¿DESLEGITIMACIÓN DE LA LEGALIDAD O CADUCIDAD POLÍTICA?

Estamos ante una situación grave, pero sobre todo desde mi punto de vista muy triste. La crisis económica no es ya la única causa de la situación pese a su importancia y repercusión, muchos factores se han añadido en poco tiempo o han estallado cuando los antisistema y aquellos que quieren sacar fruto de ellos han olido el miedo o la debilidad o han visto la brecha por la que atacar, desde luego, creo yo que de modo desleal los segundos y de forma antidemocrática los primeros y siempre en contra de todos. Ante esta situación la Administración, su reforma técnica y sus problemas quedan en un plano menor. Pero ante todo, hay que preguntarse cómo se ha ido llegando a este punto y lo que puede venir aún. Creo que ha contribuido de modo claro que los gobiernos de España y los políticos de los partidos más importantes, no han hecho nada por atender a lo que los ciudadanos han ido señalando como reformas esenciales; a título de ejemplo, cambiando la ley electoral estableciendo listas abiertas y evitando una partitocracia que se autoalimenta o sobrevive manteniendo aquellas políticas que le favorecen sin poner en evidencia lo hecho con anterioridad y exigir las responsabilidades, que todo el mundo considera esenciales, pues todos los partidos tienen que perder. 

Las entradas dedicadas a la libertad, derecho y autoridad ponen en evidencia puntos que contribuyen claramente a la situación y ya en ellas conectaba la cuestión con la legitimidad del derecho y ahora hay que extender la posible deslegitimación a todo el ámbito político, sin perjuicio, como siempre que se diga que no todos los políticos son corruptos y que los hay honrados y trabajadores, porque resulta que no han podido influir o no han influido en que los cambios necesarios se produzcan por los procedimientos legales establecidos (pues actúan como meros burócratas empleados del partido), sin dejar que se tome la calle precisamente por aquellos que el sistema no legitima, por muchas que sean las razones existentes para sus reclamaciones y manifestaciones, que en  ningún caso autorizan la violencia. Además, por si faltaba poco, los nacionalismos saltan a la palestra a golpear o sacar tajada y contribuir al despropósito general y nos remontan a tiempos pasados que nos llevaron a la dictadura de Franco y que con el regreso a tiempos pasados le legitiman también de hecho, al darle la razón en los males que declaraba eran los de España. 

La Constitución se ha ido sorteando, pues apoyadas muchas decisiones en el Tribunal constitucional, indudablemente politizado, se evita que formalmente se pueda alegar la real inconstitucionalidad de las decisiones y normas que muchos consideran. Se ha sorteado, también, en cuanto ante situaciones que ahora los reclaman, se han eludido los procedimientos que podían evitarlas y que hacía fuerte a la Constitución y a la legalidad. Renuncia que supone precisamente que los gobiernos que la realizan o los políticos que la proponen, repito, ante hechos que reclaman dichos procedimientos, estén haciéndonos entender que esos mecanismos o garantías del sistema no son legítimas en la realidad y que lo que todos los españoles apoyamos en referendum era una fase que hoy, sin seguir los citados procedimientos, pueden modificarse o desconsiderarse a conveniencia y de forma pactada en las covachuelas del poder y se han regalado competencias del Estado irrenunciables, rompiendo la unidad de políticas esenciales y la formación libre de los ciudadanos. 

En un momento determinado en defensa de la legalidad y en un comentario recuerdo haber dicho que la moral afectaba al ámbito individual y el derecho al social o colectivo. Pero como siempre y ante todo en las entradas de un blog, si no se contempla en su totalidad, la referencia es incompleta y por ello resulta inexacta. Es indudable que podemos hacer referencia a una moral que afecta al derecho o que se relaciona con él y le otorga sentido y legitimidad y, en este sentido, sería posible hacer referencia a una moral social que se manifiesta, básicamente, en el comportamiento de los gobernantes y políticos y de los grupos sociales o de las personas que sirven en las instituciones. La suma de inmoralidades individuales, no contestadas no repudiadas y no sancionadas se convierten en inmoralidad general y social. Ya no es un problema de conciencia lo es de ilegalidad y si no se reprime se deslegitima la ley y se legitima cualquier conducta antidemocrática. No es un problema de conformación del derecho o de participación ciudadana o de procedimientos, lo es de conducta, es una responsabilidad política clara que, al no exigirse, hace caduco el sistema político actual y exige de un comportamiento moral en el que todos abandonen su egoísmo y devuelvan a los ciudadanos las garantías democráticas que están en nuestra Constitución, y abandonen, también, la patrimonialización de todo poder y el abuso del mismo y realicen las reformas que exige la razón, tanto sea la formal materializada en derecho, como la  procedimental práctico-racional o secular, como la de un derecho natural apoyado en principios metafísicos.