RESTRICCIÓN DEL GASTO PÚBLICO, ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICA.

Ya tenemos acordadas las primeras medidas encaminadas a restringir el gasto público y, como de costumbre, se acude a lo más cómodo, funcionarios y jubilados son los primeros paganos. Como pensionista me veo directamente afectado y como exfuncionario, pienso que he tenido congelación de sueldos pero no bajadas en mis retribuciones. En general no me parece justo, sobre todo, tal como se viene diciendo en el blog, porque las medidas que afectan a la Administración pública, han se ser tomadas sobre la base de estudios serios y racionales, no obra de la improvisación, ni fruto de una presión ya insoportable por ir por detrás de los acontecimientos, o sea, sin previsión alguna sobre los problemas y sus soluciones. Me gustaría tener en mi poder todo el texto de la exposición de motivos de la Ley de restricciones de los gastos del Estado, de 1935, de Chapaprieta de la que ya he hecho referencia en ocasiones anteriores y también para ocuparnos de las restricciones al gasto público.

Hemos hecho referencia al poder político como ocupante de los espacios de la Administración pública e, incluso, se ha llegado a opinar que ésta, tal como la concibo, no existe en la actualidad. Se ha abusado de la idea de la modernidad y de la nueva gestión pública, pensando que la Administración debe de funcionar como una empresa y he mantenido reiteradamente que la Administración pública no puede funcionar como una empresa privada, aún entendiendo que ello sea posible en el espacio de los servicios públicos y de las prestaciones, pero teniendo en cuenta que la utilización de la organización privada se realiza por políticos, en un margen total y absoluto de discrecionalidad y, en buena parte de las ocasiones, para fines que nada tienen que ver con los verdaderamente públicos, sin que nadie exija responsabilidad alguna, con plena impunidad. Los principios jurídicos administrativos de la organización pública son meramente formales y la discrecionalidad política amparada en lo moderno y otras ideas en boga, mera palabrería destinada a motivar normas y organizaciones carentes de racionalidad, cobertura de desviaciones de poder y de corrupción y para eludir las reglas de la buena Administración contenidas en el Derecho administrativo, para fundarla en el modelo empresarial. Fundaciones creadas para financiar operaciones impensables en dicho derecho o para justificar gastos y subvenciones improcedentes y modelos claros de corrupción y financiación de los partidos políticos.

Y, así, se ha crecido desorbitadamente y el empleo público también, no hay sólo funcionarios, la pléyade del personal existente es de lo más vario, también eludiendo las normas destinadas a evitar el crecimiento de la función pública. Por lo tanto, acudir a reducir la retribución de funcionarios o congelar a los pensionistas es más sencillo que eliminar organizaciones, privatizar otras, hacer que el ciudadano pague servicios que hasta ahora no pagaba, dejar de subvencionar a sindicatos y otras organizaciones al servicio del poder de turno o que son el propio poder establecido basado en un modelo partitocrático.

En mi vida profesional siempre he visto negativamente, pese a ser una formula racional de funcionamiento y de responsabilidad, el crecimiento desorbitado de organizaciones con autonomía o de derecho privado, cuando no había una razón clara ni motivada para hacerlo y en su día me pareció asombroso que llegásemos a aprobar una Ley de Subvenciones, reflejo de la importancia de las mismas y del papel que estaban jugando en la actividad política, bueno, mal llamada política. Si todo lo que en época de vacas gordas de modo arbitrario y con fines espurios se ha creado tiene que desaparecer, una buena parte de los cargos políticos y de los empleados se irían al paro y sus cifras actuales serían superadas con creces. Pero en estos momentos ¿hay presupuesto público que pueda resistir? ¿hay deuda pública que no nos cueste mucho más? Y ¿quién paga todo esto al final?

Años y años de alegrías sin cuento han desembocado en esto, por unos y por otros, pero sólo faltaba que nos viniera un iluminado salvador de no sé quienes, a proponernos volver a los tiempos de la segunda República, por razones ideológicas, sin Chapapietra que salve el presupuesto. Nos hemos equivocado y una buena parte de los que han venido sacando tajada de todo esto han jaleado el sistema, basándose en su modernidad. No se salva nadie. Gastar más de lo que se tiene o lo que se puede pagar es nefasto en todos los campos, pero hacerlo bien requiere de buenos administradores y buenas cabezas pensantes o dirigentes preparados y no amigos, compañeros de partido, pelotas, ignorantes disfrazados de técnicos o tecnócratas que repiten como loros lo que leen en los papeles con único fin de vender una cabra y obtener un buen puesto, de libre designación claro, y mantener para el futuro un buen currículo que les permita seguir vendiendo la citada cabra un poco más gordita. ¿Se comprende por qué las medidas tomadas son las que son?