Esta noticia sobre la eliminación de un autobús que conectaba las cercanas pedanías de Sueca con la ciudad de Valencia provocó mi reflexión acerca de la actuación empresarial de las Administraciones públicas, ya que una panacea siempre citada como modelo de eficacia es que aquéllas deben actuar como una empresa. De ello he escrito lo suficiente y en múltiples ocasiones y quienes me siguen ya saben que no pienso, ni mucho menos, que la Administración pública sea una empresa, sin perjuicio de que determinadas actuaciones se hayan de realizar en el mercado, campo propio de la empresa. La cuestión tiene relación con muchos conceptos sociales, políticos y administrativos.
Creo, por lo que aprendí, que la raíz está en la acomodación de un sistema de régimen de derecho administrativo a la idea liberal de la iniciativa privada y empresarial. Es decir, a una armonización de un sistema de publificación de actividades económicas con dicha iniciativa privada y por afectar a sectores económicos o con posibles beneficios o, también, a servicios sociales antes desarrollados por iniciativas privadas, principalmente por la Iglesia, de carácter social y asistencial. En consecuencia, la cuestión afecta al concepto de servicio público, al de la concesión como contrato y también a una idea del socialismo y tendencia a considerar, cada día más, a determinadas actuaciones, que el mercado no nos proporciona, como sociales. Si bien, también podemos considerar que el mercado deje de prestarlas no sólo porque no sean rentables, sino por no poder competir con una administración pública en el campo o actividad correspondiente. Y, por ello, hay que estimar que se afecta al gasto público, al presupuesto de las Administraciones públicas y a la carga fiscal. Y a la creación de ese campo que se sujeta a un sistema de contratación pública que no sólo es que mantenga la actividad privada en el sector, sino que lo es de corrupción y de creación de falsas empresas destinadas a nutrir de fondos y a la financiación de partidos políticos y subvenciones encubiertas a partidarios y amigos.
Pero, cuando nos referimos al simple actuar administrativo de carácter burocrático y jurídico o de organización, la cuestión se reduce a ser eficaz. La eficacia, no la eficiencia o beneficio, es pues la panacea en este sector y paradójicamente, si antes se configuraba con la socialización del servicio, en estos casos, al contrario, se externaliza la actuación, se ofrecen contratos de servicio y otras figuras, dejando en mal lugar al funcionario u obligándole a hacer cursos, también externalizados o contratados con supuestos especialistas en management para aprender técnicas que pueden ser racionales o aplicables a la gestión y organización pública, pero que en bastantes ocasiones no se van a aplicar nunca. Se enriquece, en cierto modo, el saber del funcionario, pero no se produce un beneficio cierto en la gestión propiamente dicha o sólo en determinados sectores. De otro lado, de nuevo, se crea un espacio para el clientelismo y la corrupción.
También de la distinta eficacia de lo público y de lo privado he escrito bastante. En el caso de los servicios públicos, en principio y teoría, el beneficio no va a existir y el fin, por tanto, no puede ser el del empresario, en su idea y concepto originario y no espúreo, como lo es cuando se refiere a la empresa pública. Así pues. la eficacia, en lo público, ha de referirse al cumplimiento del fin concreto perseguido. Y la eficiencia, al menor gasto posible y no al beneficio.
En el caso de la supresión de servicios de la Empresa de Transporte Municipal de Valencia (EMTV) ni se actúa como empresa, pues no presta el servicio adecuado, lo hace sin eficacia y tampoco lo hace como Administración pública y, en estos días, los políticos municipales deberían pensar que una parte de ciudadanos valencianos, no van a poder acudir a la cabalgata de las reinas magas, homenaje a la cabalgata republicana y estalinista de cuando, una vez, fuimos capital de una república feneciente.
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