS DESALINIZADORAS EN VALENCIA

El agua en Valencia constituye un bien esencial y se puede decir que forma parte de su historia y está en sus raíces moras y agrícolas. Desde el punto de vista jurídico también el Tribunal de las Aguas se considera una figura histórica que aglutina las acequias de Valencia y que resuelve conflictos entre regantes. Con este ejemplo lo que quiero resaltar es el valor que el agua tiene para Valencia, tanto desde el punto de vista agrícola como en el general. Son normales los periodos de sequía y la escasez de agua y Valencia siempre agradeció la política hidrológica traducida en la construcción de pantanos y ha reivindicado los transvases de agua desde otras cuencas a la del Júcar, cuando las reservas propias eran insuficientes y, en consecuencia, ha sido partidaria de los planes hidrológicos y, por ello, el Plan Hidrológico del Ebro se consideró esencial para nosotros, pero con la llegada de Zapatero al Gobierno de España y la resistencia de Aragón a su efectividad, el plan se derogó y la derogación se mantuvo por el PP. Como alternativa la ministra socialista Sra. Narbona inició una política de construcción de desalinizadoras por todo el territorio de la Comunidad Valenciana, pese a las críticas vertidas sobre su utilidad y su coste y se covirtió en una de las figuras odiadas por los valencianos. Pues bien ayer la prensa valenciana daba la siguiente noticia:

El Gobierno descarta usar dos desalinizadoras de Zapatero porque nadie quiere su agua. Si leen la noticia verán que se comenta que los regantes castellonenses ya advirtieron de que no hacían falta, ni aún cumpliéndose las previsiones de crecimiento urbanístico y poblacional.

No  voy a entrar en si la solución del agua para Valencia es una u otra, pero los resultados de la política de desalinizadoras no ha sido plenamente positiva y lo que es más, da la impresión de que no concurría en la misma un análisis técnico y administrativo previo, a diferencia de lo que puede pensarse respecto del Plan Hidrológico Nacional. El carácter de las decisiones en las desalinizadoras, quizá, puede considerarse que obedecía a dar una respuesta inmediata a la decisión de la derogación o disminución de los transvases y, visto el resultado, a unas operaciones contractuales y de gasto que podían satisfacer otros intereses, algunos puede que no muy "generales".

A la vista del Plan Hidrológico Nacional, que parece fruto de una actuación previa seria y formalmente adoptada, en la que la Administración utiliza las instituciones y órganismos públicos y configura un sistema participativo, la política que en Valencia llevó la ministra Narbona, parece todo lo contrario y debería, ahora, ser objeto de investigación. No me cabe duda que la política hidrológica tiene problemas e intereses encontrados, pero gobernar supone decidir de modo justo y equitativo y, al respecto y con el agua, los valencianos nos sentimos mal tratados. Siempre se recuerda por aquí la frase atribuida a Felipe IV de que tenía a los valencianos por más muelles cuando se le protestó por el trato discriminatorio frente a catalanes y aragoneses. Los valencianos sentimos que aún se piensa lo mismo y aunque en parte es responsabilidad nuestra, algo de esto hay en el fondo y en la consideración del feliz Levante. Por eso, en mí última entrada relativa a la lengua valenciana insinuaba yo que, a la hora de responder a las conductas separatistas y a los excesos respecto de los castellano parlantes y de los padres y la educación de sus hijos, podíamos ser un buen banco de pruebas para el Gobierno y sus medidas en contra. De momento lo somos para los catalanistas, quizá también por eso de ser más muelles.

En resumen, la garantía de toda política pública, de su racionalidad, adecuación a las circunstancias, economía y eficiencia del gasto público depende de la previa planificación, estudio, análisis y actuación de los funcionarios públicos y la Administración Pública. Esta intervención es la que corresponde, es la que mira a largo plazo, la que pretende dar solución a los problemas, la que provoca simples modificaciones o revisiones y no abandono total de lo decidido; lo contrario es la política a corto plazo, la que satisface intereses individuales o bastardos, la que no dura o ni siquiera llega a nacer, es política de partido y no nacional.