En muchas ocasiones he escrito sobre la relación entre política y administración. En realidad, cuando lo hacía estaba pensando en esta relación en el seno del propio poder ejecutivo, sin embargo la situación actual española y el comportamiento autocrático del gobierno de Sánchez, que no propiamente del PSOE, pienso en la relación entre el gobierno o ejecutivo y el poder legislativo, para mí devirtuado por el partidismo.
Recuerdo el debate de esta relación y la, evolución de la misma en EEUU. Donde inicialmente se discutía la capacidad o poder de normar del ejecutivo para poco a poco crecer este poder. En la primera etapa se consideraba la necesaria separación entre política y administración hasta evolucionar a la consideración de la invitable relación entre ellas.
En esta evolución Gullick, señalando que la època de confusión acaba con el Nuevo Trato, decisión de la Nación de tener un gobierno que viniera a ser como la empresa más importante de de la vida económica de Norteamérica. Y que remata diciendo" El Nuevo Trato, es Política: es normas" Pero también apunta, creo, a una distición entre Política y políticas. Estimo que distinguiendo la Política como propia de los tres poderes y las políticas públicas como una tarea del ejecutivo y su administración que, normalmente se traducen en planes o normas.
Así en España la doctrina distinguió los reglamentos y las propuestas de ley, limitados lo primeros por la reserva de ley, hoy más evidente por la existencia de la Constitución.
Sentado esto, hoy percibo una gran devaluación del legislativo, siempre dependiente de su composición a través de los partidos políticos y, en consecuencia, no separado plenamente del poder público jecutivo y de los innteres de aquéllos, quedando el interés público como una entelequia, asi como la careada participación ciudadana.
En el colmo de esta situación se presenta la decisión, después de convocar elecciones, de enviar unos decretos desestimados por las Cortes, a su Diputación permanente. Para mí fraude de ley evidente. Además teniedo en cuenta que no tenemos verdadera Administración pública y si un aparato al servicio del partido dominante y la más que exagerada utilización del Decreto Ley.
¿ Qué garantía nos queda a los ciudadanos con el Constitucional dominado por el Gobierno y sin presencia de juristas independientes y un sistema general de crear dependencias anuladoras del pensamiento propio y de la personalidad?
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