LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL DERECHO

El enunciado que preside esta reflexión puede comprender muchos aspectos y no elimino la posibilidad de utilizarlo en más de una ocasión. Pero el objeto de la actual no es tanto poner en evidencia que la mayoría de las políticas públicas se formalizan como una norma jurídica u obedecen a cumplimientos y ejecuciones del derecho y de las leyes, como manifestar que el estudio de las políticas públicas se ha conformado, básicamente desde el punto de vista de las disciplinas de la ciencia política y que ello ha implicado o implica que las bases y las repercusiones jurídicas no se manifiesten.
Las políticas públicas constituye, podíamos decir, un ámbito de modernidad utilizado por todo diletante de la Política y de la Administración, cuando no un factor de la llamada “colaboración” del sector privado o de los departamentos universitarios con la Administración pública (en realidad con sus gobiernos) y una fuente de ingresos, por tanto para aquéllos (sector y departamentos). Pero lo que resulta importante, desde ese signo de modernidad es que la cuestión “vende” o “viste” mucho, lo que no quiere decir que no sea de tener en cuenta y necesaria, sino que las políticas públicas pueden acabar siendo en si mismas una política de imagen y de apariencia y un eludir los difíciles problemas que la administración pública plantea diariamente.
Desde mi punto de vista la política pública más importante es la de la eficacia del Derecho promulgado, en cuanto éste tiene que ser el reflejo de las políticas públicas formalizadas y aprobadas por los sistemas democráticos y de participación exigidos en un Estado de Derecho, decidiendo al mismo tiempo el campo reservado a la acción del reglamento o de la simple acción administrativa. Por ello, cuando la política pública se convierte en un instrumento de conformar todo interés afectado por una determinada materia, pensando en el voto del sector o sectores afectados, acaba desligándose del Derecho y contradiciéndolo de un modo u otro y deja de ser tal política pública para ser otra cosa que no me atrevo calificar y se refugia en el tiempo político y en la lentitud de la Justicia, de tal modo que el que venga detrás apechugará con el muerto correspondiente.
En la medida que escribo surge como efecto paradigmático la sentencia sobre el teatro romano de Sagunto, fruto de una política pública que contraviniendo la legislación correspondiente se mostraba como signo de cultura, modernidad y practicidad. Lo normal, tendría que haber sido no actuar o realizar una política contraria a Derecho, sino, en su caso y si era posible y adecuado, realizar la política de cambiar el Derecho correspondiente.