LA MOVILIDAD FUNCIONARIAL I

En las entradas o comentarios que he dedicado a la carrera administrativa he apuntado la cuestión o el problema de la movilidad de los funcionarios. Por lo que afecta al Estatuto Básico del Empleado Público, la movilidad se regula en el Capítulo III del Título V, es decir, en lo que llama ordenación de la actividad profesional, pero que va más allá, en cuanto realmente es el que afecta a la estructura de la función pública de cada Administración pública. Además se regula de modo unido a la provisión de puestos de trabajo.

El Estatuto Básico del Empleado Público nos ofrece un concepto, pues, ligado a la provisión de puestos de trabajo e introduce diferentes casos de movilidad: La que se realiza por concurso; la que se da a través de la libre designación; la movilidad voluntaria a sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades de efectivos; los traslados por necesidades de servicio o funcionales, a unidades distintos a los del destino del funcionario; la provisión provisional; la movilidad por razón de violencia de género; la provisión de puestos y movilidad del personal laboral y la movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.

La cuestión es que el sistema de carrera profesional, tanto vertical como horizontal, que el Estatuto establece también puede encuadrarse dentro de la idea o del concepto de la movilidad funcionarial y de hecho la norma establece la conexión de la carrera horizontal y de la evaluación del desempeño con la provisión de puestos de trabajo. Desde mi punto de vista la idea de la movilidad funcionarial con carácter específico nace en el momento de la creación y puesta en marcha efectiva de las Comunidades Autónomas y con el objeto de facilitar el paso de los funcionarios de unas Administraciones a otras, en especial para facilitar las transferencias de personal del Estado. Pero, desde mi punto de vista, el precepto clave al efecto era el artículo 15.2 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que decía: Los puestos de trabajo serán de adscripción indistinta para todos los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. Únicamente podrán adscribirse con carácter exclusivo puestos de trabajo a funcionarios de un determinado Cuerpo o Escala cuando tal adscripción se derive necesariamente de la naturaleza y de la función a desempeñar en ellos y en tal sentido lo determine el Gobierno a propuesta del Ministro de la Presidencia. Paradójicamente el precepto y todo el artículo 15 no era considerado como básico por el artículo 1.3, por lo que queda como precepto para la Administración del Estado y sólo aplicable con carácter voluntario por el resto de las Administraciones públicas que en realidad, a través de un complejo periplo administrativo, judicial e incluso constitucional, dejan al arbitrio de las relaciones de puestos de trabajo la determinación de la movilidad entre Administraciones públicas. Sobre todo porque el artículo 17, éste sí básico, dedicado a regular la movilidad de funcionarios de las distintas Administraciones públicas, establecía que: Con el fin de lograr la mejor utilización de los recursos humanos, los puestos de trabajo de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas podrán ser cubiertos por funcionarios que pertenezcan a cualquiera de estas Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que establezcan las relaciones de puestos de trabajo. Por lo que afecta a los funcionarios de Administración local, en principio no se preveía su movilidad hacia la Administración del Estado, pero por Ley 55/1999 se les permite no sólo la movilidad a otras corporaciones locales y a las Comunidades Autónomas, sino también a la Administración del Estado en puestos relacionados con las funciones que les competen en materia de Entidades locales.

Resumiendo, un derecho, para mi fundamental, a la movilidad territorial de los funcionarios públicos, que realmente declaraba el artículo 17 de la Ley, condicionado sólo a que se cumplieran los requisitos que para cada puesto establecieran las relaciones de puestos de trabajo, quedó restringido, al depender en realidad de que el derecho lo establecieran dichas relaciones.

De otro lado, para acabar por hoy y dejar más cuestiones a comentar otro día, el sistema implicaba que los funcionarios de una Administración pública que se trasladaban a otra no ingresaban en su Administración pública, simplemente accedían a un puesto de trabajo. Es decir, no se ingresaba en el cuerpo de funcionarios al que, en su caso, estuviere adscrito el puesto. Los cuerpos de funcionarios, en especial como es lógico los estatales de “rancio abolengo” se garantizan contra la contaminación y pérdida de prestigio, pero las Comunidades Autónomas tienen un amplio campo para reclutar y un margen amplio de discrecionalidad para utilizar el concurso o la libre designación. Sin embargo, la Ley 10/1985 de la Función Pública Valenciana, obligada a referirse al acceso a la misma y no al “ingreso” en ella, estableció que el concurso de méritos podría constituir una forma de incorporación del personal de otras Administraciones públicas. Precepto que pretendía que por el sistema de libre designación no se produjera la incorporación a la función pública propia, de modo que simples decisiones políticas no determinaran finalmente la composición, número y calidad de los funcionarios públicos valencianos.

Bien, de las cuestiones que tenía en la cabeza tratar respecto de la movilidad, me he ido a centrar en la movilidad territorial, quizá porque considere que es un tema central ante la descentralización y autonomía española y el Estatuto Básico del Empleado Público, cuya repercusión en la cuestión será lo siguiente a abordar.