Cinco años después de mi anterior artículo Gobiernos democráticos y autoridad, en 9 diciembre de 1998 y, como siempre, en el Diario de Las Provincias, publicaba un artículo, muy relacionado con aquél, último transcrito en la sección de Mi hemeroteca, y del siguiente contenido:
Leo las respuestas del concejal de Actividades Calificadas a las preguntas de LAS PROVINCIAS, ante el no cierre de un almacén de contenedores en Nazaret y debido al terrible acontecimiento acaecido en dicho barrio, y reitera, en justificación de la actuación municicipal, una posición que ya en un artículo, publicado en 7 de septiembre de 1993, titulado Gobiernos democráticos y autoridad" fue objeto de mi crítica y que hoy podría reproducirse íntegramente, pues, por desgracia, sigue siendo de total actualidad y, en cierto modo, premonitorio. El concejal vigente, si se me permite la expresión, nos dice lo mismo que su predecesor y, quizá, que el que a su vez le precedió. Pero leer que ante la negativa a cerrar una actividad ilegal y carente de licencia "el asunto pasó a los tribunales" o, ante la nueva pregunta del periodista de por qué no se manda a la policía local a efectuar el cierre: "Pues porque entonces recurren en vía penal y nos presentan una querella por abuso de poder. Necesitamos el respaldo de los jueces", remueve las bases y cimientos de mi formación en Administración pública tras 34 años de profesión y de mi formación jurídica y especialización en el derecho administrativo y su enseñanza durante 19 cursos. No sólo supone la negación del Estado de derecho tal como hoy se configura, sino la negación del poder ejecutivo como tal y pone de manifiesto que para dicho viaje no nos hace falta administración pública ni políticos para dirigirla; ni que nuestros antepasados, para garantizar la eficacia de una parte del derecho otorgaran poder a una organización que conocemos como la Administración pública y la separaran de los tribunales, eludiendo su lentitud innata y procurando que ellos resolvieran sólo los conflictos concretos que se presentaran, pero que ningún debate previo sobre la legalidad de un acto administrativo impidiera o suspendiera su eficacia. Que los vecinos del Barrio de San José ante la ineficacia municipal en el cumplimiento y ejecución de sus actos administrativos le hayamos repetidamente dicho que la Administración pública es un poder, que sus actos son inmediatamente ejecutivos incluso con utilización de la fuerza compulsiva y coacción del Estado, no ha servido de nada. Tampoco parece afectarle que un magistrado y un fiscal, en las jornadas organizadas por la Federación de Asociaciones de Vecinos, hayan criticado con crudeza y valentía, no habitual para desgracia de los ciudadanos, que la actuación del Ayuntamiento en la concesión de las licencias es muy deficiente.
Pero es que además el Ayuntamiento es, o debe ser, un equipo con dirección, y no un reino de taifas para cada concejal, y también asistido por unos profesionales que somo funcionarios es imposible que ignoren las bases del procedimiento administrativo que suponen la inmediata ejecución de los actos administrativos o la ejecución forzosa cuando a ello se ofrece una resistencia por los particulares. No se puede mantener ni profesional ni jurídicamente, con carácter general, que se necesita el respaldo de los tribunales de justicia, que bastantes problemas tienen ellos, incluidos los de su organización. El verdadero respaldo de los tribunales es poner de manifiesto las actuaciones contrarias a derecho de la Administración Pública o confirmar su legalidad, no otorgar salvoconductos o asumir responsabilidades ajenas. Administración como ésta no la he vivido nunca, lo importante es la apariencia, trasladar el muerto a otro, decidir lo menos posibles porque así no te equivocas, contentar a todos o creerse que ello es posible, poner en todos los puestos a "personas de confianza". La realidad, lo que importa, es lo que dice la prensa y no el actuar administrativo de cada día.
No niego la importancia de las grandes obras y de una ciudad moderna, pero todo ello de nada sirve si los servicios y las actuaciones básicas, que hasta en el liberalismo más acérrimo se consideran propias del poder público ejecutivo y que suponen el orden público más elemental, se dejan de la mano. Una Policía Local incapaz de cerrar un establecimiento cuando el particular se niega a hacerlo no es una fuerza pública, es un mero notificador de resoluciones administrativas, pero acompañado de porra y pistola. No saben cuánto siento decir todo esto, lo siento en mis carnes y en las bases que conformaron mi vocación por la Administración pública y el servicio público, pero aún con todo ello prefiero pensar que la situación es fruto de la incapacidad y no de que ambas actividades sean instrumento de intereses bastardos. Y no sigan atribuyendo las críticas a intereses políticos contrarios, a mí personalmente tanto me dan unos como otros, me importan los hechos: Los valencianos no nos merecemos esto.
Doce años después, mucho de esto puede suscribirse todavía y, es más, cabe esperar que la nueva ordenación de las licencias , conforme a las directivas europeas, coloquen al simple ciudadano en situaciones de mayor indefensión. De otro lado los ataques, apropiados o inapropiados o politizados y oportunistas, del gobierno estatal a determinadas actuaciones municipales como la del Cabañal o la de los cierres de chiringuitos han puesto de manifiesto un claro maridaje entre los intereses municipales y los de los "hosteleros", hasta el punto que leí que la concejalía de turno les ofrecía la asistencia jurídica y defensa de los servicios jurídicos del municipio. Sin perjuicio de que no considero adecuada, por muchas razones la actuación estatal en estos casos, sí ha permitido que seamos más conscientes de que los intereses del sector económico hostelero priman sobre los de los ciudadanos de a pié, a los que se nos deja indefensos y se nos remite a los tribunales.
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