lunes, 2 de noviembre de 2009

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LAS ENTIDADES FINANCIERAS

El PP ha puesto en Madrid de actualidad el tema de las cajas de ahorro y la intervención política en ellas, lo que pone sobre el tapete muchas cuestiones que afectan a las relaciones, en general, entre las entidades financieras y la Administración pública y en especial con las citadas cajas, ya que en ellas las Administraciones, o más bien los políticos, están presentes en sus órganos superiores y, por ello, aun cuando sean entidades privadas, forman parte del entramado político.

Realmente para abordar la cuestión de estas relaciones podía haber comenzado preguntando: ¿Cuanta deuda o créditos contra las Administraciones públicas está en poder de las entidades bancarias? ¿Cuanta en el de las cajas de ahorro? La respuesta estoy seguro que nos ofrecería un panorama que aclararía en mucho el comportamiento  político actual con la banca y el interés especial de los políticos en dominar las cajas de ahorro.

El ejemplo de los denominados contratos de confirming nos puede servir para apreciar adecuadamente la cuestión. este tipo de convenios ha surgido fundándose en la falta de liquidez de las Administraciones públicas y consecuente impago o retraso en el pago a sus proveedores y contratistas. Las Administraciones ofrecen al contratista un convenio según el cual elige una entidad finaciera, entre unas determinadas que previamente han convenido de modo general con ellas, al efecto de que la entidad elegida le gestione el pago de los créditos que tiene frente a la Administración. Ésta procede a emitir a la entidad financiera unas órdenes de pago aplazadas (normalmente hasta 120 días) y ésta paga al contratista, mediante el oportuno descuento. El contratista gana menos, pero cobra y se compromete a no realizar ninguna cesión de sus créditos en favor de ningún otro.

En resumen, el acreedor de la Administración pasa a ser la entidad bancaria que se beneficia del descuento del credito  y el contratista, como he dicho, se asegura el cobro, al menos con mayor prontitud que si no suscribe el convenio. Un pequeño chantaje, pero la situación no está para ponerse farruco y acogerse al Derecho administrativo y a recursos o pleitos.

¿Quiénes ganan? ¿Qué pasa si además los políticos o las Administraciones dominan la entidad correspondiente?

Dejo la respuesta a cada lector, pero para mayor dinamismo del blog añado una encuesta en la columna lateral, proponiendo algunas respuestas concretas. Pueden elegir la que más les acomode.

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