DONDE MANDA PATRÓN

Parecía que la crisis que estamos viviendo estaba motivada en la avaricia y la especulación de los mercados financieros, así como por el ansia de muchos en alicatar sin freno nuestro paisaje. A estas causas hay que añadir el característico espíritu festivo y poco previsor español en todo lo que se refiere al trabajo y la economía. Sin embargo, recientemente se han empezado a escuchar voces que amplían el origen de la crisis a los aspectos institucionales. Así, la esclerotización de nuestros partidos, un sistema político opaco y escasamente orientado a rendir cuentas, una cultura política poco encaminada al esfuerzo colectivo y bastante permisiva con la corrupción, una sociedad civil débil y mediatizada por la política, el fracaso de nuestro sistema educativo, la dificultad de lograr la unidad de acción en un Estado no bien articulado, un mercado laboral rígido y mal representado y una Administración burocrática e ineficiente son las causas, entre otras, que agravarían la situación actual.

En los tiempos que corren, tan propicios para sintetizar lo que sucede en no más de unas decenas de caracteres, la complejidad de la crisis se ha ido resumiendo a través de los filtros políticos, financieros y mediáticos hasta concretarse en que el Estado y la Administración pública son grandes responsables de la situación actual, bien porque han intervenido en los mercados en exceso, bien porque no han intensificado los controles sobre ellos. El caso es que en los paquetes de medidas para salir de la crisis que se discuten en las mesas de negociación, en las redacciones o en las barras de los bares hay una apuesta fija por actuar sobre la Administración, por aportar crédito público al mercado y poco más.

Cuando parece necesario, se inyectan enormes cantidades de dinero en el sector público con el fin de dinamizar la demanda, a la vez que se anuncian urgentes recortes presupuestarios, salariales y de plantillas en la Administración pública. De paso, se señala al Estado de las Autonomías como fuente del despilfarro, y a los funcionarios públicos, si no como causantes del actual destrozo, sí como su necesaria solución. Nada hay en el debate actual sobre medidas que fortalezcan nuestro débil sistema político.

En las últimas semanas hemos podido leer o escuchar cómo se propone la reducción “a la griega” de las retribuciones y de las plantillas de los empleados públicos o cómo se achacan los frecuentes casos de corrupción a la naturaleza de la Administración pública. Pareciera que lo que se busca con ello es el paulatino olvido de que la crisis esencialmente se origina en los mercados financieros por la codicia y el engaño de sus responsables y que la Administración pública está dirigida por políticos y no por funcionarios.

Es evidente la necesidad de optimizar los recursos públicos porque la Administración se debe a los ciudadanos y que debe explicarse, por ejemplo, el acceso con carácter permanente a las Administraciones públicas españolas entre 2000 y 2008 de más de medio millón de empleados públicos. Este hecho puede mostrar el desconocimiento en la opinión pública de lo que sucede puertas adentro de nuestras instituciones públicas. También evidencia que los anuncios de congelación salarial o de supresión de altos cargos son mero marketing político. Como muestra, basta señalar que entre 1995 y 2000, en plena etapa de restricción de la oferta de empleo público, la plantilla pública creció en casi trescientos mil empleados.

En las declaraciones y en las medidas que efectivamente se llevan a cabo aparece una Administración corresponsable de la situación actual. Sin negar la parte que le toca en esa responsabilidad, queda en el aire un cierto cuestionamiento de lo público, de la misión de la Administración. Ésta no es otra que lograr la integración social, tan resquebrajada hoy, y garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Es precisamente en situaciones como la presente donde el valor de lo público debe realzarse. Cabe preguntarse hacia dónde miran los ciudadanos que el mercado ha expulsado y aquellos que irremediablemente quedarán apartados de él incluso cuando empiece a crearse empleo. Atacar irreflexivamente a la Administración pública es debilitar los valores y principios públicos de cohesión, solidaridad, responsabilidad, transparencia, equidad social, igualdad, interés público, participación, eficacia o seguridad, que son irrenunciables en la sociedad actual y son los fundamentos de una democracia fuerte.

Nos hemos preguntado mucho últimamente qué hacían nuestros dirigentes durante la etapa de fuerte expansión económica que no preparaban el futuro. Exactamente la misma pregunta hay que hacerse respecto de la Administración pública. Si se revisan los resultados de los numerosos planes de calidad o modernización administrativa aprobados en los últimos años veremos que, en general, se han limitado a la incorporación masiva de las TIC en las Administraciones públicas y a la mejora de los servicios de atención ciudadana, dejando los procedimientos prácticamente intactos e incrementando las estructuras y las plantillas de una manera desordenada. Todo ello ha sucedido mientras se ha reforzado significativamente la politización de la Administración pública.

En la Administración pública, a diferencia de la Fórmula 1, cuando las cosas no funcionan, el piloto no puede cambiar de equipo. Es indudable que los mecánicos, los ingenieros y los neumáticos son decisivos en el triunfo de los pilotos, pero los que se suben al podio son sólo ellos.

Publicado en El Imparcial